La política migratoria de Donald Trump de nuevo en el borde del abismo

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Maixa Rote

Pie de foto: Una niña salvadoreña, sentada en un autobús al salir de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) después de haber sido deportada de los Estados Unidos, en Ciudad Juárez, México, el 22 de junio de 2019. REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

Ha pasado más de un año desde que la política migratoria de “tolerancia cero” implantada por Donald Trump se diera de bruces contra la realidad administrativa y un juez federal ordenase su bloqueo. De este modo, ya no serían procesados todos los inmigrantes no registrados que cruzasen la frontera ni serían separados de sus hijos, sino solo en aquellos casos especiales en los que la seguridad del niño peligrase por antecedentes de delitos mayores en los progenitores. Sin embargo, parece que la ruptura entre familias continúa llevándose a cabo y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha presentado una moción por los más de 900 niños que el Gobierno de Trump ha apartado de sus padres, según ha comunicado este martes a través de su cuenta de Twitter.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan mantuvo que este tipo de separaciones son “extraordinariamente raras”, según las declaraciones recogidas por The Washington Post. Pese a ello, la ACLU denuncia que esta práctica se está realizando por presuntas ofensas menores que no justifican la división, como violaciones de tráfico. "El Gobierno está separando sistemáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la identificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos", aseveraban. De este modo, la situación de los menores inmigrantes continúa siendo uno de los puntos más polémicos de la administración del presidente y se ha convertido en un amplio foco de críticas al respecto. "Este tema ha llegado a una coyuntura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito", apunta el texto según EFE. 

Pie de foto: Un agente del Instituto Nacional de Migración (INM) habla con migrantes hondureños. REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

La cifra asciende a 911 niños que han sido separados desde que se bloqueara esta medida radical en junio de 2018, de los que más de la mitad (481) son menores de 10 años y 185 no tienen más de 5 años. Asimismo, el promedio de días que han permanecido en refugios ha sido 68, aunque algunos de ellos han llegado a cumplir los 300 días. Por otra parte, se han dado a conocer casos que ilustran las exigencias emitidas por la ACLU como el de un migrante al que le arrebataron a su hija cuando un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos aseguró que no le cambiaba el pañal. En otra ocasión, sucedió lo propio con un padre que sufría dificultades para hablar y no pudo responder con claridad a las preguntas formuladas por los agentes de Aduanas. Bajo este marco de los acontecimientos y ante la realidad de que el Gobierno no ha acatado el bloqueo que se emitió, ACLU ha llevado el documento a la Corte del distrito sur de California. Así, se plantea que los agentes federales de inmigración están dividiendo familias bajo criterios insuficientes y basados en delitos menores que no deberían considerarse factores de riesgo. "Están tomando lo que se suponía que era una excepción estrecha para los casos en que el padre era realmente un peligro para el niño y lo utilizan como una escapatoria para continuar la separación familiar", sentenciaba Lee Gelernt, abogado de la organización.

Pie de foto: Principales rutas migratorias hacia los Estados Unidos utilizadas por los migrantes mexicanos y centroamericanos. AFP/AFP

La controvertida “tolerancia cero” de Donald Trump

Tradicionalmente, el primer cruce ilegal de la frontera estadounidense se consideraba bajo anteriores gobiernos como una infracción administrativa. Sin embargo, una de las bases electorales del actual presidente Donald Trump era la de reaccionar a la inmigración no registrada con “mano dura”, lo que se materializó en una nueva medida fronteriza de “tolerancia cero”. El término, que inicialmente se asociaba con acciones violentas y políticas policiales duras, adquirió un significado totalmente nuevo y estas infracciones alcanzaron el grado de delitos federales, por lo que los indocumentados se enfrentaban directamente a procesos penales. Así pues, los menores que llegaban junto a sus padres eran considerados como no acompañados y pasaban a ser custodiados por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, según la información comunicada por la BBC. 

Pie de foto: Una familia de migrantes centroamericanos esquivó a la Guardia Nacional Mexicana y cruzó el Río Grande que separa a México de Estados Unidos antes de ser arrestados por la Patrulla Fronteriza. Photo/Jair Cabrera Torres/Agencia Le Pictorium a través de ZUMA/dpa

Frente a la controversia que sufrió esta nueva medida, la presión pudo con Donald Trump y se vio en la tesitura de revocar dichas acciones, por lo que aseguraba que "no me gustaba la imagen de ver a familias siendo separadas". Por esta razón, en junio de 2018 firmó una orden ejecutiva que bloqueaba esta práctica y, en apariencia, se frenaban los casos que tanta polémica habían generado para evitar que el futuro trajese consigo otros similares. No obstante, las afirmaciones de ACLU han evidenciado que no ha sido así y que el inmovilismo estadounidense en materia de inmigración vuelve a estar bajo la lupa de la opinión pública.