El nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia esta situación

La desastrosa distribución de vacunas contra la COVID-19 en Egipto no da prioridad a la población de riesgo

photo_camera AFP/MOHAMED EL-SHAHED - Unos niños en un callejón del pueblo de al-Nehaya, uno de los más pobres de Egipto

Presos, refugiados, población de riesgo y los grupos más pobres son defraudados por el lanzamiento irregular de vacunas, según el reciente informe de Amnistía Internacional. “La distribución de vacunas en Egipto se ha visto gravemente afectada por la inexistencia de una estrategia clara y la falta de transparencia, lo que ha dado lugar a demoras y acumulación de trabajo, además de no haberse llegado a quienes más lo necesitan ni haberse afrontado la reticencia a la vacunación mediante campañas de sensibilización selectivas”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Pedimos al Gobierno que garantice que realmente se da prioridad a los grupos prioritarios y que el plan de distribución es inclusivo, accesible y no discriminatorio”, añadió. Hasta la fecha, Egipto ha comunicado más de 281 mil casos y 16.169 fallecidos, pero según el comité nacional para la lucha contra el coronavirus en Egipto, es probable que las cifras reales sean 10 veces más altas que las registradas oficialmente.

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La campaña de vacunación de Egipto comenzó el 24 de enero, y su objetivo era dar prioridad al personal sanitario que trabaja en primera línea contra el virus, unas 207.000 personas, seguidos de la población de alto riesgo; pacientes con enfermedades hepáticas, cáncer y mayores. La vacuna sería suministrada tras un registro en un portal de internet y tendría un pequeño cargo para quienes puedan permitírselo. A principios de año, la ministra de Sanidad, Hala Zayed, aseguró que obtendrían 100 millones de dosis de vacunas de diferentes proveedores. Actualmente trabajan con AstraZeneca y Sinopharm. 

El informe expone que, aunque el registro en línea se abrió inicialmente para los trabajadores de la salud, la población de alto riesgo experimentó largos tiempos de espera y, a menudo, no obtuvieron cita para vacunarse. Asimismo, existen testimonios de jóvenes que declaran haber sido citados antes que sus mayores, incluso habiéndose registrado meses antes.

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La campaña de divulgación de información para la vacunación también ha sido fuertemente criticada. Los mensajes contradictorios del Gobierno sobre la distribución de vacunas y la falta de campañas de sensibilización de la población, tanto sobre el acceso a la vacuna como sobre la reticencia a la vacunación, han dado lugar a la exclusión de grupos socioeconómicamente marginados y de personas en situación jurídica irregular.

Profesionales médicos del Alto Egipto declaran que muchas personas residentes no tenían conocimiento de la distribución de vacunas, y que en algunos casos el propio personal sanitario local se encargaba de la sensibilización en ausencia de iniciativas del Gobierno, lo cual recuerda una vez más la desigual y caótica gestión de la vacunación en el país.

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En abril, la plataforma de medios de comunicación online independiente Mada Masr informó de que parlamentarios y sus familias recibían un trato preferente para elegir entre AstraZeneca y Sinopharm, a pesar de las repetidas declaraciones del Ministerio de Salud de que la población no tendría voz en qué vacunas recibir. El primer ministro, Mostafá Kamal Madbuli, había ordenado al Ministerio que comenzara a vacunar a los parlamentarios y senadores, pero no hubo orden pública de que se vacunase también a sus familias. 

“Egipto tiene actualmente existencias de las vacunas Sinopharm y AstraZeneca. Cada legislador y su familia pueden elegir qué vacuna quieren recibir”, le dice a Mada Masr el vicepresidente del Comité de Planificación y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Yasser Omar. Otros siete parlamentarios que quisieron permanecer en el anonimato corroboraron estos sucesos.

Por otro lado, aunque las autoridades egipcias confirmaron que una campaña de vacunación dentro de las prisiones había comenzado el 17 de mayo con la inoculación de 5.000 personas presas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, no han hecho público el proceso, el calendario y los criterios de vacunación. Ha habido quejas de que muchas personas detenidas por motivos políticos no han tenido aún acceso a la vacuna, aun siendo población de riesgo. 

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Un ejemplo de ello es que el 14 de abril, el abogado del detenido Abdelmonim Aboulfotoh, de 69 años, excandidato presidencial y fundador del partido opositor Misr AlQawia, presentó una solicitud ante la fiscalía para se permitiera a su cliente recibir la vacuna contra la COVID-19, teniendo en cuenta su avanzada edad y problemas de salud. Hasta la fecha, no ha recibido ni una dosis. 

Varios obstáculos de índole práctica dificultan el acceso de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a las vacunas, al igual que aquellos que no tienen acceso a internet. Las personas que no tienen la nacionalidad egipcia pueden inscribirse online con sus pasaportes, documentos de residencia y números de identificación facilitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero las indocumentadas o que tratan de formalizar su situación quedan excluidas.
 

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