La ONU aprueba una resolución española y alemana sobre agua y saneamiento
El Gobierno español ha celebrado la adopción, por consenso, de una resolución sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que había sido presentada conjuntamente por España y Alemania en el marco del 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La resolución, según aseguró el Gobierno en funciones en un comunicado, había obtenido además 109 copatrocinios procedentes de todos los grupos regionales, lo que la convierte en “una de las resoluciones con mayor apoyo de todo el periodo de sesiones”.
La resolución, prosiguió el Ejecutivo, es un “reflejo de la labor conjunta realizada por España y Alemania y del progreso en el reconocimiento de tales derechos, que despierta cada vez más interés entre los Estados Miembros de la ONU”.
“El reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento constituye, desde el año 2006, una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos”, aseguró el Gobierno. “Desde el año 2013, España y Alemania han presentado sucesivas resoluciones en la materia, tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en el Consejo de Derechos Humanos, lo que ha permitido ir perfilando el contenido de estos derechos, reforzando su reconocimiento y sus modos de implementación”, añadió.
El texto insta a los Estados a garantizar la realización del derecho humano al agua potable y al saneamiento para todos y “sin discriminación” y a “tomar en consideración la Nueva Agenda Urbana”, que prevé la adaptación de ciudades y asentamientos humanos para “que cumplan su función social”. Asimismo, pide que se asegure “el acceso a un saneamiento y una higiene equitativos para todas las mujeres y niñas, así como para la higiene menstrual, incluyendo las instalaciones y servicios de higiene en los espacios públicos y privados”; y que se aborde “el estigma y la vergüenza generalizados en torno a la menstruación y la higiene menstrual mediante la promoción de prácticas educativas y sanitarias”.
Al respecto, el Gobierno destacó en su comunicado “el enfoque de género” de la resolución y “la incidencia del cambio climático en estos derechos humanos” y valoró especialmente la inclusión en el texto de “cuestiones ligadas a los efectos negativos derivados de la falta de accesibilidad a instalaciones adecuadas sobre las personas con discapacidad, así como a las especiales necesidades en materia de agua potable y saneamiento en las situaciones de emergencias y crisis humanitarias”.
