A su juicio España sigue perdiendo competitividad y se muestran preocupados por la carga regulatoria, la calidad institucional, la seguridad jurídica y la independencia judicial

Los empresarios españoles exigen reformas estructurales y consideran negativa la gestión de los fondos europeos

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“A día de hoy no hay canales directos de comunicación entre el Gobierno y los empresarios españoles, simplemente porque una parte de ese Gobierno es alérgica a la iniciativa empresarial e ignora que para repartir riqueza primero hay que crearla, y eso lo hacen los empresarios”. Así contestaba a preguntas de Atalayar el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, en la presentación de los resultados de la encuesta anual que realiza esta institución.  

Tanto él como el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado la muestra, Miguel Iraburu, no ocultaron su desazón, decepción y hastío por la repetición año tras año de los indicadores que muestran que no se abordan las imprescindibles reformas de fondo que precisa el país. Ambos criticaron con dureza que la productividad en España sea un 16% más baja que la media europea; que el crecimiento del PIB sea el menor de la UE, lo que ha llevado a que nos superen países como Irlanda o Eslovenia, así como la ineficiencia en la gestión de los Fondos Next Generation, “hasta el punto de que se han devuelto al Tesoro el 25% de los 7.000 millones iniciales, debido a las inmensas trabas y obstáculos burocráticos con que se encuentran”. Tal es la desconfianza en la gestión de tales fondos que un 55% de los empresarios que podían pedirlos afirman haber desistido de solicitarlos.

Manuel Pérez-Sala

Entre un 70 y un 80% de los empresarios consultados consideran que la progresiva falta de competitividad de la economía española (puesto 36 del ranking 2022 del International Institute for Management Development, que encabezan Dinamarca y Suiza), se deben a obstáculos como la cada vez más pesada carga regulatoria, el deterioro de la calidad institucional y la falta de seguridad jurídica

Vuelven a pedir a Gobierno y partidos políticos que aborden las reformas estructurales que precisa la economía española, y de las que consideran más urgentes destacan la que afecta a la eficiencia de las Administraciones Públicas, acompañada de “una reforma fiscal radical que nos permita a los ciudadanos saber a dónde va de verdad nuestro dinero”.  

Atizando el choque intergeneracional 

La Educación es otra de las reformas consideradas urgentes por el Círculo de Empresarios, donde el 80% de los encuestados ve negativas las modificaciones derivadas de la LOMLOE. Preconizan al respecto como medidas prioritarias el fomento de la FP Dual, la introducción de valores y consideración del emprendimiento desde primaria, y adecuar la oferta de títulos a la realidad del mercado. “Así no nos veríamos ante datos tan desalentadores como que existan 150.000 puestos de trabajo cualificados sin cubrir cuando tenemos más de tres millones de parados”, subraya Pérez-Sala.

Miguel Iraburu

A otra cuestión planteada por Atalayar, el presidente del Círculo de Empresarios rechazó que los nuevos presupuestos generales presentados por el Gobierno sean solidarios, e incluso deslizó la acusación de que fomentan el enfrentamiento intergeneracional: “No es solidario que mientras los trabajadores solo vean incrementados sus ingresos en torno a un 2-3%, los pensionistas vayan a recibir un aumento del 8%, sobre todo cuando tan cuantioso incremento va a cargo de una deuda descomunal que tendrán que pagar los trabajadores en activo de hoy”. Más allá, además, de este aumento puntual, casualmente en un año electoral, el informe se muestra preocupado porque pagar tales pensiones sea sostenible en el tiempo, y apuestan por incentivar la vida activa después de la edad legal de jubilación, así como el establecimiento de capitalización del tipo de la llamada “mochila austriaca”, la que acompaña toda la vida laboral de cada trabajador.  

Pide asimismo el empresariado que, desde una perspectiva fiscal, se incentive la inversión, se reduzcan las cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa, 85% frente al 15% del trabajador (60%-40% en la UE), se suprima el impuesto de Patrimonio (España es el único país de la UE que lo mantiene), y se mantengan los de Sucesiones y Donaciones, pero con exenciones elevadas para las transmisiones directas, toda vez que la mayor parte de las empresas españolas son pequeñas explotaciones familiares.  

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