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La deriva autoritaria de Erdogan llega al Consejo Militar Supremo

El mandatario turco ha destituido a 30 generales y ha aumentado el número de generales y almirantes en las Fuerzas Armadas del país
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan

PHOTO/ Servicio de Prensa Presidencial vía AP  -   El presidente turco Recep Tayyip Erdogan

La noche del viernes 15 de julio de 2016, la historia de Turquía dio un giro radical de 180 grados. Un intento de golpe de Estado puso contra las cuerdas el orden constitucional establecido. Este acontecimiento, que acentúo aún más la polarización del país, también fue la chispa que encendió la mecha a la deriva autoritaria de Recep Tayyip Erdogan. Cuatro años más tarde y con motivo del aniversario de este intento de asonada, el mandatario turco ha anunciado las decisiones tomadas en la reunión de verano del Consejo Militar Supremo. 

El pasado mes de marzo, las autoridades turcas obligaron a los miembros del Ejército que fueron destituidos por su supuesta vinculación con el movimiento del predicador islamista Fethullah Gülen (FETÖ) a pagar el coste de los ejercicios militares que recibieron antes de ser obligados a abandonar sus puestos, según informaba el periódico turco Zaman. La purga contra la oposición ha continuado con la destitución de al menos 30 generales durante la celebración de este Consejo Militar Supremo, que han sido sustituidos por personas leales al régimen, según han señalado algunos críticos del presidente turco. Entre los generales retirados se encuentran el general Metin Temel y el comandante Zekai Aksakalli, de acuerdo con Anadolu. 

Las decisiones, aprobadas por Erdogan, aumentarán el número de generales y almirantes en las Fuerzas Armadas turcas de 226 a 247. Entre ellos hay 17 generales y almirantes y 51 coroneles que han sido ascendidos. Según ha informado la agencia de noticias Anadolu, el segundo jefe de Estado Mayor, el teniente general Metin Gurak, fue ascendido a general, mientras que el comandante naval, vicealmirante Ercument Tatlioglu fue ascendido a almirante. 

Además de estos cambios, el Consejo Militar Supremo ha obligado a 30 generales y almirantes a retirarse antes del próximo 30 de agosto ya que, según explica el comunicado, “no han sido contratados como personal permanente”. Por otra parte, esta institución ha extendido el contrato durante un año a 35 generales y almirantes y durante dos años a 294 coroneles, entre los que se encuentran el comandante del Tercer Ejército, Teniente General Seref Ongay, el comandante del Ejército Egeo, el teniente General Ali Sivri y el comandante del Octavo Cuerpo, el Teniente General Osman Erbas, entre otros. 

PHOTO/AP - Fotografía de archivo del 1 de agosto del 2017: la Policía paramilitar y los miembros de las fuerzas especiales escoltan fuera del tribunal a los sospechosos por intento de golpe de Estado
PHOTO/AP - Fotografía de archivo del 1 de agosto del 2017: la Policía paramilitar y los miembros de las fuerzas especiales escoltan fuera del tribunal a los sospechosos por intento de golpe de Estado

Esta reunión – presidida por Erdogan y que duró tan solo 45 minutos-- trata asuntos como promociones, despidos y otras decisiones de personal que afectan directamente al Ejército de Turquía.  En ella han participado el vicepresidente turco Fuat Otkay, el ministro de Defensa, Hukusi Akar, el juez Abdul Hamid Gul, el ministro del Interior Suleiman Soylu, su homólogo en la cartera de Exteriores Mevlut Gawishoglu, así como los representantes del Tesoro y del ministerio de Educación. También han asistido a esta reunión el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas turcas, Yışır Güler, el comandante de las Fuerzas Terrestres, el general Umed Dundar, el comandante de la Armada, el almirante Adnan Ozbal, y el comandante de la Fuerza Aérea, el general Hassan Cujk Akyuz. 

