La violencia se vuelve a desatar en las calles de Irak
La plaza Tahrir de Bagdad ha vuelto a ser el escenario de protestas multitudinarias contra el Gobierno iraquí. En esta ocasión, los iraquíes han salido a las calles para exigir justicia por todos los manifestantes y activistas asesinados desde las manifestaciones que comenzaron en 2019. Según el Alto Comisionado Iraquí para los Derechos Humanos (IHCHR), casi 600 manifestantes y 35 activistas han sido asesinados en los últimos tres años. Por otra parte, los ciudadanos continúan pidiendo democracia y acusando al Gobierno de corrupto.
“Queremos deshacernos de los partidos en el poder, queremos libertad real, democracia y hacer cambios radicales en el sistema”, declaró un joven estudiante a Al-Jazeera. No obstante, estas marchas han unido a gente de todas las edades y grupos sociales. Hombres y mujeres mayores también han salido a protestar contra el poder político. “Mi hijo no tiene futuro, mi país no tiene futuro”, señala un hombre de avanzada edad. “Soy viejo, mi vida se acabó, pero quiero un futuro para esta generación”, agregó al medio qatarí.
El detonante de estas protestas fue el asesinato del activista Ihab Jawad al-Wazni el 9 de mayo en la ciudad de Karbala. Familiares y otros activistas llamaron a la población a manifestarse por el fin de la impunidad contra estos crímenes. Desde que comenzaron las marchas antigubernamentales se han producido al menos 2 muertes y más de 150 personas han resultado heridas. El Observatorio de Derechos Humanos de Irak ha denunciado la brutalidad policial asegurando que “las fuerzas iraquíes utilizan una violencia excesiva contra los manifestantes”. La ONG ha alertado también sobre el alto número de personas torturadas desde 2019. Ali al-Bayati, alto comisionado iraquí para los Derechos Humanos, reiteró las palabras del Observatorio, subrayando la “violencia sistemática” contra los activistas y manifestantes. Por otra parte, desde el Ejecutivo iraquí han anunciado que se abrirá “una investigación trasparente sobre lo ocurrido en la Plaza Tahrir”. Asimismo, han asegurado que apoyan “la libertad de protesta pacífica”.
En octubre los iraquíes están llamados a las urnas, aunque muchos manifestantes han decidido no votar y piden un boicot a las elecciones. “Mientras los grupos armados tengan el poder no participaremos”, aseguran. Muchos ciudadanos consideran que hay milicias armadas conectadas a las formaciones políticas que matan a figuras de la oposición como activistas. En Karbala, ciudad Al-Wazni, un movimiento de protesta popular ha anunciado que boicoteará los comicios de octubre. “No permitiremos que se celebren elecciones mientras haya armas por todas partes y en medio de continuos asesinatos”. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apoyo y envío de observadores para celebrar las elecciones. Barham Saleh, el presidente iraquí, ha hablado con António Guterres, secretario general de la ONU, para pedir supervisión internacional durante los comicios.
La ONG Human Rights Watch (HRW) advierte de la posible baja participación ciudadana y culpan a las autoridades de que los iraquíes no vayan a las urnas. “El clima de miedo que han creado las autoridades limitará la capacidad de los iraquíes que han estado pidiendo cambios para participar en las próximas elecciones parlamentarias”, señala un informe.
Estas protestas forman parte de la llamada “Revolución Tishreen”, unas manifestaciones que comenzaron en 2019 y que recuerdan mucho a la Primavera Árabe. Las calles iraquíes gritan lemas a favor de democracia, derechos humanos y en contra del Gobierno, la corrupción y la situación económica. Irak lleva años sumido en una precaria crisis social y económica. La invasión estadounidense y las posteriores guerras han afectado todos los sectores del país. Por otra parte, los ciudadanos acusan a los gobernantes de corrupción en lugar de arreglar la situación. De acuerdo con el índice de Transparencia Internacional, Irak se encuentra entre los países más corruptos el mundo. Recientemente, Barham Saleh reveló que desde 2003 se habían sacado de Irak 150.000 millones de dólares de manera fraudulenta. “Esos fondos ilegales eran suficientes para mejorar la situación del país”, declaró Saleh. Por este motivo, ha impulsado una ley para combatir la malversación de fondos. De acuerdo con la nueva normativa, todas las transacciones mayores de 500.000 dólares serán examinadas, al igual que las cuentas bancarias que han albergado más de 1 millón de dólares.
