Las sanciones estadounidenses a Venezuela agravan la crisis humanitaria en el país

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Henar Hernández

Pie de foto: Manifestación en Caracas en contra de las sanciones de EE.UU. a Venezuela. REUTERS/MANAURE QUINTERO

Un nuevo informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) – afincado en Washington – elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs y titulado ‘Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela’ (‘Sanciones Económicas como Castigo Colectivo: El Caso de Venezuela’) ha probado que las sanciones económicas impuestas por la Administración Trump desde agosto de 2017 a Venezuela han contribuido a empeorar de forma exponencial la crisis humanitaria, llegando a afirmar que habrían influido de forma directa en más de 40.000 muertes en el país latinoamericano en los dos últimos años.

De acuerdo con los autores, las sanciones han tenido un doble impacto: por un lado, han privado a los venezolanos de recibir medicinas, equipamiento sanitario, comida y otros bienes de primera necesidad. Esto ha redundado en un incremento de las enfermedades, de su propagación al no disponer de los medios adecuados para la prevención y de, incluso, provocar casos de muertes por desatención médica, al no contar con recursos ni humanos ni técnicos. Este escenario se ha materializado en las 300.000 personas que se encuentran en riesgo por falta de acceso a medicamentos o tratamientos, entre ellos, los 80.000 enfermos con VIH en Venezuela y que han sido privados del tratamiento antirretroviral desde 2017. Otros casos los representan las más de 16.000 personas que necesitan diálisis y las más de 16.000 que también padecen cáncer; o los 4 millones enfermos de diabetes o hipertensión que han tenido problemas en el acceso a la insulina o a medicinas cardiovasculares.

Pie de foto: Un hombre selecciona una charcutería de un refrigerador parcialmente vacío en un supermercado de San Cristóbal, Venezuela, el 16 de enero de 2018. REUTERS/CARLOS EDUARDO

Por otro lado, los autores explican que las sanciones han bloqueado la recuperación económica del país de la severa depresión financiera e hiperinflación que lleva asolando Venezuela los últimos años. En este sentido, Weisbrot y Sachs clasifican los efectos de esta serie de decisiones estadounidenses de aumentar la presión en dos periodos, que se corresponden con el anuncio desde la Casa Blanca de nuevas sanciones en agosto de 2017 y durante el año 2019.

En agosto de 2017, Estados Unidos impuso por primera vez sanciones financieras al Gobierno de Nicolás Maduro, concretadas en la prohibición al Ejecutivo y a la petrolera estatal PDVSA de emitir nuevos bonos de deuda, la negociación de dichos bonos en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al Gobierno. Como señala el informe, “esto evitó que se reestructura su deuda externa, ya que cualquier reestructuración de la deuda requiere la emisión de nuevos bonos que reemplacen a los ya existentes”. En suma, entre 2013 y 2016, el PIB del país latinoamericano se contrajo en un 24,7%. Los autores indican, en este sentido, que “cualquier sanción que reduzca los ingresos de exportación y, por tanto, los ingresos del Gobierno, reducen asimismo las importaciones de productos esenciales y, en muchos casos, de bienes que salvan vidas”. El aval de estas afirmaciones lo ofrecen las siguientes cifras: en 2018, Venezuela importó bienes por valor de 10.000 millones de dólares, de los cuales 2.600 millones fueron destinados para compra de comida y medicina. Esto implica que las importaciones se han reducido en un 80% desde el año 2012.

Pie de foto: La gente hace cola frente a un supermercado junto a automovilistas que hacen cola para comprar gasolina cerca de una gasolinera de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA en San Cristóbal, Venezuela. REUTERS/CARLOS EDUARDO RAMIREZ

El 28 de enero de 2019, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones, entre las que se incluyeron la prohibición a la petrolera PDVSA de comerciar con empresas estadounidenses, a excepción de que los ingresos de esos negocios se destinasen a fondos reservados para el líder opositor Juan Guaidó. Los efectos de las medidas punitivas fueron recogidos por el diario The New York Times, que advirtió de que “las nuevas sanciones socavarán de manera drástica el poder de bolsa de Maduro, pues prohíben que los ingresos de las ventas petroleras en Estados Unidos lleguen a las manos de su Gobierno […] Sin el acceso a los fondos se acelerará la inflación del país, que ya es la peor en todo el mundo, y empeorarán la escasez de combustible y la capacidad del Estado para comprar y distribuir alimentos”.

En esta línea, el informe señala que la producción de petróleo ha disminuido un 36,4% desde enero de 2019, lo que supone una reducción de 431.000 barriles menos por día. Asimismo, se estima que, para finales de este año, los ingresos por exportaciones de petróleo caigan en un 67,2% en comparación con 2018, una cifra que implica un “cataclismo sin precedentes”.

Pie de foto: Complejo petrolero estatal de PDVSA cerca de El Tigre, un pueblo ubicado dentro de la Faja Petrolífera Hugo Chávez de Venezuela, formalmente conocida como la Faja del Orinoco. AP PHOTO/ FERNANDO LLANO

Weisbrot y Sachs alertan, del mismo modo, que las sanciones han contribuido sustancialmente a la duración y el daño económico de los fortísimos apagones, incluyendo las severas crisis eléctricas, que tuvieron lugar en marzo.

Como conclusión, ambos autores explican que el paquete sancionador aprobado a principios de este año provocó la separación de Venezuela de la mayoría de los sistemas de pagos internacionales, “limitando así gran parte del acceso del país a importaciones esenciales, incluidos los medicamentos y los alimentos que normalmente se pueden comprar con dólares”. Añaden que “no hay duda de que todas estas sanciones, desde agosto de 2017, han tenido graves impactos en la vida y en la salud humanas”. Los efectos, de acuerdo con el informe, los han padecido, así, los colectivos más vulnerables como los venezolanos en situación de pobreza y extrema pobreza y no los funcionarios u otras personalidades ligadas a la vida política y a la estructura de gobierno del país.

La denuncia del Gobierno bolivariano ante la ONU

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha comparecido este jueves ante Naciones Unidas para denunciar que “la gente sufre por los efectos del bloqueo [estadounidense]. El impacto social tiene como objetivo hacer que el mundo crea que el modelo socialista Bolivariano ha fracasado”. Además, ha criticado que la decisión unilateral de Estados Unidos ha generado consecuencias que se han cobrado la vida de miles de personas.

Pie de foto: Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, denuncia en la ONU los efectos "devastadores" de las sanciones de EEUU. UN PHOTO/MANUEL ELIAS

Este jueves también ha tenido lugar en la sede de Naciones Unidos en Nueva York una reunión del Grupo de Países en Defensa de la Carta de la ONU, que congregó a más de 60 Estados que pidieron la defensa de Venezuela, la protección de su soberanía y la preservación del Derecho Internacional, cuyos principios prohíben la injerencia de un país sobre los asuntos internos de otro Estado.