La UE decide suspender el envío de navíos de la operación Sofía por desacuerdo en desembarcos

Raúl Redondo

Pie de foto: AFP PHOTO/ANDREAS SOLARO

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron prorrogar otros seis meses la operación naval Sofía contra mafias migratorias en el Mediterráneo central, pero suspendieron temporalmente la participación de buques por desacuerdos respecto al desembarco de personas rescatadas.

"Hasta ahora, no se ha encontrado una solución sobre la cuestión del desembarco y los Estados miembros han decidido extender el mandato de la operación Sofía durante seis meses, con una suspensión temporal de sus activos navales mientras los Estados miembros siguen trabajando en una solución relacionada con los desembarcos", anunció la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic.

Así lo decidieron los Estados miembros después de que el pasado 21 de diciembre llegaran ya a una solución de emergencia para prolongar tres meses, hasta el 31 de marzo, el mandato de Sofía, que expiraba a finales de 2018.

Italia había mostrado sus reticencias respecto a la continuidad de la misión Sofía al solicitar una alternativa a que los buques de esta operación que rescaten a inmigrantes en el mar los lleven a puertos italianos para desembarcar allí, a pesar de que las últimas cifras, según fuentes comunitarias, apuntan a que las llegadas de estas personas son mínimas en los puertos italianos.

Algo a lo que ya se refirió en su día Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior español, quien hizo en su día una llamada a la solidaridad a sus homólogos europeos para hacer frente a la llegada de migrantes al continente europeo, entendiendo que la zona del Mediterráneo occidental soporta más carga de llegada de migrantes que el ámbito del Mediterráneo central, en el cual se sitúan otras naciones, como Italia o Malta, y pidiendo una política común de acogida con un reparto equitativo de migrantes rescatados en todo el arco del Mediterráneo.

Finalmente, Italia acabó cediendo a la presión de sus socios europeos para ampliar otros seis meses el mandato de la operación Sofía contra las mafias de inmigrantes en el Mediterráneo central, que espiraba el 31 de marzo, bloqueando el despliegue de cualquier barco de la misión.

A finales del año pasado, el número general de rescatados por esta misión representaba sólo el 9 % de todas las personas salvadas en el Mediterráneo, según datos ofrecidos por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Además, las últimas estadísticas de la Comisión Europea indican que las llegadas a Italia cayeron un 80% en un año a través de la ruta del Mediterráneo central.

Kocijancic manifestó que tanto la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, como los Estados miembros, mantienen que la operación Sofía, "es una parte esencial del trabajo de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los traficantes y mejorar la seguridad marítima y estabilidad general en el Mediterráneo central".

La portavoz comunitaria de Exteriores señaló que “la operación Sofía es una misión marítima y que sin activos navales no podrá implementar su mandato eficazmente, pero la decisión ha sido tomada por los Estados miembros”. La propia portavoz explicó que este acuerdo “deberá convertirse ahora en una decisión del Consejo de la UE antes de fin de mes, el 31 de marzo”. "Una vez hecho eso, el comandante de la operación seguirá las instrucciones de los Estados miembros adoptadas a nivel del Comité Político y de Seguridad de la UE, y suspenderá temporalmente el despliegue de activos navales", apuntó.

Según indicó, el Servicio Europeo de Acción Exterior tomará medidas "para reducir los efectos que implicará la suspensión, pero está claro obviamente que el mandato no se podrá implementar totalmente durante la extensión de la operación".

La portavoz afirmó que "todas las demás partes del mandato permanecen sin cambios", incluyendo su "tarea central" de combatir el modelo de negocio de los traficantes, contribuir al embargo de armas decretado por la ONU a Libia y a la formación de sus guardacostas.

Oficialmente denominada Operación EUNAVFOR Med Sofía y con sede operativa en Roma, es una misión multinacional liderada por la UE que se lanzó el 22 de junio de 2015 y cuyo mandato se ha ido renovando desde entonces. Cuando la operación fue puesta en marcha, su misión era combatir las redes de tráfico de personas, pero en junio de 2016 y julio de 2017 fue ampliada, incluyendo tareas como la aplicación del embargo de armas de la ONU en aguas libias y la recopilación de información del tráfico ilegal de petróleo desde Trípoli. La búsqueda y rescate no es parte del mandato de la operación Sofía, pero es una obligación legal de los marineros de acuerdo con las convenciones marítimas de la ONU.

Respecto a Libia y la materia migratoria, tras las últimas denuncias de abusos sexuales a migrantes en su territorio, Kocijancic dijo que "las violaciones de derechos humanos y las condiciones inhumanas de refugiados en centros de detención son completamente inaceptables". Señaló que "llevamos trabajando varios años en Libia para dar protección a las personas que lo necesitan", aunque admitió que "hay que hacer mucho más", en cooperación con socios sobre el terreno como la ONU y su alto comisionado para los Refugiados (ACNUR).

ONGs contrarias a la decisión sobre la operación Sofía

ONGs critican la última postura de la UE sobre la suspensión del envío de barcos en el marco de la operación Sofía. En este sentido, Amnistía Internacional lamentó que los países del bloque comunitario hayan “abdicado de sus responsabilidades” debido a la reducción de esta misión contra las mafias migratorias en el Mediterráneo central, en la que han suspendido temporalmente la participación de barcos.

"Es una escandalosa abdicación de las responsabilidades de los gobiernos de la UE", indicó en un comunicado el investigador sobre Migraciones de esta ONG, Matteo de Bellis, quien criticó que la UE sólo continúe la misión con vigilancia aérea. Agregó que los socios comunitarios "no dejan a nadie para salvar las vidas de mujeres, hombres y niños en peligro" en el mar. Según De Bellis, los países de la Unión sí que mantendrán vigilancia aérea "para alertar a los guardacostas libios cuando localicen a refugiados y migrantes en el mar, para que los puedan llevar de vuelta a Libia". Todo ello, según este investigador, "a pesar de saber que la gente allí es detenida arbitrariamente y expuesta a tortura, violaciones, asesinatos y explotación". "Esta vergonzosa decisión no tiene nada que ver con las necesidades de la gente que arriesga sus vidas en el mar y mucho que ver con la incapacidad de los gobiernos europeos de acordar una manera de compartir responsabilidades", añadió.

 

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