La ONU acusa al Ejército de Mali de “crímenes de guerra”
La Comisión Internacional sobre Mali, establecida en la región desde el Acuerdo de Paz de 2015 y compuesta por la sueca Lena Sundh, el camerunés Simon Munzu y el mauriciano Vinod Boolell, acusa al Ejército maliense de “crímenes de guerra”, así como a varios grupos extremistas armados de “crímenes de lesa humanidad”. Las conclusiones llegan tras una investigación realizada entre los años 2012 y 2016. El informe, enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, fue remitido a los 15 miembros del Consejo de Seguridad a mediados del mes de diciembre.
En dicho documento, de unas 350 páginas de extensión, los investigadores concluyen que la Comisión “tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad y defensa de Mali cometieron crímenes de guerra, incluida la violencia contra la vida de civiles y personas fuera de combate y no sospechosas de estar afiliadas o cooperar con grupos armados extremistas”. Hasta el momento, el único medio en tener acceso al informe ha sido la agencia AFP.
Las conclusiones de este pueden suponer una nueva base legal para juzgar casos similares en el futuro. No obstante, el Ejército maliense no es el único acusado, sino el primero de una larga lista en la que figuran grupos armados como los rebeldes touareg del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y otros grupos armados progubernamentales como GATIA y LA CMFPR-1. También la milicia Dan Nan Ambassagou, erigida como la defensora de los dogones –población maliense no musulmana–, acusada del asesinato de 39 civiles, niños incluidos. Aunque ellos se denominan como una “milicia de autodefensa” frente a los yihadistas.
Los ataques incluyen “asesinatos, mutilaciones y otros tratos crueles, violaciones y otras formas de violencia sexual, toma de rehenes y ataques contra personal de organizaciones humanitarias y MINUSMA”. Carlos Echevarría Jesús, profesor de RRII de la UNED e investigador del IEEE, señalaba en una publicación de 2017 que esta última es definida como “la más peligrosa de todas las misiones de paz de la ONU” pues en junio de ese mismo año sumaba 115 miembros asesinados en tan solo cuatro años de existencia.
El pasado mes de febrero, la organización Human Rights Watch advirtió que “varios grupos armados en Mali han intensificado sus ataques contra civiles, masacrando a personas en sus aldeas y ejecutando a hombres sacados de vehículos de transporte público por su origen étnico”. Los ataques indiscriminados no acababan ahí, “muchos aldeanos fueron quemados vivos, mientras otros fueron volados por artefactos explosivos”.
La acusación sirve como colofón al caos institucional en el que está sumido el país. La acuciante inseguridad ocasionada por la amenaza islamista, sumada a la creciente violencia de carácter intercomunitario, más la crisis económica y sanitaria fue el origen del golpe de Estado del pasado mes de agosto. La dimisión forzada del expresidente Boubacar Keita trajo consigo el establecimiento de un Gobierno de transición dirigido por Bah Ndaw, el exministro de Defensa.
Nombrado para el cargo el 21 de septiembre por parte de la Junta Militar surgida de la asonada, Ndaw está acompañado por Assimi Goita, líder del golpe, en la Vicepresidencia. Días después fue nombrado como primer ministro Moctar Ouane, quien, el pasado 5 de diciembre, manifestó a varios medios internacionales la apertura al diálogo del Gobierno de Mali con los grupos terroristas.
En la jornada de ayer, además, el Tribunal de Constitucional de Mali falló contra varios de los artículos del documento que regula las funciones del Parlamento de transición y ha reclamado que los mismos sean puestos en línea con la Constitución. La institución contradice el periodo de transición de 18 meses desde la toma de posesión de Ndaw, incluido en la hoja de ruta pactada. El comité estratégico del M5-RFP, que actúa como oposición, criticó con dureza la “militarización de las instituciones” y la “negligencia hacia los partidos y movimientos políticos”, una vez relegado del Gobierno de unidad.
Desde su independencia de Francia en 1959, en Mali se han producido cuatro golpes de Estado. El contexto actual sigue marcado por la asonada de 2012. La caída de Gadafi en Libia permitió a los separatistas touareg del norte de Mali hacer acopio de armamento y llevar a cabo una revolución para crear la República de Azawad, tan solo frenada por tropas francesas. La profunda inestabilidad expulsó al entonces presidente Amadou Toumani Touré, golpe de Estado mediante y, desde 2012, el radicalismo islamista, la corrupción institucional y el efecto catalizador de la COVID-19 han sido el caldo de cultivo perfecto para la consecución de un escenario que tiende a repetirse.
