Los manifestantes fuerzan el aplazamiento de la sesión parlamentaria en Líbano

La actividad política está detenida en Líbano; al menos, a nivel nacional. Este martes, estaba previsto que se reuniesen los miembros de la Cámara de Diputados del país en sede parlamentaria. Sin embargo, no ha sido posible celebrar la sesión por falta de quórum. La razón es muy sencilla: miles de manifestantes se han coordinado para cortar los accesos a la sede del legislativo. Han levantado barricadas en las calles más cercanas, de modo que los representantes no han podido acceder al edificio.

En vista de las circunstancias, el secretario general del Parlamento Adnan Daher ha tomado la decisión de posponer el pleno 'sine die'. La sesión, que ya había sido aplazada el martes de la semana pasada, estaba destinada a reelegir a los miembros de los comités parlamentarios, los únicos actores que están detentando algo de poder en medio de la crisis que atraviesa Líbano.

En la calle, se han producido cargas policiales contra los manifestantes que protestaban en primera línea. Muchos de los representantes que han tratado de acceder al recinto han sido recibidos con insultos. Incluso, los guardaespaldas de uno de ellos se han visto obligados a disparar al aire para dispersar a la multitud y trazar una vía de escape.

¿Qué ha llevado a los ciudadanos, en su mayoría jóvenes, a bloquear el acceso al Parlamento? En pocas palabras, la mayoría creen que la convocatoria legislativa sin que haya un gobierno formado es “inconstitucional”. “¿Cómo es posible que se quieran reunir sin responder ante el pueblo? Esos diputados que están en la sesión no tienen nada que ver con nosotros, no es lo que hemos pedido”, se ha lamentado una manifestante, citada como María por The National.

La cadena Al-Jazeera, por su parte, asegura que muchos manifestantes han acudido a la concentración, organizada a través de las redes sociales, por temor a que los diputados aprobasen una ley de amnistía general que los exonerase de responsabilidad en los casos de corrupción en los que se han visto implicados. Este medio también señala una reivindicación que ha resonado con fuerza en las calles de Líbano en los últimos días. Muchos piden una reforma del sistema político de tal manera que se centre más en la administración de los bienes públicos, en lugar de representar un simple reparto de poder entre las diferentes facciones religiosas del país.

Finalmente, el mandato de los comités parlamentarios ha sido prorrogado automáticamente por decisión del secretario de la Cámara Nabih Berri para evitar un vacío de poder absoluto en materia legislativa. A nivel ejecutivo, la parálisis continúa. Aún no se ha formado un nuevo gobierno desde la dimisión de Saad Hariri a finales del pasado mes de octubre. El presidente Michel Aoun había encargado la tarea al exministro de Finanzas Mohammad Safadi, pero renunció a esa responsabilidad.

El jefe de Estado se encuentra todavía en mitad de las conversaciones con diversos líderes políticos para volver a intentarlo. Aoun ha anunciado que convocará a la Cámara de Diputados para formular una consulta vinculante sobre la formación de Gobierno una vez que la ronda de contactos haya concluido.

Con las instituciones públicas prácticamente paralizadas, el panorama de Líbano es sombrío. A nivel social, las protestas que comenzaron hace un mes en respuesta a la subida de impuestos del Ejecutivo no se han detenido. Sin embargo, la inoperancia de los poderes públicos está defraudando sus expectativas de cambio real, al menos por el momento. 

La economía del país, lastrada por la caída en picado de la inversión extranjera, está al borde del colapso. La calidad de la deuda pública se degrada constantemente y las reformas en sectores fundamentales, como las comunicaciones y la energía, no llegan. En clave microeconómica, periódicos locales como Al-Modon y An-Nahar han informado de descensos sostenidos en los salarios de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Este martes, no obstante, ha llegado una buena noticia. Las entidades bancarias han vuelto a abrir sus puertas tras una semana de cierre, provocado tanto por las protestas como por una huelga convocada por los empleados, temerosos de ser atacados por los manifestantes. La reapertura, sin embargo, está sujeta a límites. Para evitar una fuga de capitales masiva, la máxima cuantía que se puede retirar por semana es de mil dólares.