Más de 200 organizaciones y entidades defensoras de los derechos humanos de la nación latinoamericana acusan a Bolsonaro de “liderar una política genocida” en las cárceles del país

La silenciosa masacre que azota las cárceles de Brasil

photo_camera AFP/CHICO BATATA - Fotografía aérea que muestra a los reclusos en la cima de las torres de la prisión de Puraquequara durante una rebelión para exigir mejores condiciones dentro de la prisión en Manaus, Estado de Amazonas, Brasil, el 2 de mayo de 2020

“El aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final, solo tu propia mente, que a veces resulta engañosa”, escribía el activista Nelson Mandela durante su estancia en la cárcel de Robben Island, sin ser consciente de que varias décadas después los prisioneros de cárceles como las de Brasil tendrían que enfrentarse a una crisis sanitaria sin precedentes provocada por un virus que ha sido capaz de cambiar el orden mundial, tal y como lo conocíamos hasta ahora. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han recibido una queja formal elaborada por más de 200 organizaciones y entidades defensoras de los derechos humanos contra el Gobierno de Jair Bolsonaro, al que acusan de descuidar la situación de la pandemia en las cárceles y de liderar “una política genocida”. 

Las 213 organizaciones y entidades que firman el documento han presentado esta queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano vinculado a la Organización de Estados Americanos (OEA), así como ante la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Estas instituciones temen que la pandemia del coronavirus cree el escenario adecuado para la práctica de desapariciones forzadas. 

Los reclusos están exigiendo mejores condiciones dentro de la prisión, que se han deteriorado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establece que estas se producen siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”. 

“Todavía no hemos llegado a la cima en la curva de contagios. Sin embargo, nos preocupa que los diversos casos no registrados y la falta de transparencia permitan la práctica de la desaparición masiva de personas en el sistema penitenciario brasileño”, han advertido estas organizaciones en un comunicado oficial que ha sido recogido por el diario brasileño UOL. Según la denuncia presentada ante la ONU, “hay un empeoramiento de la situación en las cárceles brasileñas, debido a la propagación acelerada de la pandemia de la COVID-19”. 

En este contexto, estas instituciones han pedido a la ONU que cuestione al estado brasileño sobre la ausencia de medidas de emergencia  para controlar el crecimiento exponencial en el número de muertes en las cárceles. “Con las medidas de incomunicabilidad sistemática y la falta de una política seria y responsable, el Estado brasileño está profundizando en su política colonial y genocida poniendo en peligro la integridad física y la vida de casi un millón de personas”. 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro

“Este escenario profundiza la angustiosa sensación de esperar a la muerte entre rejas y pone en evidencia la práctica de la tortura y el trato degradante, inhumano y cruel hacia los prisioneros. Además se ve agravado por la situación en la que viven estos presos. Una encrucijada en la que pueden morir de hambre, de tuberculosis o de coronavirus”, han afirmado en este comunicado en el cual instan al Estado brasileño a asumir la gravedad de la situación y a “reconocer la humanidad de las personas que están encarceladas”. “Corresponde al Estado brasileño garantizar vidas y está prohibido decretar sentencias de muerte generalizadas y sistemáticamente crueles”, han agregado. 

Brasil es considerado el tercer país con más reclusos en el mundo – unos 750.000 presos-- detrás solo de Estados Unidos y China. De acuerdo con esta denuncia, las tasas de mortalidad por este patógeno en las cárceles ya son más altas que las cifras fuera de prisión. “La situación se vuelve aún más crítica con el hallazgo del Departamento Penitenciario Nacional de que dentro de los muros de la prisión la letalidad por coronavirus es cinco veces mayor que la de la sociedad contagiada en el exterior. Además, la primera muerte dentro de las cárceles ocurrió nueve días después de que se registrase el primer caso confirmado, mientras que en la población general tuvo lugar 20 días después. En otras palabras, dentro de la prisión, las personas mueren casi el doble de rápido que en el exterior”, han alertado las entidades. 

