La inmigración subsahariana de la pandemia

Las Islas Canarias han recibido más de 11400 inmigrantes en los últimos 10 meses. Tan solo en este mes de octubre han llegado más de 5000 personas. Las islas no se encontraban en una crisis migratoria similar desde la crisis de los Cayucos de 2006. El fuerte impacto económico que está teniendo la pandemia sumado a la inestabilidad político-securitaria del Sahel y África Occidental, ha provocado este repunte en la inmigración hacia las Islas Canarias. Las economías de los países de origen no han podido soportar las medidas de confinamiento y la desaparición del turismo, dejando sin trabajo y sin sustento a decenas de miles de personas. En Europa, todos aquellos que no han podido trabajar han recibido ayudas del Estado y han cobrado algún tipo de prestación por desempleo. Ese no ha sido el caso en ninguno de los países confinados al otro lado del Mediterráneo. Otro de los motivos por los cuales la ruta de Canarias ha sido la más utilizada es por el cierre de la frontera terrestre de Marruecos con España y el aumento de controles fronterizos europeos debido a la crisis del coronavirus. Todo ello ha supuesto un aumento del número de inmigrantes que han llegado a las costas canarias.  

De todas las embarcaciones que salen, muchos cayucos se quedan a la deriva entre Marruecos, Senegal o Mauritania y las Islas Canarias, provocando centenares de muertos en lo que lleva de año. Este pasado 30 de octubre, cincuenta inmigrantes murieron cerca de Mauritania tras una avería de motor que dejó el cayuco inservible. Los 24 supervivientes fueron rescatados por los cuerpos de seguridad mauritanos y serán repatriados. A este incidente se le suma otro accidente similar de una patera este pasado agosto que dejó otros 27 muertos. La ruta hacia las Islas Canarias, conocida como la ruta canaria es la más peligrosa de toda Europa. Según la Organización Internacional de Migraciones uno de cada veinte migrantes ha muerto en el mar intentando llegar a las costas de enero a julio de 2020. En el resto de las rutas europeas, las muertes son menores al compararlas con las personas que llegan a puerto. La ruta hacia Italia y Malta, conocida como la ruta central, la ratio es uno de cada 54, en la ruta del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, ha muerto o desaparecido 1 de cada 94, por último, la del mediterráneo oriental, en el mar Egeo, ha fallecido un inmigrante de cada 115 que ha llegado a la costa. 

La Agencia europea Frontex ha enviado a siete agentes para ayudar a la identificación de migrantes y está manteniendo conversaciones con el Gobierno español para realizar operaciones que frenen a largo plazo la llegada de inmigrantes por la ruta canaria. El mandato de los siete agentes se limita a labores de apoyo a la Policía Nacional y al intercambio de información referente a las mafias y los puntos de salida de estos inmigrantes. En la crisis 2006, Frontex también colaboró con España en el marco de la operación Hera, en la que se desplegaron barcos y aviones de varios estados europeos para impedir la salida de las pateras de las costas africanas. Esta operación redujo el flujo de 31.678 inmigrantes a 12.478 en 2007 y 9-191 en 2008, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación de Gobierno en Canarias. Con Mauritania y Senegal, España mantiene una colaboración operativa estrecha en materia de lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas y de sustancias ilegales, habiendo sido ambos socios claves para acabar con la crisis de 2006. La cooperación en materia de formación y dotación de capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos estados por la Policía Nacional y Guardia Civil española ha sido crucial para permitir que desde 2009 a 2017, no haya salido ni una sola patera desde Senegal hasta las Islas Canarias. En Dakar, España cuenta con dos embarcaciones permanentes de la Guardia Civil. En Mauritania, España tiene desplegados también dos patrulleras y un helicóptero de rescate. Periódicamente a ambos países se desplaza un buque oceánico y un avión de patrulla marítima. 

Debido a este repunte en el flujo inmigración a las Islas Canarias, España se ha comprometido con la financiación de Guardacostas y Policía fronteriza en los países de origen para impedir que salgan. Para ello se ha multiplicado las dotaciones para el equipamiento y entrenamiento de las fuerzas de seguridad de los países africanos. Entre los países a los que se han multiplicado los fondos se encuentran Gambia y Guinea Conakry, de 50.000 en 2018 a 75.000 en 2019 respectivamente. Mali, Ghana y Costa de Marfil también han recibido subvenciones para sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Marruecos, ha sido el mayor receptor de subvenciones, con 32 millones de euros en 2019. Tras aprobarse esa partida, las llegadas desde las costas marroquíes por la ruta del Estrecho han caído exponencialmente. La ruta del Estrecho de Gibraltar se ha vuelto tan impenetrable que es prácticamente imposible pagarla para muchos inmigrantes. De acuerdo con el testimonio de varios de los viajeros en pateras, el coste de la embarcación que sale del norte de Marruecos asciende a 3000€.  Este ha sido uno de los motivos por los que se ha rehabilitado la ruta de entrada del Sahara Occidental hacia las Islas Canarias y por el que se ha identificado a un gran número de marroquíes en las costas canarias, lo que no era el caso hasta el momento. 

A parte de la colaboración con Frontex y con los gobiernos africanos, España después de ocho meses de cierre de espacios aéreos por la crisis sanitaria, está reactivando las deportaciones a algunos países de origen como Mauritania. Mauritania y Marruecos son dos de los países que aceptan la devolución no sólo de sus nacionales sino también de inmigrantes de países terceros que hayan transitado por su territorio para llegar a España. Estos acuerdos agilizan las labores de expulsión de algunos africanos que se niegan a dar sus datos de procedencia por lo que es sumamente complicado conocer su país de origen. Además, no con todos los países existen acuerdos de devolución. Sin embargo, teniendo en cuenta las tensiones políticas tras las elecciones en Guinea, y Costa de Marfil y el golpe de Estado en Mali, este tipo de deportaciones son en ocasiones objeto de crítica en tanto que algunos de ellos tendrían potencialmente derecho a asilo o incluso al estatuto de refugiado, pero no se les informa en tiempo y en forma de esa posibilidad, de acuerdo con el Defensor del Pueblo y ACNUR. Lamentablemente el problema de la inmigración irregular va a seguir aumentando por las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia. Además de reforzar los controles y dotar de medios a las fuerzas de seguridad de los estados de origen, es imprescindible invertir en cooperación al desarrollo y asegurar que la misma llega a los más necesitados para que no se vean en la situación de emigrar en las condiciones tan precarias en las que lo hacen, por la ruta más peligrosa  de Europa.