La democracia en tiempos de coronavirus
En 2018, dos politólogos y profesores de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt publicaban ‘How Democracies Died’ (¿Cómo mueren las democracias?), un libro que se convirtió en un ‘bestseller’ donde los autores señalaban cómo, desde finales de la Guerra Fría, las democracias no han colapsado tanto como consecuencia de golpes de Estado, como el de Chile y Augusto Pinochet, y sí más por culpa de sus líderes electos, véase el caso de Viktor Orbán y su promulgada ‘democracia iliberal’ en Hungría o Recep Tayyip Erdogan en Turquía. “El retroceso democrático hoy comienza en las urnas y el camino electoral al colapso es peligrosamente engañoso”, señalan en una de sus páginas Levitsky y Ziblatt.
El libro fue muy aclamado y hacía una radiografía a la situación global del momento. La mayor amenaza para nuestras democracias liberales eran los líderes tiranos electos, venían a decir. Ahora, cuando el mayor peligro para la humanidad que han conocido las últimas décadas, la pandemia de la COVID-19, amenaza con debilitar aún más las democracias, cabe preguntarse si será esta la chispa necesaria que encienda la mecha para llegar, como escribió en 1991 Francis Fukuyama, al “fin de la historia” del mundo tal y como lo conocemos.
Parece inevitable la comparación entre la capacidad de respuesta ante el virus de las democracias liberales, como los países europeos, y la que han demostrado autocracias políticas como China. El gigante asiático parece tener controlada la epidemia. Los ciudadanos de cientos de ciudades han tenido que instalar en sus teléfonos una aplicación que comparte su ubicación con la policía. En China, un país autoritario, la privación de derechos está a la orden del día.
Tanto Pekín como Singapur, un régimen iliberal, reaccionaron bien a la COVID-19; uno, porque ya habían pasado hace unos años otro virus similar, como el SARS, y sabían cómo reaccionar y los protocolos que seguir; y dos, porque es mucho más sencillo para las autoridades imponer obligaciones y restricciones que priven de las libertades fundamentales a los ciudadanos, ya que los castigos de no cumplir con estas restricciones son mucho más severos. Pero la otra cara de estas autocracias la estamos sufriendo ahora de manera global.
El hecho de que China negara la evidencia de que la COVID-19 se estaba extendiendo con una rapidez nunca vista y silenciara a todos aquellos, médicos, enfermos y periodistas, que avisaban de un nuevo virus, hizo que el coronavirus se extendiera por todo el mundo. Reporteros Sin Fronteras denunció hace unas semanas que los medios chinos podrían haber informado mucho antes de la gravedad “sin el control y la censura impuestos por las autoridades chinas”. Por tanto, aunque muchos hayan sido los elogios a cómo China llevó a cabo la contención del virus, muchas más son las incógnitas sobre cómo lo hizo.
Según Freedom House, desde 2006, casi el doble de los países ha visto menoscabadas sus democracias de las que se han visto mejoradas. Y la pandemia de la COVID-19 parece ser el argumento perfecto para algunos líderes autoritarios, que, aprovechando esta situación de ‘shock’, como lo describiría la periodista Naomi Klein, han alargado sus tentáculos de poder.
Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, tomando como ejemplo las medidas que se estaban imponiendo en Europa, aprobó una ley que permite mantener el Estado de alarma de manera indefinida, lo que le permite gobernar por decreto, cancelar elecciones y castigar a los difusores de información, es decir, a los periodistas que él considere.
Benjamin Netanyahu en Israel ordenó cerrar la mayoría de los tribunales, lo que significaba que su propio juicio de corrupción se posponía. Además, ha logrado destruir la coalición de su rival Benny Gantz, que le podría haber apartado del poder. Asimismo, implantó el control vía dron de la movilidad de los ciudadanos y de sus movimientos a través de una aplicación en el móvil.
Evan Gerstmann, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Loyola Marymount, en California, ha agrupado en cuatro categorías las restricciones que han llevado a cabo los gobiernos para frenar la pandemia: poderes de vigilancia, suspensión de derechos, control sobre la información y retraso de elecciones. A través del ‘COVID-19 Civic Freedom Tracker’, del Centro Internacional de Derecho, es posible monitorear las respuestas de los gobiernos a la pandemia que afecta a las libertades cívicas y los derechos humanos, enfocándose en las leyes que han declarado el Estado de emergencia.
Siguiendo esta base de datos, son numerosos los países que han suspendido los derechos democráticos fundamentales como la libertad de reunión o las protecciones contra registros sin orden judicial, como en Estados Unidos. También un gran número de países, como India, China, Tailandia o Egipto han ilegalizado que los medios y periodistas publiquen informaciones sobre el coronavirus sin la autorización previa del gobierno, con castigos que van desde el bloqueo del sitio web de noticias hasta cinco años de prisión. En circunstancias como estas, es cierto que hay que controlar la difusión de información falsa que pueda alterar el procedimiento de control, pero el castigo de cárceles o censuras es propio de regímenes totalitarios.
La crisis sanitaria de la COVID-19 tiene una dimensión política que puede contribuir a una amenaza para la democracia. Con un electorado asustado e instituciones abrumadas por esta crisis, pueden dar alas a autoritarios que aprovechen esta situación.
Un análisis realizado por The Economist de datos de todas las epidemias desde 1960 encontró que “para cualquier nivel de ingresos dado, las democracias parecen experimentar tasas de mortalidad más bajas por enfermedades epidémicas que los no democráticos”. Una de las razones dadas por este estudio es que los regímenes autoritarios son “poco adecuados para los asuntos que requieren el libre flujo de información y el diálogo abierto entre ciudadanos y gobernantes”.
La democracia se ha visto amenazada mientras los líderes mundiales tomaban medidas drásticas para contener el virus, pero en circunstancias excepcionales se toman medidas excepcionales. Los gobiernos pueden suspender derechos y libertades básicas para prevenir la propagación de una pandemia, algo que es de interés general, pero durante el periodo de tiempo estrictamente necesario para el control del virus.
La suspensión de elecciones ha sido un ejemplo de cómo está afectado a los sistemas democráticos esta pandemia, que, en países como España o Francia, podrán resolverse con cierta facilidad, pero que en otros países supondrá un gran desafío. Por ello, el Consejo de Europa, institución que se basa en la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos, advierte que “las elecciones libres y justas son la base de nuestras democracias, no un ritual que puede ser suspendido y las restricciones tendrán que ser temporales”.
Las democracias continúan incluso en tiempos de pandemia y, si bien son las que mejor preparadas están para hacer frente a esta amenaza, gracias a la mayor coordinación de sus instituciones y al intercambio de información, las restricciones consideradas cruciales para prevenir la propagación del virus desafían las libertades fundamentales de los ciudadanos.
En Estados donde las restricciones y las violaciones de derechos y libertades eran sistemáticas, la emergencia de la COVID-19 se está usando para fortalecer el control y aumentar la represión. En los estados donde aún existe la democracia en plenas facultades, las limitaciones de movilidad y otras privaciones, puede allanar el camino para las restricciones peligrosas que podrían continuar cuando la emergencia haya terminado. En este caso se medirá la fuerza y la calidad democrática de las instituciones, donde los ciudadanos tendrán un papel importante sobre el control de los movimientos de los líderes políticos.
