La Fiscalía sudanesa investigará al régimen de Bashir por los crímenes en Darfur
La Fiscalía ha anunciado este domingo una investigación sobre los posibles crímenes cometidos por jefes del régimen de Omar al Bashir durante el conflicto de Darfur, región occidental que fue escenario de una cruenta guerra entre 2003 y 2010.
Una semana después de que Al-Bashir fuera condenado por corrupción, en la primera sentencia en su contra desde que fue depuesto en abril de este año, el nuevo fiscal general sudanés, Taj al Hibr, ha anunciado en rueda de prensa el inicio de una investigación que alcanza a los más estrechos colaboradores del dictador. "Hemos empezado las investigaciones sobre los crímenes que fueron perpetrados en Darfur desde 2003 y las acusaciones que se dirigen a comandantes del antiguo régimen, cuyas sentencias se elevan hasta la pena de muerte", dijo Al Hibr en una rueda de prensa.
El fiscal general destacó que Al-Bashir había lanzado en 2007 una investigación sobre los crímenes de Darfur, pero el proceso quedó suspendido un año más tarde, cuando salió a la luz que varios comandantes de sus fuerzas podrían estar involucrados. También formó un comité para investigar las denuncias sobre el conflicto iniciado cuatro años antes, pero el presidente no tomó medidas para aplicar las recomendaciones del órgano.
Aunque Sudán no es signatario del Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional (CPI) tomó cartas en el asunto en 2005 por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y en 2009 y 2010 emitió sendas órdenes de arresto contra el entonces presidente por "genocidio" y crímenes de lesa humanidad.
También en relación a ese conflicto, que según la ONU ha causado unos 300.000 muertos, si bien el gobierno de Al-Bashir rebajó la cifra a apenas 10.000, la CPI pidió hace seis años detener a su exministro de Defensa, Abdelrrahim Husein.
Las milicias "yanyauid", aliadas del Gobierno de Jartum durante el conflicto y hoy parte de la estructura de las fuerzas de seguridad, fueron acusadas por la ONU y otros organismos de participar en crímenes de lesa humanidad y genocidio de Darfur. Desde 2007, la CPI persigue a varios comandantes de "yanyauid".
El conflicto en Darfur dio comienzo en 2003, cuando dos movimientos armados, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad, anunciaron un levantamiento contra el Gobierno de Jartum, acusándola de marginar a la región. Como resultado de los enfrentamientos, cerca de 3 millones de personas huyeron a campamentos para desplazados y otras 400 cruzaron a países vecinos como refugiados de guerra.
"Todos los representantes del antiguo régimen (de Al Bashir) detenidos en la cárcel de Kobar están acusados de crímenes y procesados en diferentes casos, sin que el tribunal pueda liberarlos bajo fianza", afirmó el fiscal general. Entre ellos, destacó el caso del exministro de Interior Ahmed Harun, que tiene tres acusaciones en su contra y está buscado por la CPI. Al Hibr aseveró que su predecesor Omar Ahmad archivó varias denuncias por corrupción contra responsables del Gobierno de Al-Bashir, pero la nueva oficina ha cancelado estas órdenes y ha empezado las investigaciones.
La Fiscalía también ha registrado una denuncia contra entidades e individuos que presuntamente recibieron fondos del expresidente, como la Universidad Africana -que habría obtenido 4 millones de euros- o el clérigo extremista Abdelhai Yusef, que habría conseguido 200.000 euros para sus canales de televisión.
Finalmente, el fiscal anunció que han iniciado trámites con Interpol para detener al exdirector del aparato de Seguridad Nacional e Inteligencia, Salah Abdulá Qush, quien dimitió el pasado abril tras la caída de Al-Bashir.
En las últimas semanas, el Ejecutivo de transición formado tras un acuerdo entre la oposición civil y los militares que le derrocaron aprobó una ley para disolver el partido del exmandatario, el Congreso Nacional, así como todas las instituciones y organizaciones del régimen.
Al-Bashir fue condenado por un tribunal la semana pasada a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por un delito de tráfico ilegal de divisas y corrupción. Al Bashir fue exonerado de cumplir cárcel por su edad, 75 años, ya que la ley sudanesa establece estas penas hasta los 70 años.
