La ONU despliega un plan de ayuda de 1.700 millones de euros para Sudán
Sudán vive inmerso en un estado de crisis perenne. Desde hace décadas, el país africano atraviesa una serie de conflictos políticos y territoriales que se han materializado en cruentas guerras e inestabilidad institucional. Unas causas que lastran su desarrollo. Para paliar la situación, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha revelado su plan de respuesta humanitaria para Sudán, que ronda los 1.700 millones de euros.
Así lo anunció el lunes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. “Hoy hemos lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria para 2022, que pretende llegar a 10,9 millones de personas vulnerables con un coste de 1.900 millones de dólares. Casi la mitad de estos fondos se destinarán a actividades para salvar vidas”, trasladó. Las ayudas se concentrarán en las áreas de salud, prevención y tratamiento de enfermedades, educación y acceso al agua.
Sudán experimenta un aumento de las necesidades humanitarias que responde “a la recesión que comenzó en 2018, la inseguridad alimentaria aguda, el conflicto, los desplazamientos a gran escala, los peligros naturales y la reducción de la prestación de servicios sociales y la capacidad de respuesta a los brotes de enfermedades, incluido la COVID-19”, según el portavoz de la ONU. Factores que, sumados al fracaso de la transición política y a la abierta hostilidad que se profesan entre sí las distintas etnias, han detenido el progreso.
La OCHA publicó en diciembre un informe de la situación en Sudán donde detallaba su plan de acción. La organización centrará sus esfuerzos en los más de tres millones de desplazados internos y el millón de refugiados que se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del aumento de la violencia intercomunitaria, especialmente en los Estados de Darfur Occidental y Kordofán del Sur, zonas en las que las tribus árabes y africanas han protagonizado enconados enfrentamientos. Unas cifras preocupantes que desestabilizan a la región.
Sudán ha recibido hasta el momento un 37% de los fondos previstos por Naciones Unidas. De los 1.700 millones de euros incluidos en el programa de la organización, el Estado sudanés tendría en sus cuentas más de 625 millones. Unos fondos que van dirigidos hacia las 14 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria del total de 43 que componen el país. Los números son aún peores que los registrados en 2021 y es que, en contra de las previsiones, el Gobierno no ha sido capaz de encauzar la ansiada recuperación económica.
La profunda crisis económica sudanesa trajo consigo un aumento de la inflación, lo que impidió el acceso del grueso de la población sudanesa a suministros básicos tales como alimentos o medicinas. La lentitud de las reformas impulsadas por el gabinete del primer ministro Abdalla Hamdok hizo aumentar el descontento y pronto se desataron protestas en varios puntos del país contra el Gobierno, incluida la capital, Jartum. Un clima de hostilidad que aprovecharon los altos mandos militares para desautorizar a los miembros civiles del Gobierno y acometer un golpe de Estado.
La asonada del pasado 25 de octubre revirtió el acuerdo de Juba, firmado en 2019 por el Ejército y las Fuerzas de Libertad y Cambio. Aquel pacto estableció un inédito reparto del poder ejecutivo entre militares y civiles, representados por una coalición de partidos, mediante el cual el general Abdel Fattah al-Burhan accedió a la presidencia y el economista Abdalla Hamdok tomó las riendas del Gobierno. El acuerdo fijaba una celebración electoral para 2023, fecha en que el Ejército cedería el control a la sociedad civil.
La comunidad internacional entró en escena para frenar el golpe de Estado. La acción de organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que amenazaron con cortar los fondos desinados al Estado, hicieron dar marcha atrás al Ejército y devolver el Gobierno civil encabezado por Hamdok, arrestado durante el golpe. Sin embargo, su reciente dimisión abre un nuevo capítulo en la política sudanesa, que tendrá que renegociar los acuerdos de 2019.
La ONU ha comenzado a implantar su programa de ayuda humanitaria y apuesta por moderar el diálogo entre militares y civiles, a fin de que encuentren una nueva salida a la crisis. El jefe de la misión de la ONU en Sudán, Volker Perthes, propuso en el marco de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición en Sudán (UNITAMS, por sus siglas en inglés) que Ejército y plataformas políticas se sentaran frente a frente para trazar una nueva hoja de ruta en el país.
El autoproclamado presidente del Consejo Soberano, Abdel Fattah al-Burhan, ve con buenos ojos la propuesta, pero las bases sociales han acusado Naciones Unidas de legitimar la acción golpista del Ejército aceptando a este como un interlocutor válido. En el hipotético diálogo, las miradas también deberán estar puestas en los recurrentes episodios de violencia interétnica en la región occidental de Darfur y en la creciente inseguridad territorial. Un territorio adonde la acción del Gobierno no ha conseguido llegar.
