Los bancos libaneses cierran ante la oleada de manifestaciones
La crisis económica ahoga cada día más al Líbano. Tanto es así que los ciudadanos se han manifestado alrededor de las sucursales bancarias, llegando a irrumpir en su interior, para exigir la recuperación de sus ahorros en un momento en el que los bancos no cuentan con liquidez.
Varios de los manifestantes que han protagonizado este tipo de “atracos” han sido detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado la indignación de los ciudadanos que, hastiados por la situación económica, piden su inmediata liberación en las inmediaciones del Palacio de la Justicia de Beirut.
Y es que, al menos cinco bancos han sido asaltados durante las últimas horas en medio de un corralito que el país libanés lleva viviendo desde el año 2019, cuando se decretó que los clientes solo podrían sacar una cantidad limitada de sus ahorros.
Por su parte, el ministro del Interior, Bassam Mawlaw, ha tildado los asaltos a las sucursales como actos “organizados”. Asimismo, la Asociación de Bancos ha exigido que se “tomen las medidas necesarias” con el fin de que los ciudadanos y los trabajadores cuenten con la seguridad necesaria y se consiga “preservar los derechos de los depositantes”.
De este modo, la Asociación de Bancos del Líbano comunicó que, finalmente, “tras los repetidos ataques contra los bancos y las agresiones físicas contra empleados bancarios (…) y teniendo en consideración los riesgos, la junta de directores ha decidido cerrar los bancos entre el 19 y el 21 de septiembre”.
Seguidamente han apuntado que “la seguridad de los empleados y los clientes es la principal prioridad de los bancos, así como los intereses de los depositantes, que se intentan garantizar dentro de lo posible en medio de las difíciles circunstancias que atraviesa el país”.
Se espera, además, que, cuando las sucursales vuelvan a abrir, los bancos hayan adoptado nuevas medidas de autoprotección que irán desde el sometimiento a inspecciones de los clientes hasta recibir solo a aquellos que hayan programado citas con anterioridad.
Por otro lado, la Asociación Libanesa de Depositantes, Hassan Moghnieh, ha advertido que “la huelga no resolverá la crisis actual. Cuando se reanude el trabajo el próximo jueves, los bancos podrían ser testigos de una nueva ola de atracos, lo que significa que la solución reside en otra parte”.
En este contexto, una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el jefe de Misión para el Líbano, Ernesto Ramírez-Rigo, se desplazó hasta Beirut e inició una serie de conversaciones con el ministro de Finanzas, Youssef Khalil, para tratar de alcanzar alguna solución a esta situación.
De acuerdo con Ramírez, el principal objetivo es “conocer las acciones tomadas por el Líbano en virtud del acuerdo a nivel de personal de alto nivel alcanzado con el FMI e instar a los funcionarios libaneses a continuar implementando los términos del acuerdo para llegar a futuros entendimientos”.
Sin embargo, estos últimos acontecimientos no responden a hechos aislados. El país libanés lleva viviendo en los últimos años diferentes crisis que van desde lo político hasta lo social, pasando por lo económico. Acontecimientos como la reciente subida del tipo de cambio del dólar, la ausencia de un tope que limite esta misma subida y los temores sobre una ausencia presidencial y gubernamental se han convertido en las principales preocupaciones de la sociedad libanesa.
Además de estos motivos, el Líbano lleva sufriendo durante años graves cortes eléctricos que llegan a bloquear las calles de la capital. Junto a esto y sumando todas las diferentes crisis que atraviesa el país, el Foro de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ya ha alertado que la situación en el país “ha destrozado” el futuro de miles de niños y jóvenes que ven emigrar como única salida.
De acuerdo con el representante de UNICEF en el Líbano, Edouard Beigbeder, “los niños crecen sin suficiente comida, sin un acceso adecuado a la atención médica y, en algunos casos, trabajando para mantener a sus familias” por lo que insta a que el Gobierno implemente “medidas urgentes de protección social, garantizar el acceso a una educación de calidad para todos ello, y fortalecer los servicios de atención primaria de salud y protección infantil”.
