Español
Francés
English
Disparos, explosiones, humo y cenizas. Trípoli ha vuelto a convertirse en un campo de batalla y un infierno para sus habitantes. La violencia se apoderó de la capital de Libia en un escenario marcado por el dilatado bloqueo institucional y la falta de soluciones políticas. El diálogo, impracticable, ha dado una nueva oportunidad a las armas. Las partes consideran que solo la fuerza puede resolver el rompecabezas del país norteafricano, y el control de Trípoli se antoja crucial para dominar el resto del territorio.
Los enfrentamientos protagonizados por los grupos armados vinculados al Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, y los leales al Ejecutivo paralelo, con sede en Misrata, han dejado un reguero de sangre en la capital. Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas en una serie de enfrentamientos registrados el pasado sábado, según los datos del Ministerio de Salud. Las nubes de humo negro, los vehículos carbonizados y las marcas de balas en las paredes inundaron Trípoli.
El último estallido de la violencia en la capital se produjo hace apenas unas semanas, cuando las milicias próximas al primer ministro del Gobierno paralelo, Fathi Bashagha, intentaron sin éxito irrumpir en Trípoli, el bastión del Ejecutivo de Abdul Hamid Dbeibé. Los combates se saldaron con 13 víctimas mortales. Bashagha pretendía derribar entonces al Gobierno auspiciado hace un año por la ONU, al que considera amortizado por haber incumplido los plazos establecidos en el Foro del Diálogo Político Libio (FDPL).
En esta ocasión, la intentona de Bashagha, quien fuera ministro del Interior durante el Gobierno de Acuerdo Nacional de Fayez al Sarraj, era más ambiciosa. La milicia de Haithem Al Tajouri, el grupo armado más fuerte de los que operan en la capital, y la Fuerza Nawasi, anteriormente vinculada con el Ejército Nacional Libio del general Jalifa Haftar, desencadenaron los combates siguiendo las órdenes del primer ministro paralelo. Las Fuerzas Especiales de Disuasión (SDF, por sus siglas en inglés), la milicia de corte islamista, defendieron el enclave en respaldo del Gobierno de Dbeibé.
La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), que había elevado la voz de alarma por temor a nuevos enfrentamientos, denunció que se habían producido bombardeos “indiscriminados” en áreas residenciales y en el centro de la ciudad, densamente poblada. Cada barrio tenía su propia línea del frente y centenares de tripolitanos quedaron atrapados por el fuego cruzado. Uno de los fallecidos fue el conocido Mustafa Baraka, un joven humorista que se dedicaba a subir vídeos en redes ridiculizando la violencia armada y la corrupción.
El clímax de la violencia se alcanzó en la tarde del sábado, pero los últimos conatos de violencia fueron remitiendo horas después. Los grupos armados leales al Gobierno de Unidad Nacional tomaron con la ayuda de drones el último reducto de las milicias enemigas, que se retiraron a la periferia de la capital. El domingo, Trípoli despertó en medio de una calma tensa. Los ciudadanos recuperan cierta normalidad a la espera de un nuevo estallido violento.
La escena recordó a la ofensiva sobre Trípoli lanzada en 2019 por Haftar. La conocida como Operación Dignidad tenía como objetivo someter a la capital y acabar con el Gobierno de Al Sarraj, predecesor del Ejecutivo de Dbeibé. Esta vez, Bashagha hizo lo propio a una escala mucho menor, reduciendo el conflicto a nivel tripolitano sin involucrar a fuerzas extranjeras. Erró su segundo intento, pero es poco probable que se detenga a pesar de sus últimas declaraciones, en las que se ha comprometido a renunciar a la violencia en su acción política.
Sin embargo, la Fiscalía militar de Libia, dependiente de Dbeibé, ordenó la restricción para abandonar el país a Bashagha y al general Osama al Juwaili, la cabeza visible de las milicias leales al primer ministro paralelo.
La transición parecía encarrilada en julio de 2021 con el nombramiento del desconocido empresario de Misrata, Abdul Hamid Dbeibé. Este sería el encargado de pilotar el Gobierno de Unidad Nacional hasta la celebración de elecciones generales en diciembre. Sin embargo, las autoridades de Trípoli se mostraron impotentes a la hora de acordar los términos con la administración del este, con sede en Tobruk. El plazo venció sin haber cumplido las prerrogativas de Naciones Unidas.
El bloqueo institucional se recrudeció en febrero con el nombramiento de Fathi Bashagha como primer ministro a manos del Parlamento de Tobruk. El organismo legislativo, inconsistente colaborador y después firme opositor de las instituciones creadas en marco del FDPL, consideró que el mandato de Dbeibé había expirado y aprobó sin base legal la conformación de un nuevo Gobierno. Bashagha, aliado con la administración del este, estableció su bastión en la ciudad de Sirte, desde donde amenaza a nivel interno y externo el liderazgo de Dbeibé.
