Los alcaldes del V4, la alternativa democrática al populismo de Orbán y compañía

Sacha es estudiante y se gana un sobresueldo guiando free tours en inglés por la zona del castillo de Eslovaquia, su ciudad natal. Trepa por las cuestas y escaleras de la antigua judería hasta los jardines de la fortaleza, con vistas espectaculares del Danubio. Acaba el recorrido con un pequeño discurso –el decisivo, tras el que cae la propina– observando los pocos rascacielos del distrito financiero de la ciudad, en el que le explica a su docena de turistas el mayor escándalo de la joven democracia eslovaca: el asesinato del periodista Ján Kuciak en 2018 por investigar las conexiones de la mafia con su propio gobierno.

Remata con dos notas de esperanza: la presidencia de la República por primera vez ocupada por una mujer, Zuzana Čaputová, ambientalista y de izquierdas, y la alcaldía de Bratislava, desde hace justo un año ese mismo día, 7 de diciembre, en manos de Matúš Vallo, arquitecto y candidato independiente, sin más partido para respaldarlo que una plataforma ciudadana fundada alrededor del llamado Plan Bratislava para hacer la ciudad más habitable y sostenible. “Son políticos que están más cerca de la Eslovaquia actual y más lejos del nacionalismo y el populismo”, concluye.

Diez días después, Vallo acudía a Budapest para reunirse con sus homólogos de las capitales de sus cuatro países vecinos. El último en unirse al club, apenas este octubre, el húngaro Gergely Karácsony, hacía de anfitrión del bautizado como Pacto de las Ciudades Libres.

Los cuatro alcaldes de las capitales del llamado Grupo de Visegrado V4, que forman Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa, afirmaban su voluntad, más por motivos simbólicos que prácticos, de unirse para “combatir el populismo”. A Vallo y Karácsony se les unían Zdeněk Hřib, alcalde de Praga perteneciente al Partido Pirata e impulsor de la reunión, y Rafał Trzaskowski, alcalde de Varsovia.

Ninguno llega a los 50 años, ninguno pertenece al principal partido del país, ninguno lleva aún más de un año en su alcaldía. Trzaskowski es el veterano, no solo porque tenga 47 años, sino por ser el único con experiencia en la gestión, al ejercer de ministro y secretario de Estado entre 2013 y 2015. Cada uno se ha enfrentado a su gobierno en diferentes ámbitos, desde la defensa de los derechos LGTBI en Polonia hasta la corrupción en Chequia o Eslovaquia, pasando por Karácsony, al cual su simple victoria electoral convierte en símbolo de la resistencia democrática contra Orbán.

András Bíró-Nagy, analista húngaro y director del think tank liberal Policy Solutions, explica a Ethic que el principal mérito de estas cuatro alcaldías es el mismo que mencionaba Sacha, la estudiante guía de free tours eslovaca: “Cambiar la imagen de la ciudad y de estos países, ante sí mismos y ante Bruselas”. Lo que un experto en marketing llamaría “rebranding”, añade.

Porque en el caso húngaro, advierte, el movimiento político no ha sido tan fuerte: “Lo único que ha hecho la oposición con Karácsony que sea nuevo es presentarse unida, con un solo candidato frente al de Orbán, en lugar de dividir el voto”. Algo que se ha visto recompensado no solo en Budapest, sino en todas las ciudades más pobladas de Hungría. “Lo que subrayan estos resultados es la separación entre campo y ciudad, que hemos visto con Trump, en el Brexit y en el ascenso de la extrema derecha en toda Europa”, recuerda Bíró-Nagy. Si el éxito municipal es extrapolable a nivel nacional “depende de que la oposición sepa seguir unida y lanzar un mensaje que llegue a las ciudades medias y pequeñas, donde Orbán es fuerte”.

La reivindicación práctica más concreta de las cuatro capitales la explica Zdeněk Hřib, alcalde de Praga, en la sede de su Ayuntamiento en la Plaza Marianske de la capital checa: “queremos recibir directamente los fondos europeos, que no pasen por los gobiernos” En primer lugar “para ahorrar burocracia” y en segundo “porque, al menos en el caso de Chequia, siguen controlados por una oligarquía que se mantiene casi desde la época comunista”.

El primer edil de Praga ha metido en algún embrollo diplomático a su gobierno recientemente al romper el hermanamiento entre la ciudad y Pekín, debido a que Hřib, que vivió en Taipei cuando era estudiante, ha roto en varias ocasiones la política de ‘una sola China’ reconociendo a Taiwán como país, además de defender los Derechos Humanos en Tíbet o Hong Kong. En Chequia se acusa al presidente de la República, Milos Zeman, de excesivamente cercano a Rusia y China en un país que tiene demasiado reciente la dictadura comunista.

Cada alcalde de Visegrado tiene su batalla simbólica. El polaco Trzaskowski inauguró su mandato en febrero de 2019 firmando una declaración en la que el Ayuntamiento de Varsovia defendía los derechos de la comunidad LGTBI e iniciaba una serie de programas educativos y sociales para protegerlos. El actual regidor varsoviano sucedió en el cargo a Hanna Gronkiewicz-Waltz, referente del partido Plataforma Cívica que creó Lech Walesa y al que pertenece Donald Tusk y con mayor potencia simbólica por ser una mujer alcaldesa en un país donde también retroceden los derechos de la mujer.

El praguense Hřib prefiere no opinar sobre la situación política de sus vecinos del V4, pero sí nos asegura que “la democracia está en peligro en República Checa. La libertad de expresión y de opinión están siendo atacados desde el más alto nivel y el poder se acumula en pocas manos”, en referencia al primer ministro Babiš, millonario y propietario del Mafra Media Group, que controla algunos de los principales medios de comunicación del país.