El presidente turco y su partido han acusado en reiteradas ocasiones al movimiento de Gülen de estar detrás del golpe militar que tuvo lugar hace cuatro años, algo que éste último niega firmemente. Desde entonces, Ankara ha investigado a más de 130.000 funcionarios públicos y ha ordenado la detención preventiva de cerca de 50.000 personas, entre las que se incluyen académicos, abogados o periodistas. 

La oposición considera que los últimos cambios aprobados en el Consejo Militar responden a la deriva autoritaria de Erdogan de derrocar a cualquier crítico con el régimen dentro del Ejército y otras instituciones estatales. Hace una semana, el ministro de Interior reveló que el número de detenidos tras el golpe de Estado de 2016 asciende a 282.790, según declaraciones recogidas por el digital Al Ain. “Durante los últimos cuatro años, alrededor de 150.000 empleados del Gobierno, miembros del Ejército y la Policía han sido aislados o expulsados”, ha agregado.  

¿Un nuevo golpe a la libertad de expresión en Turquía? 

Varias horas después, el Comité de Justicia del Parlamento de Turquía ha aprobado un proyecto de ley para regular el contenido que se publica en las redes sociales. Esta normativa tiene previsto designar un representante encargado de las investigaciones y los procedimientos judiciales relacionados con los delitos en estas plataformas. Los proveedores de redes sociales que cuenten con más de un millón de visitas diarias en la nación euroasiática estarán obligados a designar al menos un representante en ese país que tendrá hasta 48 horas – informa la agencia Anadolu -- para responder a las solicitudes de eliminar contenido ofensivo. 

AP/BURHAN OZBILICI - Miembros del parlamento turco en una votación
AP/BURHAN OZBILICI - Miembros del parlamento turco en una votación

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha criticado que el Gobierno utilice este proyecto de ley para “fortalecer el control estatal” sobre el contenido que se publica en las redes sociales. Las compañías que no cumplan con lo establecido en esta ley podrían enfrentarse a mulas de hasta 30 millones de liras turcas (US $ 4,4 millones), según señalaba el borrador.

Este proyecto de ley “es un intento descarado de hacer que las empresas internacionales censuren más noticias en nombre de los líderes de Turquía”, ha advertido el coordinador del programa del CPJ Europa y Asia Central, Gulnoza Said. “Durante años, las publicaciones en las redes sociales se han utilizado para procesar a los periodistas turcos, y las medidas propuestas les pondrían en un riesgo mayor de hacer su trabajo”, ha agregado antes de que se aprobara esta normativa. 

Uno de los últimos ataques a la libertad de expresión en Turquía tuvo lugar el pasado mes de marzo cuando las autoridades decidieron detener a varias personas por difundir en distintas redes sociales “publicaciones infundadas y provocativas” sobre la COVID-19. El intento fallido de golpe de Estado de hace cuatro años ha tenido un grave impacto en este tipo de libertades en Turquía.  En una serie de artículos recopilados por el Instituto de Prensa Intencional sobre la libertad de prensa y las realidades del ejercicio del periodismo en la Turquía actual, un grupo de periodistas han denunciado la situación a la que se tienen que enfrentar cada vez que quieren hacer su trabajo. “La brecha entre el lugar en que te despiertas y el lugar en que duermes es lo que define ser un periodista en Turquía. Puede que te despiertes totalmente motivado para informar y que esa motivación te lleve a dormir en la cárcel por la noche”, lamentaba la periodista freelance Seda Taşkın. Según el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), hay más de 100 periodistas en prisión en la nación euroasiática. 

La censura también se ha trasladado durante los últimos meses al poder judicial, ya que tan solo un año después del fallido golpe de Estado de 2016 que cambió el rumbo de Turquía, el presidente turco despidió a un tercio de los jueces y detuvo a más de 100.000 personas. Los cambios aprobados en el Consejo Militar Supremo, así como las limitaciones impuestas a las redes sociales, tras la aprobación de este acto de ley, ponen de manifiesto que la deriva autoritaria de Erdogan no tiene límites.