Los activistas de derechos humanos, en el foco de las autoridades israelíes

El Supremo de Israel ratifica la deportación del director de HRW mientras que expertos en derechos humanos de la ONU expresan su preocupación ante el caso al considerarlo una amenaza al activismo y a la libertad de expresión.
El director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, ciudadano estadounidense.

AFP/ ABBAS MOMANI  -   El director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, ciudadano estadounidense.

Omar Shakir, el director de Israel y Palestina de la ONG Human Rights Watch (HRW), tendrá que abandonar el país después de que el Tribunal Supremo israelí ratificara este martes su expulsión ordenada por el Gobierno, acusado de apoyar campañas palestinas de boicot a Israel. En abril, escribió que "este caso plantea la cuestión de si el Israel de hoy tolerará a quienes critiquen su conducta". Voces críticas con Israel aseguran que el Tribunal se ha alineado una vez más con la misión del gobierno de suprimir el activismo de derechos humanos y silenciar las críticas a las políticas estatales israelíes y la ocupación. 

Así Shakir, de nacionalidad estadounidense, ve terminado el procedimiento legal que comenzó tras la orden de mayo de 2018 de revocar su visado y la expulsión del activista del país adoptado por un tribunal de distrito de Jerusalén. La orden del Gobierno de revocar el visado fue en virtud de la Ley de Inmigración de 2017, que permite rechazar la entrada de personas que boicotean al país. El responsable de HRW recurrió la retirada de su visado de trabajo y negó que haya apoyado las campañas de boicoteo de los intereses israelíes.

"La decisión ahora vuelve al gobierno israelí y, si continúa, tengo 20 días para salir y se unirá al rango de Irán, Corea del Norte y Egipto que bloquean el acceso a trabajadores de HRW. No nos detendremos y no seremos los últimos", publicó Shakir en sus redes sociales. Según Shakir, de nacionalidad estadounidense y origen iraquí, es la primera vez que Israel revoca un visado a un trabajador por este motivo y considera que la deportación se lleva a cabo "por defender los derechos".

Por su parte, el titular de Asuntos Estratégicos israelí, Gilad Erdan, respaldó al tribunal: "Aplaudo la decisión de la Corte Suprema que aceptó la posición del Ministro del Interior de que no se debe otorgar un visado de trabajo a un activista extranjero del boicot que quiera dañar a Israel y sus ciudadanos". Según la resolución de este martes del Supremo, a la que tuvo acceso Efe, este órgano sólo ha valorado la legalidad de la decisión tomada por el Ministerio de Interior para rechazar la apelación del director de HRW contra su expulsión.

Israel ya había levantado el visado a Shakir en febrero de 2017 al considerar que HRW se dedica a hacer "propaganda" en favor de los palestinos y no a defender los derechos humanos, gesto que una quincena de ONG humanitarias israelíes condenaron, tras lo que dos meses más tarde se le concedió un permiso de estancia. El 16 de noviembre de 2017, el Ministerio de Interior de Israel informó a HRW de que, basándose en una demanda presentada en un tribunal de Jerusalén contra el activista, se había iniciado un proceso de revisión del estatus migratorio de Shakir que acabó en el procedimiento legal  con la orden de mayo de 2018. 

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AFP/ JOHN MACDOUGALL - Logotipo del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.

Las autoridades israelíes estiman que la campaña del Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es antisemita por lo que reformó la ley en virtud de la cual se ha negado la entrada a personalidades, representantes de organizaciones internacionales y políticos, como las congresistas estadounidenses Ilhan Omar y Rashida Tlaib. 

Amnistía Internacional, también bajo presión

A un empleado de la ONG Amnistía Internacional (AI) se le prohibió viajar al extranjero por razones de seguridad, aparentemente como castigo por el trabajo de derechos humanos de la organización. "Es otro estremecedor indicio de la creciente intolerancia de Israel hacia las voces críticas”, aseguró la organización el pasado 31 de octubre.

Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y Palestina (los Territorios Palestinos Ocupados, TPO, según la nomenclatura de AI), fue detenido en el paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel el 26 de octubre, cuando se dirigía al funeral de un familiar. Tras tenerlo esperando cuatro horas, le informaron de que el servicio de inteligencia de Israel le había prohibido viajar por “razones de seguridad” que no revelaron.

El pasado mes de septiembre, a Laith se le había denegado un permiso humanitario para entrar en Israel desde la Cisjordania ocupada con el fin de acompañar a su madre, que iba a recibir tratamiento de quimioterapia en Jerusalén. El sistema de permisos exige a todas las personas palestinas residentes en los TPO un permiso de entrada para entrar en Israel, incluida Jerusalén Oriental, sea cual sea el motivo, trabajo, atención médica y visitas familiares incluidos.

“Además de violar los derechos de Laith a la libertad de circulación y de asociación, esta prohibición de viajar ilustra la escalofriante determinación de las autoridades israelíes de silenciar a las organizaciones y activistas de derechos humanos que critican al gobierno. También pone de manifiesto el carácter cruel e inhumano de sus políticas", dijo Saleh Higazi, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

Para muchos estos casos muestran hasta dónde llegarán para silenciar la defensa legítima de los derechos humanos. "Bueno, mala suerte. HRW continuará hablando en contra de las injusticias mientras ocurran", dijo Sara Kayyali investigadora de Siria de la organización.