El control de los medios en la imposición del mensaje nacionalista –más acusado en Polonia y Hungría que en la antigua Checoslovaquia– también marca una brecha de edad, que el analista Bíró-Nagy recuerda, de nuevo, como “similar a la de todo Occidente”. Sobre esto Hřib opina que “es posible que el votante más mayor no entienda ciertas propuestas o sea más conservador”. Sí detecta “un votante que viene de la experiencia de la época comunista, con nostalgia de un Estado que toma las decisiones por ti y que tiende a votar a partidos con líderes que dicen que se harán cargo de todo”.

El objetivo declarado del Grupo de Visegrado en los 90 –fundado por Checoslovaquia, Polonia y Hungría y ampliado con la separación de checos y eslovacos– era la convergencia de sus socios con la Unión Europa y la profundización de las reformas democráticas, además de la liberalización de su economía. Estos objetivos se alcanzaron en 2004, cuando los cuatro se convirtieron en miembros de pleno derecho de la UE. El único en entrar en el euro, eso sí, fue Eslovaquia, en 2009.

A partir de ahí, la misma idea de Visegrado, también llamada V4, ha variado mucho, sobre todo desde la llegada al poder en Polonia del partido Ley y Justicia (PiS por sus siglas en polaco), primero en 2005 y de nuevo en 2015, y la de Víktor Orbán en Hungría desde 2010. Orban es el ejemplo de todos los choques de Bruselas con la deriva ‘iliberal’–término acuñado por el propio primer ministro húngaro– del grupo, con la progresiva destrucción de la separación de poderes y la libertad de prensa.

Los alcaldes del V4 lo saben y por eso firmaron su pacto en la Universidad Centroeuropea de Budapest, fundada por el millonario de origen húngaro George Soros, el coco de la propaganda de la extrema derecha mundial y de la de su país en particular. El portavoz parlamentario del Fidesz, el partido de Orbán, calificó la reunión como un “pacto pro inmigración de izquierdistas liberales” que solo quieren “dar la bienvenida a los inmigrantes a Budapest y otras ciudades de Europa Central”.

En 2015, con Orbán a la cabeza, los países de Visegrado se destacaron por su discurso antirrefugiados. De hecho, en 2019, la UE se ha planteado sancionar a polacos, checos y húngaros por incumplir sus ya de por sí exiguas cuotas de acogida. Todo esto en países de escasa o nula inmigración musulmana, pero cuyos líderes defienden la “identidad cristiana” de Europa con más éxito en Polonia y en Hungría, que en sus vecinos.

A este respecto Monika Brusenbauch Meislová, profesora de la Universidad Masaryk de Brno, en República Checa, apunta que la tensión dentro de Visegrado se sitúa entre el enfoque polaco y húngaro, que quieren “convertirla en una plataforma nacionalista” y que los enfrenta a la actitud –habitualmente– “más práctica” de República Checa y Eslovaquia. Algo que, a medio plazo, “llevará a una fuerte tensión entre los dos enfoques del grupo”.

Una división que también se vio recientemente, en la COP25, con el acuerdo de París, donde los países de Visegrado se destacaron, dentro de la UE, como los más opuestos a un acuerdo ambicioso para una rápida descarbonización. El actual primer ministro checo, Andrej Babiš, objetó las enormes pérdidas que podía suponer para la economía de su país, a pesar de que pocas semanas antes un informe de la ONU señalaba, precisamente, a República Checa como uno de los países más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, su enfoque tendía más a la negociación de mejores condiciones, que al negacionismo y a la conspiranoia que caracteriza al gobierno de Orbán.

En lo que sí coinciden los cuatro países es en los escándalos por desvío de subvenciones europeas y en los choques con Bruselas por reformas legales que bordean lo democrático. En República Checa, el primer ministro Babiš está siendo investigado en paralelo por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE y la Fiscalía General checa por el Caso Nido de Cigüeña, el desvío de 2 millones de euros en subvenciones europeas a una empresa perteneciente al conglomerado Agrofert, propiedad de la familia Babiš. A lo largo de los últimos meses más de 300.000 checos han pedido su dimisión por este caso.

En Polonia, el expresidente Lech Walesa ha llegado a intervenir en el debate público para pedir a los ciudadanos de su país que se opongan a las recientes reformas judiciales de Ley y Justicia, que ponen en duda la independencia judicial polaca. El mismo Tribunal Supremo polaco ha advertido que dichos cambios legales podrían conllevar la expulsión de la UE, que ya ha tumbó intentos previos en el anterior gobierno del PiS.

Y en Eslovaquia, el actual primer ministro, Peter Pellegrini, lo es por la dimisión en marzo de 2018 de su antecesor y líder de partido, Robert Fico, salpicado por el asesinato a tiros del periodista Ján Kuciak. El joven investigador, que no llegó a cumplir los 27 años, había desvelado en el diario eslovaco Aktuality.sk las conexiones de la mafia italiana con el gobierno de su país y desvíos de fondos de la UE por empresas de propiedad poco clara.

La muerte de Kuciak es la bandera e inspiración del movimiento Za Slusne Slovenko (Iniciativa por una Eslovaquia Decente), que desde hace casi dos años moviliza a la juventud eslovaca pidiendo reformas democráticas y un país más transparente y justo. Una razón para movilizar a jóvenes como Sacha, la guía del inicio del reportaje, que podría acabar su tour con algún mensaje menos comprometido y que le granjease más propinas, pero que prefiere ser honesta sobre lo que piensa de su país y proyectar sus esperanzas hacia el futuro.