Asimismo, en este documento las ONG critican la imprecisión y la desactualización de los datos, haciendo hincapié en que esta situación no solo afecta a los presos, sino también a sus familias. “Es esencial que se tomen medidas urgentes para revertir esta situación, especialmente en un país donde las desapariciones forzadas forman parte de la realidad local”, han subrayado. “La política penitenciaria brasileña se mueve en una dirección diametralmente opuesta a las decisiones de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, ya que no ha dejado en libertad a personas que están en riesgo y tampoco ha tomado medidas necesarias para contener la propagación del virus”, dice el documento al que también ha tenido acceso la agencia de noticias EFE. 

Familiares de internos esperan información frente a la prisión de Puraquequara en Manaus, Estado de Amazona, Brasil, el 2 de mayo de 2020, durante la pandemia del coronavirus COVID-19

El periódico brasileño UOL Noticias ha explicado que los datos recopilados en la denuncia muestran el “grado de negligencia” del estado con respecto a la situación en las cárceles. Según estas cifras, en promedio, el 31 por ciento de las unidades carcelarias no tienen cobertura de salud. “Hay un médico por cada 687 prisioneros, mientras que en el exterior hay un médico por cada 460 personas. Por lo tanto, alrededor de 456 cárceles del país no tienen asistencia médica”, han incidido. 

La pandemia, el hacinamiento y la inestabilidad que caracteriza estos lugares ha creado el caldo de cultivo perfecto para la aparición de rebeliones en lugares como Goiás, Pernambuco, Sao Paulo o Amazonas. “Estas cuatro rebeliones tienen características similares que revelan la extrema fragilidad institucional de las cárceles brasileñas. La enfermedad, el dolor y el miedo a la muerte sin asistencia son las razones que llevaron al estallido de estas protestas. Cabe señalar que tales levantamientos por parte de la población carcelaria suelen ser objeto de una represión severa de las fuerzas de seguridad, lo que aumenta nuestra preocupación por las violaciones que se hayan podido cometer en este periodo, dado que no ha sido posible tener información precisa sobre el volumen de las posibles prácticas de tortura y malos tratos empleadas por estas instituciones al contener los disturbios”, señalan las más de 200 ONG encargadas de escribir este documento. 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

A finales del mes de marzo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los gobiernos de distintos países a reducir la población reclusa y sacar de prisión a los presos “más vulnerables”. Por aquel entonces la ONU ya advertía de que el coronavirus había empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos. “La crisis de salud estructural en el sistema penitenciario brasileño se ve agravada por el hacinamiento, la baja calidad nutricional de los alimentos, la presencia significativa de enfermedades infecciosas, el bajo numero de profesionales en las diversas áreas de asistencia social o seguridad. Todo ello han convertido las prisiones en una especie de olla de presión a punto de explotar”, han aseverado en este comunicado. 

Las más de 200 entidades firmantes han presentado también una lista de solicitudes con la esperanza de que, con la acción internacional, el Gobierno de la nación latinoamericana se haga responsable de esta crisis. Así, en primer lugar han pedido que se publique información veraz sobre la grave situación de las personas privadas de libertad en prisión. En segundo lugar, que se celebre una reunión con algunos de los máximos representantes de organizaciones de derechos humanos como Michelle Bachelet, para profundizar en el diálogo sobre la situación de las personas encarceladas en Brasil. 

Por otro lado, estas organizaciones exigen al Poder Judicial que preste más atención a la gravedad de la situación, evaluando las solicitudes de libertad presentadas, de acuerdo con las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Además se han dado una serie de recomendaciones al Estado brasileño como que nombre un experto independiente para analizar las muertes de personas privadas de libertad, así como que apuesten por la transparencia de los datos o que se ponga fin a la imposición de un régimen de incomunicabilidad en las unidades penitenciarias, según el documento al que ha tenido acceso el diario UOL.  Brasil ha registrado 1.374 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el número total de víctimas de esta enfermedad en la nación latinoamericana asciende a  52.645 , mientras que el número de infectados suma 1.145.906. 

Más en Sociedad