La muerte del ex primer ministro libanés en 2005 fue un duro golpe para un país azotado por las divisiones sectarias y políticas

La sentencia por el asesinato de Hariri divide a la sociedad libanesa

REUTERS/JAMAL SAIDI - Fotografía de archivo del primer ministro libanés Rafik al-Hariri habla durante una entrevista con Reuters en su casa de Beirut (Líbano), el 24 de marzo de 2002

La tensión se palpa en Líbano. El pesimismo se ha apoderado de cada rincón del país de los cedros, apenas dos semanas después de que una explosión en el puerto de Beirut acabase con la vida de más de 175 personas e hiriera a más de 6.000. La sociedad libanesa trata de recuperarse de este desastre, mientras la incertidumbre que rodea al veredicto del tribunal internacional que juzga el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri, no para de crecer. 

Era la mañana del 14 de febrero de 2005 cuando el ex primer ministro libanés Rafik Hariri murió al estallar un coche bomba al paso de su convoy en una calle del centro de Beirut. Quince años y medio después, Bahaa Hariri, empresario libanés e hijo de Rafik Hariri, ha pedido a los libaneses que mantengan la calma una vez que se desvele este veredicto. “Queremos saber la verdad sobre el asesinato, pero debemos proteger a Líbano”, ha señalado en un comunicado oficial, en el que además ha pedido a la población de su país que se mantenga “tranquila” y se abstenga de “reacciones de ira innecesarias”. 

PHOTO/AP - En esta foto de archivo del 19 de febrero de 2005, Bahaa Hariri, a la derecha, y Saad Hariri, hijos del ex primer ministro libanés asesinado Rafik Hariri, visitan el lugar donde su padre fue asesinado en Beirut, Líbano

El veredicto de este juicio podría exacerbar aún más las divisiones existentes en el país desde la guerra civil de 1975-1990. Hizbulá, una organización respaldada por Irán ha negado cualquier papel en el asesinato de Hariri y ha desestimado la acusación emitida por el tribunal con sede en los Países Bajos. El tribunal está juzgando desde 2014, a cuatro miembros del grupo libanés chií Hizbulá -Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Assad Hassan Sabra y Hussein Hassan Oneissi por supuestamente haber conspirado para cometer el ataque terrorista en el que murió Hariri y otras 21 personas.

Este tribunal aplazó la fecha en la que preveía dictar sentencia hasta el 18 de agosto, tras la catástrofe ocurrida en Beirut hace casi dos semanas. Los sospechosos juzgados in absentia se enfrentan a cargos de conspiración para la comisión del atentado, en el que murió Hariri y otras 21 personas, así como del intento de homicidio de los 231 heridos. Este martes y tras haber sido atrasado en varias ocasiones, la Corte pronunciará el fallo en el que declarará la inocencia o la culpabilidad de estas personas, aunque habrá que esperar para descubrir la pena a la que estarán condenados, en el caso de que así sea. 

Bahaa Hariri, quien regresó al escenario político libanés hace unos meses a raíz del movimiento de protesta lanzado el 17 de octubre, ha puesto en evidencia la necesidad de “librar al país de corruptos y de la clase política que organiza la destrucción programada del Líbano”, según declaraciones recogidas por L’Orient Jour. Este crimen constituyó un hito en la historia de Líbano y tuvo una gran repercusión en la realidad política del país. Quince años después, este juicio y la profunda crisis sanitaria que atraviesa este país han reabierto viejas heridas. 

“El ex primer ministro Saad Hariri viajará a la Haya para participar en la sesión del Tribunal Especial para el Líbano programada para este martes, en la que se anunciará el veredicto sobre Hariri y sus compañeros. Después del veredicto, el primer ministro    Hariri hará un comunicado sobre el fallo”, ha señalado a través de la red social Twitter. 

La muerte del ex primer ministro libanés fue un duro golpe para un país azotado por las divisiones sectarias y políticas, y en el cual sus fuerzas políticas estaban vinculadas en gran parte a países extranjeros. Los líderes de la oposición acusaron por aquel entonces a Siria de estar detrás del asesinato, pero Damasco negó cualquier relación con este incidente. 

Aumentan los casos de la COVID-19 tras la explosión
enfrenta a un aumento de los casos de coronavirus, los hospitales se están resquebrajando por la crisis financiera del país

El país de los cedros se enfrenta en este momento a otra crisis sin precedentes.  La situación de emergencia causada por el estallido en el puerto de Beirut dio lugar a un relajamiento de las medidas de precaución contra la COVID-19, provocando que el número de casos se haya disparado en los últimos días. El ministro interino de Sanidad Hamad Hassan ha dicho en una entrevista con la radio Voice of Lebanon que la situación de su supone un verdadero desafío.  “Declaramos hoy un estado de alerta general y necesitamos una decisión valiente para cerrar (el país) durante dos semanas”, ha agregado tras informar de que Líbano ha registrado en la jornada del domingo seis muertes y 439 nuevas infecciones. “Las cifras registradas en los últimos tiempos son impactantes y necesitamos medidas estrictas, porque la situación ya no es tolerable”, había advertido un día antes. 

PHOTO/AP - Los médicos que trabajan en una clínica móvil organizada conjuntamente por la ONG libanesa Amel Association International y Medecins du Monde (MDM) proporcionan atención médica el 11 de agosto de 2020 a los residentes del distrito de Karantina de Beirut

El ministro de Sanidad del Gobierno interino ha informado de que la mayoría de los hospitales de Beirut están llenos de pacientes infectados por la COVID-19. “Creo que la capacidad de los hospitales gubernamentales y privados en la capital en particular se ha convertido en algo difícil”, ha aseverado. “Hemos llegado al borde del abismo”, ha dicho refiriéndose a su recomendación de imponer un aislamiento general durante dos semanas para limitar la propagación de este patógeno. 

 PHOTO/REUTERS - El presidente del Líbano, Michel Aoun, en el palacio presidencial de Baabda, Líbano

Estas medidas suponen un reto para un país cuya economía esta colapsada desde hace unos meses. En este escenario, el juez libanés Fadi Sawan, a cargo de la investigación de la explosión del 4 de agosto en Beirut, ha anunciado su decisión de transferir el caso a la jurisdicción militar al no haber logrado que le asignasen un asistente judicial. Más de 10 días después de que tuviera lugar esta tragedia, la ira se ha desatado en esta pequeña nación. Aun así, su presidente, Michel Aoun, dijo este fin de semana que, si bien entendía el descontento popular, descarta dimitir porque eso generaría un vacío de poder.
 

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