La fuga de las multinacionales en Argentina se acentúa 

Las multinacionales no se van por el presente, sino por el futuro de la nación.

Numerosos ejemplos demuestran que no sólo se está dando la salida de capitales productivos de inversión extranjera directa, sino de inversores locales, al mismo tiempo que el valor de las empresas argentinas se encuentra a precio de remate. La salida de las inversiones productivas del país es consecuencia directa de las frecuentes crisis macroeconómicas, la incertidumbre regulatoria permanente y la falta de credibilidad y discrecionalidad extrema de la política económica.

Siendo un país sumido en una gran recesión económica, no hay señales de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo, por lo que entre el empresariado reina un clima de pesimismo. Cualquier negocio que sea rentable en Argentina debe traducir sus ganancias en dólares. Estas ganancias suelen ser mínimas, por lo que el mercado argentino resulta cada vez menos atractivo.

“En el caso puntual de la lechería, el principal problema es la incertidumbre, que hace que muy pocos se animen a seguir invirtiendo. Argentina tiene todas las condiciones naturales y climáticas para producir alimentos a menores costes que otros países competidores, pero lamentablemente en los últimos quince años no supimos aprovechar el viento de cola que tuvimos. Necesitamos un clima de negocios más favorable, en el que el sector privado tenga un papel clave. Más que hablar de distribuir la riqueza, tendríamos que estar viendo cómo generarla”, señaló Ercole Felippa, presidente de la láctea cordobesa Manfrey y titular del Centro de la Industria Lechera.

Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente 450 billones de dólares. Cuenta con abundantes recursos naturales en energía y agricultura, en su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. Además, Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. 

Pero todas estas fortalezas, que podrían hacer del país una potencia regional (o incluso mundial), son desaprovechadas. La volatilidad histórica del crecimiento económico ha impedido el desarrollo del país. La pandemia de COVID-19 y el aislamiento social como forma de combatirla agravaron la situación. Según los datos ofrecidos por el Banco Mundial, la pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada alcanzando un 42,9% de la población en el segundo semestre de 2020, con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil (niños menores de 14 años) del 57,7%.

El informe ‘COVID-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental’ presentado por miembros de las Naciones Unidas revela que se está disparando la economía sumergida. En 2019 la tasa de personas que no estaban dados de alta oficialmente era del 35,9%, y según el informe se podría disparar entre 3 y 5 puntos en los próximos meses.

En el reciente informe del Banco Mundial, Doing Business, cuyo objetivo es identificar cuáles son los países óptimos para invertir, Argentina obtuvo nefastos resultados. El país presidido por Alberto Fernández encabeza el ranking de países con mayor carga fiscal, no sólo de toda la región, sino del mundo. Las iniciativas llevadas a cabo por el presidente en materia fiscal, como el impuesto a las ganancias para las sociedades, suponen un retroceso respecto a las reducciones adoptadas por Mauricio Macri durante su mandato. De los 190 países analizados por el ranking, Argentina se encuentra en el puesto número 126, nueve puestos por debajo de 2019, y en el puesto número 170 en lo que respecta al sistema tributario.

El Gobierno argentino se ha caracterizado por aumentar los impuestos en medio de la peor crisis económica y social desde 2001, la pandemia de COVID-19, demostrando una preocupación por reducir el déficit fiscal, aunque a costa de provocar prácticamente un “pymecidio” cobrando mayores impuestos a comercios y monotributistas que son obligados a cerrar o reducir su facturación. Estas medidas profundizan la presión impositiva sobre la clase media y las pymes, el verdadero motor del empleo y de la prosperidad del país.

Estas iniciativas, en un país que lleva sumido en una recesión económica abismal muchos años, incluyen: la suspensión de la reducción de ingresos brutos, la falta de actualización de la base imponible de impuesto a los bienes personales, el aporte solidario de la riqueza y el aumento en las escalas del impuesto a las ganancias a las empresas. 

La presión impositiva es cada vez mayor puesto que no se permiten mecanismos de actualización como el ajuste por inflación de los balances. “El resultado es que las empresas están teniendo una mayor presión tributaria, ya que sus balances prácticamente no se ajustan por inflación, lo que provoca que el pago de ganancias exceda el 35% que reza la ley, ya que los costos de las compañías están a costo histórico y sus ventas a valor presente”, precisó el economista Salvador di Stefano.

Si las escalas impositivas no se ajustan por inflación o se ajustan por debajo de ella, las personas y empresas pasan a tramos impositivos cada vez más altos a medida que aumenta su ingreso nominal, incluso si sus ingresos reales siguen siendo los mismos. El contribuyente termina soportando un incremento de su carga tributaria y, con ello, la consiguiente pérdida de ingreso disponible debido a la inflación. De esta forma se estrangula a las pymes y se desincentiva el emprendimiento y la inversión extranjera. 

Mientras tanto, el Estado otorga pequeños beneficios a la población que compensan parcialmente lo que por otro lado cobran al mismo tiempo que socava la actividad productiva. Este es el caso, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Inicialmente fue percibido como beneficioso para la población, puesto que posibilita la reducción transitoria para las personas físicas cuyos ingresos sean inferiores al nuevo mínimo imponible de 150.000 dólares mensuales. 

Según esta iniciativa, la Administración Federal de Ingresos Públicos devolverá a los contribuyentes la diferencia retroactiva a partir de enero, pero en cuotas que se verán licuadas por la inflación, por lo que el retorno a los ciudadanos será mínimo. El dueño de una pyme que tenga un local será excluido de este beneficio por ser contribuyente a los bienes personales. Pero, además, verá subir su carga tributaria por ser dueño de una pyme, ya que el Gobierno para compensar la supuesta pérdida de recaudación, subió las tasas impositivas de los impuestos a las ganancias a las empresas.

