La ONU condena la represión en Birmania tras las últimas protestas
Christine Schraner Burgener, enviada especial de Naciones Unidas en Birmania ha condenado “enérgicamente” lo que está siendo durante semanas un “continuo derramamiento de sangre”. Además, critica que se está produciendo “mientras los militares desafían los llamamientos internacionales”, dando lugar a escenas como las del domingo. Los hospitales de Birmania elevan la cifra de fallecidos hasta las 59 personas y la de heridos a 130, en una de las jornadas más violentas que se recuerda en las últimas semanas en el país asiático.
Tres hospitales diferentes han aportado datos acerca de las víctimas de la represión que ha llevado a cabo el Gobierno interino de Birmania. Rangún General, Hlaing Tharyar y Thingangyun Sanpya son los tres centros contactados por el medio ‘Myanmar Now’, que afirman que es muy probable que el número tanto de fallecidos como de heridos sea más elevado de lo que se cree hasta el momento. Avisan de que la situación del país comienza a alcanzar un punto en el que los hospitales y centros de salud temen por el número de hospitalizados diarios, así como por el cada vez más preocupante número de fallecidos en las protestas. Al menos la pandemia de la COVID-19 le está dando un respiro al país que, durante la última semana ha tenido que lamentar una única muerte a causa del virus.
El golpe de estado llevado a cabo el pasado 1 de febrero en Myanmar acabó con lo que habían sido 10 años de transición democrática, y con la seguridad de gran parte de una sociedad que esperaba haber dejado atrás los días de inestabilidad. El Gobierno de Aung San Suu Kyi – líder de la Liga Nacional de la Democracia – fue arrestado por las fuerzas militares birmanas tras 5 años en el poder, gracias a las elecciones más libres y justas que se habían producido en los últimos 25 años en el país, celebradas el 8 de noviembre de 2015.
Ahora, algo más de 5 años después de esos comicios, el país atraviesa una de las situaciones más inestables de la última década a raíz del golpe de estado. Debido a ello, Naciones Unidas ha querido tomar partido e intentar ayudar a calmar una situación que no hace sino recrudecerse. La enviada especial de la ONU añadía que “la brutalidad en curso, incluso contra el personal médico y la destrucción de la infraestructura pública, socava gravemente cualquier perspectiva de paz y estabilidad”. Así, pone en duda la seguridad de la población birmana, y pide la ayuda de la comunidad internacional para hacer frente a una situación de crisis que continúa empeorando. La ayuda debe llegar “en solidaridad con el pueblo de Birmania y sus aspiraciones democráticas” y espera que sea el Consejo de Seguridad el que tome la iniciativa ante la escalada de la violencia.
El nuevo Gobierno liderado por el presidente interino, Myint Swe, ha impuesto la ley marcial en algunas partes de Rangún. Ya desde las últimas elecciones de noviembre de 2020, existía cierta desconfianza desde un sector de la sociedad por las acusaciones de genocidio contra la población de musulmana rohingya en ese país, y por las de irregularidades en las listas de votantes de las últimas elecciones generales. Como manifestaba el exgeneral Swe: “La UEC (comisión electoral) no logró resolver las enormes irregularidades en las listas de votantes en las elecciones generales multipartidistas que se llevaron a cabo el 8 de noviembre de 2020”. A pesar de ello, la que fuera presidenta de Birmania hasta su arresto, Suu Kyi, obtuvo más del 80% de los votos.
