La Unión Europea y España ante la migración en 2020

El número de migrantes en situación irregular detectados en las fronteras exteriores de la UE fue en 2019 el más bajo desde 2013, según la Agencia Europea de Fronteras
Inmigración

AP PHOTO/JAVIER FERGO  -   Migrantes sentados en un bote de goma después de que Proactiva Open Arms, una ONG española, los viera y rescatara en el Mar de Alborán, a unos 64 kilómetros de la costa española, el jueves 11 de octubre de 2018.

El debate migratorio sigue copando una parte cuantitativa de la agenda política europea y española. Mientras que su impacto político o económico se seguirá debatiendo en los próximos años, el negocio de las redes migratorias en el norte de África, y en el este de Europa, permanecerá como uno de los mayores problemas de sociales a los que se enfrenta la Unión Europea. Ello se produce en un contexto actual en el que el nuevo Ejecutivo de la Unión, bajo la presidencia de Ursula Von der Leyen, intenta impulsar de nuevo una Europa social bajo el, supuesto, enfoque de liderar una legislatura socioambiental. 

La presión es máxima, especialmente tras la reciente investigación periodística de la agencia AP que denunciaba que de los cerca de 380 millones de euros de fondos de la UE destinados a Libia en los últimos años “enormes sumas de dinero europeo han sido desviadas a redes entrelazadas de milicianos, traficantes y miembros de la guardia costera que explotan a los migrantes”. 

Los datos migratorios, que ilustran un fenómeno que está aquí para quedarse al ser un elemento más del proceso de globalización y de definición del nuevo orden internacional, son la mejor ilustración de la situación. Hasta 32,513 personas migrantes llegaron a España, por mar y por tierra, en 2019 lo que supone un descenso considerable del año anterior cuando llegaron 65,383 migrantes (de enero a diciembre de 2018), según datos de Acnur. Las llegadas a España a través de la ruta del Mediterráneo occidental, que fueron principalmente de marroquíes, guineanos y argelinos, han sido las que han registrado un mayor descenso en la Unión Europea. 

Estas tendencias están en sintonía con la reducción en el número de migrantes en situación irregular detectados en las fronteras exteriores de la UE que en 2019 fue el más bajo desde 2013, según informó recientemente la Agencia Europea de Fronteras (Frontex). Cabe recordar que en la UE los países con fronteras exteriores son responsables exclusivos de su control, pero dicha agencia coordina las operaciones marítimas. Frontex registró unas 139.000 entradas irregulares de migrantes que trataban de llegar a suelo europeo, un 6% menos que en el 2018 y un 92% menos que en el 2015, cuando se llegó a la cifra récord de 1.800.000 personas. A modo de comparación, 139.000 personas suponen el 0,02% de la población de la UE.

Los motivos de la caída en el número de personas migrantes que han llegado en situación irregular a España, un 58% de llegadas por la ruta occidental, son varios. Abarcan desde el buen estado de la cooperación y coordinación de Marruecos con España en materia migratoria, la UE concedió cerca de 140 millones de euros a Marruecos para que intensifique su control fronterizo, al hecho de que la ruta del Mediterráneo central, hacia Italia y Malta, haya vuelto a ser utilizada con más asiduidad por las redes migratorias para enviar a suelo europeo a migrantes irregulares, pese a también haber descendido en un 41% en comparación al año anterior, hasta 14.000 personas.

Mientras tanto, la conocida como ruta del Mediterráneo oriental, que parten de Turquía con destino a Grecia o Chipre, repuntó de manera significativa el año pasado: de 2018 a 2019 aumentaron un 46% las llegadas de inmigrantes irregulares por esa ruta hasta 82.000 personas. Este hecho se ha producido por la deterioración de la situación en Oriente Medio, son migrantes irregulares llegados principalmente de Afganistán y Siria, y en gran parte por el empeoramiento de las relaciones entre la UE y Turquía. Los centros de detención en la isla de Moria es el mejor ejemplo de ello. 

Solicitantes de asilo en España 

Mientras tanto, el panorama cambia respecto a los datos de solicitudes de asilo en España. En 2019 hubo 118.264 solicitantes de asilo, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un 53% más respecto a 2018. El principal lugar de origen de las personas que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva en España es América Latina: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, en este orden, que suponen más de la mitad de las solicitudes de protección internacional. Este hecho ilustra, un año más, que la principal entrada de una parte importante de los solicitantes de asilo que continúa siendo los aeropuertos españoles.

Curiosamente, la práctica totalidad de solicitudes de protección internacional por parte de venezolanos son admitidas algo que no sucede con las personas de origen centroamericano. En total, casi la mitad de todas las solicitudes son mujeres.