En resumen, el Estado finalmente no pierde recaudación, sino que aumenta la presión tributaria a las empresas, desincentivando la producción, la generación de empleo y la inversión. Asimismo, el beneficio otorgado a las personas físicas situadas por debajo del umbral del nuevo impuesto a las ganancias es prácticamente inexistente. 

La tendencia es clara, en 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con una presión fiscal de 31,5% del PIB según datos oficiales del Ministerio de Economía. Éste fue el porcentaje más alto registrado hasta la fecha. Durante los cuatro años de Mauricio Macri ese indicador cayó hasta un 28,7% del PIB. Alberto Fernández, en poco más de un año, desanduvo prácticamente toda la caída de los años anteriores y ha llevado, por ahora, la presión fiscal hasta el 30,5%. 

La inversión extranjera directa (IED) en Argentina entró en declive en 2019, con la llegada del nuevo Gobierno y cuando comenzaron a adoptarse dichas medidas. De 2018 a 2019 las IED se redujeron hasta casi la mitad, así como las inversiones Greenfield, las más beneficiosas para el desarrollo de la economía del país. Según el Banco Mundial, en 2020, los flujos hacia Argentina cayeron en un 47%, ya que la crisis de la COVID-19 agravó las tendencias preexistentes en el país. 

Todo esto, hace que los activos argentinos se devalúen enormemente. La retirada masiva de multinacionales genera un clima de intranquilidad entre las empresas que permanecen que, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno y la crisis económica derivada de la pandemia, cada vez más empresas deciden irse del país. Al devaluarse tanto los activos, las inversiones que se observan en el país son generalmente de tipo oportunista. No están motivadas por la voluntad de hacer una apuesta a largo plazo, sino por el ridículo precio de los activos y las posibles ganancias inmediatas que puedan ofrecer al comprador. Este tipo de inversiones, no tienen nada que ver con el tipo de inversión “genuina” que contribuye al estímulo de la economía argentina. 

El éxodo de las multinacionales no sólo tiene que ver con factores internos, sino también con factores regionales, y es que muchas empresas no sólo se están yendo de Argentina, sino de Sudamérica en su conjunto, en búsqueda de destinos más rentables, como puede ser el mercado asiático. La desinversión regional es el caso de empresas como Eli Lilly que anunció la semana pasada el cierre de sus operaciones directas en el país y el traspaso del manejo de sus marcas –como Prozac y Cialis– al laboratorio nacional Raffo. El repliegue regional de la compañía también incluye la salida de Chile, Perú, Ecuador y países de América Central. Este cambio se hará efectivo a partir del próximo 1 de septiembre. 

Esto mismo ocurrió con empresas como Glovo, que vendió en 2020 su negocio en Argentina a PedidosYa y también se fue de Brasil y Chile, así como Nike, que planea seguir operando a través de un licenciatario en el país. Estas retiradas son parte de una larga lista de empresas internacionales que abandonan el mercado argentino. De acuerdo con un informe de la consultora First Capital Group, desde el inicio del año 2020 se registraron al menos 18 operaciones donde un grupo multinacional decidió cerrar o vender su operación local.

Las principales operaciones de salida incluyeron a las empresas: Walmart, Falabella, Latam Argentina, Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, Norwegian, Axalta, PPG, Pierre Fabré, Under Armour, Gerresheimer, Asics y Brighstar. Asimismo, los compradores que aparecen en el mercado cuando una multinacional le pone el cartel de “en venta” a su filial local son los empresarios argentinos. Este fue el Caso de Walmart, adquirida por el exdiputado Francisco de Narváez, y de Brightstar, en manos de Mirgor. 

La multinacional Brightstar, norteamericana y dedicada a la fabricación de productos electrónicos, anunció que vendía a un competidor local sus operaciones en el país por la módica suma de 82 pesos argentinos o 1 dólar (en rigor, 0,49 dólares a la cotización libre). Tenía 450 empleados, cuentas sanas y contratos para fabricar unos 2 millones de celulares por año para las asiáticas LG y Samsung, pero las empresas no se van por el presente, sino por el futuro de la nación. Las empresas extranjeras que buscan “escapar” de Argentina a cualquier costo, incluso asumiendo pérdidas millonarias como en el caso de Brightstar.

La firma de origen chileno, Latam, sufrió durante la última década embates de los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente vicepresidenta del Gobierno peronista de Alberto Fernández, que a través de diversas medidas restringieron sus operaciones para favorecer a la aerolínea de bandera. En junio la empresa anunció que 1.700 personas iban a ser despedidas. Tenía el 16% del mercado de vuelos de cabotaje, con 12 destinos y operaba en el país desde hacía 15 años.

El hecho de que empresas solventes estén dispuestas a “salir corriendo” de Argentina asumiendo pérdidas millonarias es un claro indicador del clima empresarial, las condiciones del país no favorecen la inversión extranjera directa por lo que empresas del exterior no se atreven a invertir en su mercado. Asimismo, a pesar de que los activos argentinos tienen precios bajos en dólares, el mercado ya no resulta atractivo ni rentable para las empresas extranjeras.

Entre las razones citadas por las empresas para dejar el país, fuera de las relacionadas con la pandemia, se mencionan las formas complicadas de hacer negocios, la presencia de sindicatos poderosos, el intervencionismo estatal, las políticas anticomerciales, la política cambiante, y el precio y el control monetario. Si el Gobierno no toma medidas para incentivar la inversión, no parece que esta situación vaya a mejorar en el corto plazo, sino todo lo contrario.