La ONU envía 29 millones de euros en ayuda humanitaria por el conflicto de Tigray

Las ayudas se repartirán entre Etiopía y Sudán y tratarán de paliar las carencias humanitarias generadas por el conflicto en el estado etíope
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La decisión de las Naciones Unidas de liberar un total de 29 millones de euros en ayuda humanitaria a Tigray, estado del norte de Etiopía, se hizo pública este jueves 17 de diciembre. Unas ayudas destinadas en su mayoría a los civiles residentes en dicha región etíope, pero también a los refugiados que han huido a Sudán, país que linda con Tigray.

Esta ayuda pretende cubrir el conflicto que ha vivido el norte de Etiopía en el último mes y que enfrenta al Gobierno etíope y al Frente Popular Para la Liberación de Tigray (TPLF), que gobernaba en la región.

El pasado 4 de noviembre se desató el enfrentamiento armado entre ambas partes y ya ha dejado a 2,3 millones de niños desamparados y sin acceso a ayuda humanitaria. Pero también a más de 50.000 refugiados en suelo sudanés. Unos datos difíciles de medir pues el Gobierno etíope, guiado por el primer ministro Abiy Ahmed, mantiene, desde entonces, las telecomunicaciones cortadas y una fuerte restricción de entrada de periodistas a la región.

Así, se concreta la ayuda que la ONU destinará a la región, tras llegar el pasado 2 de diciembre a un acuerdo con el Gobierno etíope para que las ayudas que el organismo destinara llegaran sin ningún tipo de restricción a Tigray y de forma segura.

El gran grueso de irá destinado a la región de Tigray, un total de 20 millones de euros, del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) y el Fondo Humanitario de la ONU. El resto va destinado a los miles de refugiados que se encuentran en Sudán. Casi 9 millones de euros procedentes de los mismos fondos de Naciones Unidas.

Un conflicto que viene de lejos

Desde 1991 el Gobierno etíope ha estado en manos de la etnia procedente de Tigray. Todo ello cambió en 2018, cuando la etnia mayoritaria del país se hizo con el poder. Procedente de la región de Oromía, y tras diferentes protestas desde el año 2015, lograron que el presidente tigriño dimitiera y eso permitió al actual primer ministro Ahmed acceder a la presidencia del país.

De tal manera que diferentes roces se sucedieron entre la región de Tigray y el Gobierno central pero todo estalló en las últimas elecciones federales. En agosto estaba previsto que se celebraran las elecciones parlamentarias y regionales del país. Sin embargo,  se decidió atrasarlas hasta que la pandemia de COVID-19 estuviera bajo control.

Así, el 10 de junio en la Cámara Alta del Parlamento se acordó extender todos los cargos públicos hasta las elecciones, que se celebrarían entre nueves meses y un año después de que la COVID-19 dejase de ser considerado una amenaza.

El TPLF denunció que Ahmed quería aferrarse al poder y decidió continuar con las elecciones regionales en Tigray. Unas elecciones no validadas por el Gobierno central de Ahmed y que para el Gobierno tigriño supuso que cualquier "decisión para suspender o poner cualquier otro obstáculo a las elecciones en Tigray, será una declaración de guerra", según recoge Europa Press.

Así, las cosas se pusieron más tensas cuando el Gobierno etíope culpó al Frente Popular para la Liberación de Tigray de ser los responsables del asalto a una base militar federal cerca de Mekele, la capital regional. Esto sentó el precedente para ofensiva militar contra Tigray.

Las consecuencias del conflicto van saliendo poco a poco a la luz y no solo la ONU está dispuesta a mandar ayuda humanitaria. La Unión Europea (UE) pensaba mandar 90 millones de euros pero finalmente se ha decidido postergar la entrega hasta que Etiopía cumpla las condiciones establecidas por la UE, entre las que se encuentran el restablecimiento de las comunicaciones en la región Tigray. Una amplia preocupación que se ve reflejada en las declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al afirmar que se están cometiendo graves abusos y violaciones de libertades fundamentales.