Los retos que existen 

El reto migratorio ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema de asilo de la Unión, y de España en particular, en los últimos años. Desatascar el sistema de acogida de solicitantes de asilo y la búsqueda de una solución ante el colapso del sistema de acogida para solicitantes de asilo, es una de las prioridades del nuevo gobierno español. Es una competencia del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, bajo el ministro José Luis Escrivá. En esa línea, destaca el nombramiento esta semana de Hana Jalloul como la nueva secretaria de Estado de Migraciones, que dependerá de dicho ministerio. 

Jalloul, experta en derecho internacional y terrorismo, tiene varias prioridades sobre la mesa. El ministro Escrivá plantea que las todo plan y proyecto se englobe dentro de una política migratoria de largo plazo. Entre ellos destacan la falta de recursos de acogida en las islas Canarias por el repunte de llegadas de pateras en los últimos meses; la saturación de los centros de estancia para inmigrantes en Melilla, y también en Ceuta; y la acogida de los miles de solicitantes de asilo que se prevé que continúen llegando por los aeropuertos.

La incorporación del nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones también ha traído un nuevo enfoque a la hora de enfocar el debate migratorio ya que considera la migración, legal y ordenada, es una oportunidad para garantizar la sostenibilidad del sistema de las pensiones. El ministro Escrivá ha asegurado en las últimas semanas que España, al igual que la UE, tendrá que recibir a millones de inmigrantes (ha llegado a hablar de ocho a nueve millones en tres décadas en el caso de la UE) para mantener el nivel del mercado de trabajo debido al envejecimiento de la población, un fenómeno que se produce a nivel continental.  

El ministro ha citado los estudios de expertos en la materia que consideran que España necesitará una media de 270.000 inmigrantes anuales de aquí al año 2050 para contrarrestar el proceso de envejecimiento de la población. Escrivá ha llegado a admitir que no hay un consenso político suficiente para llevar adelante esta estrategia en todos los países de la UE, pero que España se halla en mejor posición, algo que quiere aprovechar durante su estancia en el actual Ejecutivo español.

Para España aumentar la población inmigrante no debería ser una tarea complicada ya que, según el propio ministro, en España convergen todas las formas de migración (la de origen, la de tránsito, la de destino, la estacional y la de retorno). Lo que si costará más es promover vías legales para la entrada de extranjeros como medida de solución para el sostenimiento del sistema de pensiones.

A nivel europeo, desde hace meses se plantea la revisión de las normas de Dublín, que determinan el país de la UE responsable del procesamiento de las solicitudes de protección internacional, generalmente el primer país de la UE en el que el solicitante ha entrado. Los gobiernos de la UE no han llegado a una posición sobre las propuestas de cambios y mejorías, por lo que las conversaciones aún no han comenzado entre el Parlamento y el Consejo, pero es una de las prioridades de la legislatura de Ursula von der Leyen. Hay un consenso generalizado de que el sistema de Dublín produjo un aumento de la presión sobre países fronterizos de entrada a la UE, como España, Italia y Grecia. Estos países han estado muy expuestos a la crisis migratoria por lo que hoy buscan que cada Estado miembro participe en la reubicación de los refugiados. 

La UE, al igual que España, espera establecer una distinción más nítida entre los migrantes regulares de los refugiados, a la par que garantizar un trato justo y equitativo a los solicitantes de asilo. Mientras tanto, la gestión de la inmigración ilegal sigue siendo otro frente abierto en el seno de la Unión, algo que está encaminado hacia un control más estricto de las fronteras y en un sistema más eficaz de recogida y almacenamiento de información sobre las personas que entran en la UE. Además, la Unión ha adoptado medidas para ayudar a los migrantes a integrarse en las sociedades de sus nuevos países de origen a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración, creado para el período 2014-2020 con un total de 3.137 millones de euros (una parte de ellos destinados a Libia), que promueve la gestión eficiente de los flujos migratorios y la implementación y el fortalecimiento de un enfoque común de la UE sobre asilo e inmigración.

En los últimos años las fronteras exteriores de Europa han visto un descenso del número de refugiados y migrantes irregulares que desean entrar en la UE desde el pico de la crisis hace casi cinco años. Pese a ello los discursos antiinmigratorios se siguen utilizando con fines partidistas e ideológicos a la par que las percepciones se siguen alejando de lo que dicen los datos. Es por lo que la agenda política española y europeo está ante una oportunidad de adelantarse a la situación migratoria de los años venideros y tomar la delantera en uno de los principales problemas globales.