Las claves de la condena de la periodista marroquí Hajar Raissouni
Hajar Raissouni, periodista marroquí de 28 años, ha sido condenada por el Tribunal de Primera Instancia de Rabat a un año de cárcel por los delitos de aborto y práctica de relaciones sexuales extraconyugales. A su pareja, un hombre de nacionalidad sudanesa, le ha sido aplicada la misma sentencia. El anestesista que asistió al médico en el aborto, un hombre de 83 años, ha sido condenado a un año de libertad condicional, mientras que la asistenta de la clínica donde se produjeron los hechos, a ocho meses (su sentencia está en suspenso).
Por otro lado, el médico que le practicó el aborto, un profesional de 69 años de reconocido prestigio en la ciudad de Rabat, ha sido condenado por la misma corte a dos años de prisión y otros dos más de prohibición de ejercicio de la profesión médica.
La deontología médica actual en Marruecos se suscribe a la ley de 1962 y solo permite el aborto en los casos en los que el marido lo autorice, la vida de la madre corra peligro y además su marido o bien el médico del Ayuntamiento autoricen dicho aborto. Y todo ello amparado en el matrimonio.
La joven de 28 años y su prometido han negado los cargos contra ellos y se han declarado inocentes, mientras que el equipo médico ha reconocido que se trataba de un aborto.
Uno de los abogados de Hajar, Raissouni, Abdelmoula Marouri, ha informado a la agencia Efe que tienen previsto apelar la sentencia en cuanto dispongan de una copia del veredicto, dado que, a su juicio -y en el de otros letrados que llevan el caso-, con las pruebas médicas y justificantes que presentaron tendría que haber sido suficiente para la absolución de los condenados.
El juicio ha suscitado mucha controversia en la sociedad marroquí, en la que se pone hoy en duda más que nunca la falta de complementariedad que tienen las leyes y la sociedad. No en vano, en el año 2018, 14.503 personas fueron perseguidas por haber mantenido relaciones sexuales sin estar casadas, 3.048 fueron juzgadas por adulterio y 170 por homosexualidad. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos aseguran que la sentencia viola la Constitución de Marruecos, así como convenciones internacionales ratificadas por el país norteafricano.
El Código Penal del país magrebí es tachado por los sectores progresistas de arcaico y de estar excesivamente influido por la ley islámica. Pese a que, sobre el papel, esta no tiene un peso excesivo en el ordenamiento jurídico marroquí, ejerce de facto una gran influencia sobre las libertades públicas en el país, al negar la libre decisión de los marroquíes sobre sus cuerpos.
Para comprender el caso de Hajar Rissouni hay que hacer referencia a la formación política islamista que ostenta el poder gubernamental, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD), cercano a los Hermanos Musulmanes egipcios y a su aliado turco. El partido cuenta por victorias las dos últimas elecciones. Sin embargo, en el curso de sus dos mandatos al frente del Gobierno las libertades individuales y públicas y los derechos de las mujeres han sido más cuestionados como faltos de principios democráticos.
La formación tiene posiciones ultraconservadoras y extremó desde el primer momento la ilegalización de las relaciones sexuales extramatrimoniales, lo que hoy en día las asociaciones feministas y pro-derechos humanos y otros partidos políticos de la oposición lo consideran un retroceso basándose los últimos estudios y análisis de sus Proyectos de Ley.
Cualquier oposición que quisiese entablar un diálogo para la posible derogación de ciertas leyes del Código Penal (o las del Código de Familia, como las que permiten la poligamia o el matrimonio de menores) ha contado con la masiva oposición de los diputados del PJD, que esgrime la ley islámica, las tradiciones marroquíes y la religión para justificar su negativa.
