La reforma energética de López Obrador pone en jaque a los inversores
La agenda energética del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, busca cambiar la Constitución para blindar una reforma eléctrica que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa paraestatal, frente a la iniciativa privada. El plan genera una gran incertidumbre para las empresas privadas, actualmente responsables de la mayor parte de la producción energética de país, a la vez que preocupa a los inversores.
A principios de marzo de este año, se aprobó, por 68 votos a favor y 58 en contra en el Senado mexicano, modificar varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. El nuevo modelo de López Obrador busca privilegiar a la CFE frente a las plantas privadas, muchas de ellas renovables. Morena, el partido del presidente, ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de reforzar la eléctrica paraestatal, mientras que la oposición ha reivindicado que esto supondrá un freno para el desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica.
El objetivo manifiesto de la Reforma Energética es el mantenimiento de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos del subsuelo, así como modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex), que acumula una deuda de 100.000 millones de dólares, y a la CFE como empresas productivas del Estado. El propósito final consiste en conseguir una mayor autosuficiencia y dejar atrás el modelo de “exportar crudo e importar combustible”, por lo que recientemente se anunció la compra de una refinería de petróleo, Deer Park, por 600 millones de dólares. La planta también arrastraba una deuda de casi 1.000 millones de dólares.
La reforma pretende bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural, generar crecimiento económico en el país, así como aumentar la producción de petróleo; aunque el presidente ha llegado a admitir que realmente las razones que le mueven tienen poco que ver con la economía o la eficiencia energética y son eminentemente políticas. Llegando al ecuador de su mandato quiere dejar una huella en el sistema productivo mexicano, articulando el programa en torno a su principal consigna, “primero los pobres”.
Numerosos analistas y expertos en la materia se han posicionado en contra de la reforma. El abogado Leopoldo Olavarría, del despacho Norton Rose Fulbright, advierte de que el supuesto ahorro defendido por López Obrador es un espejismo. “El efecto último va a ser que los consumidores de energía mexicanos van a terminar pagando más por el suministro de energía, bien sean las industrias, bien sean el sector residencial o el turístico”. Según esta tesis, aunque los subsidios abaratan las tarifas de los pequeños consumidores, los industriales ven aumentados sus costos, lo que en última instancia repercute en la población.
El Consejo Global de Energía Eólica y el Consejo Solar Global dijeron en un comunicado conjunto: "El daño ya se ha hecho al entorno de inversión en energía renovable en los últimos dos años, con reformas de política nacional como este proyecto de ley que representa una amenaza inequívoca para la inversión del sector privado local y extranjero". Por lo que se prevé que, si la reforma sale adelante, ésta tenga un impacto negativo en la economía del país, el bolsillo de los consumidores y el medio ambiente.
En los resultados de las últimas elecciones legislativas Morena obtuvo 197 escaños, un 20% menos que en las elecciones pasadas, por lo que pactó con el Partido Verde y el Partido de los Trabajadores para sumar 279 escaños y sumar mayoría simple. Por este motivo, con ese número de escaños, no podrían llevar a cabo la reforma constitucional, ya que para llegar a la mayoría cualificada necesitarían 65 escaños más. Para aprobar las revisiones del texto constitucional, el presidente anunció que estaba dispuesto a pactar incluso con su archienemigo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para llevar a cabo el polémico plan que preocupa a los analistas por su impacto económico y ambiental.
Las dos iniciativas, la de la CFE y la de Pemex, quedaron atascadas en los tribunales por los recursos interpuestos por las compañías privadas perjudicadas. El plan, que de facto no ha entrado en vigor, se encuentra en un limbo, pero ya ha tenido repercusiones al sembrar incertidumbre sobre el futuro y desincentivar la inversión. Asimismo, la Reforma Energética ha sido rechazada por varias Cámaras de Comercio europeas y americanas, puesto que afecta a los intereses de España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos, Canadá y, especialmente, perjudica los intereses de Estados Unidos.
“Era nuestro país como una tierra de conquista y eso afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tanto abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al expresidente [Felipe] Calderón”, dijo el presidente. Ante estos comentarios, la empresa española anunció a finales de 2020 su intención de orientarse a otros mercados ante la hostilidad de la Administración mexicana.
El Gobierno de Joe Biden ha manifestado su inquietud por esta política energética en una reunión mantenida hace un mes entre representantes comerciales. Su aplicación incumpliría, además, el acuerdo entre ambos países y Canadá, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este tratado entró en vigor el 1 de julio de 2020, en el Capítulo 8 se reconoce que México “se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación nacional”, pero aun así estaría obligado a respetar las inversiones en energía del sector privado bajo el T-MEC.
La iniciativa apunta a uno de los pilares fundamentales de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013, el principio del “despacho económico”. Desde esta reforma, la CFE perdió el monopolio sobre la generación de energía y fue retrocediendo ante el avance de las energías renovables, cuya electricidad es en promedio más barata que la producida por la empresa paraestatal. Según el principio de despacho económico, las centrales más eficientes eran las primeras en subir su electricidad a la red. De esta forma, se favorecía a las energías renovables y a las centrales de ciclo combinado en manos privadas. Mientras tanto las hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE, con mayores costes de producción y más contaminantes, no tenían preferencia.
López Obrador considera que esta reforma otorgó “grandes privilegios” a las empresas privadas y que perjudicó gravemente a la CFE, ya que en ocasiones se impedía que vaciase su carga. La nueva reforma energética borra este principio, al igual que desaparece del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica la referencia a que “la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que se prestan en régimen de libre competencia”. Con el nuevo esquema, las centrales de la CFE, cuyas instalaciones están más obsoletas, serán las primeras en despachar. Además del impacto ecológico, esta reforma también tendrá su consiguiente impacto económico en el sector.
Como la capacidad eléctrica instalada es superior a la demanda, es probable que las plantas privadas, paradójicamente las más limpias y baratas, se queden sin poder despachar. Esto complicaría la sostenibilidad de las plantas renovables que en la actualidad abastecen el mercado eléctrico mayorista y amenazaría, potencialmente, con subir el precio de la luz. Ante el miedo generalizado a que las empresas privadas, actualmente responsables de la mayoría de la energía mexicana, quiebren, López Obrador asegura que la reforma “No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares. No, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares”.
Más allá del impacto ecológico, la medida podría repercutir sobre la seguridad energética mexicana. Israel Solorio, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a BBC News que "es positivo que el Estado trate de recuperar la rectoría del sector energético", pero advierte que "hay muchísimas críticas que hacerle a la reforma y cómo se hace, carente de una discusión social amplia". "Soberanía no es igual a seguridad energética”. La seguridad energética requiere una diversificación en las fuentes de energía, algo que actualmente no se contempla en la política de López Obrador. La diversificación de las fuentes de energía podría evitar situaciones como la que se produjo en febrero de este año, donde 4,7 millones de usuarios se quedaron sin electricidad.
