Más allá de la amnistía turca en tiempos de coronavirus
La crisis provocada por la pandemia del coronavirus en Turquía es un reflejo de la polarización política y social que existe en el país fundado por Mustafa Kemal Atatürk. En los últimos años, Erdogan ha sido capaz de asumir todo el poder de una Turquía que, durante varios años, ha estado muy dividida en las urnas. Sin embargo, el poder no es duradero. En 2019, Erdogan sufrió un duro revés al perder en las elecciones de algunas de las grandes ciudades como Ankara o Estambul.
La división política y la falta de capacidad para negociar con la oposición han llevado a los partidos de la oposición a tener que acudir al Tribunal Constitucional de Ankara para solicitar la anulación de una controvertida ley de amnistía que permite la liberación de unos 90.000 reclusos. El objetivo de esta nueva norma, que excluye a periodistas y políticos, es descongestionar las prisiones, ante el inminente brote de coronavirus, en el que han muerto más de 1.500 personas. La decisión del Partido Republicano del pueblo (CHP, por sus siglas en turco) de apelar ante la Corte Suprema de Turquía se tomó pocas horas después de que el Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), liderado por el presidente Recep Tayyip Erdogan y su aliado, el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), apoyaran este proyecto de ley que, fue aprobado, con 279 votos a favor y 51 en contra.
El único delito que han cometido algunos de los periodistas, intelectuales y académicos que están encerrados en las prisiones de Turquía ha sido mostrar su opinión. Por esta razón, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han acogido con beneplácito las medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones, pero han criticado que esta ley no afecte a todos los reclusos por igual. Los principales partidos de la oposición también se han sumado a esta queja y temen que la liberación de determinados delincuentes provoque un aumento de la delincuencia.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su partido han acusado en reiteradas ocasiones al movimiento de Gülen de estar detrás del golpe militar que tuvo lugar hace cuatro años, algo que éste último niega firmemente. Desde entonces, Ankara ha investigado a más de 130.000 funcionarios públicos y ha ordenado la detención preventiva de cerca de 50.000 personas, entre las que se incluyen académicos, abogados o periodistas. El Ejecutivo de Ankara no entiende ni de ideologías ni de opiniones. Por ello, durante los últimos años, muchos activistas y políticos kurdos que, según el Estado, tienen vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) también han acabado en la cárcel.
Antes de que se aprobara esta ley, un diputado del CHP Turan Aydogan lamentó que se “encerrase a quien critica”. “Perdonas a la mafia y a bandas criminales; en cambio no perdonas a los periodistas que escriben la verdad, ni tampoco a los que quieren la paz”, añadió. Por su parte, Mustafa Yeneroglu, un ex diputado del AKP que ahora es miembro del nuevo Partido para la Democracia y el Progreso (DEVA), ha asegurado que el proyecto de ley de amnistía profundiza aún más en las divisiones que existen en la sociedad. “Hay una polarización extrema”, manifestó a través de la red social Twitter.
El líder del CHP también ha criticado al Gobierno por excluir a periodistas y activistas del contenido de la ley de amnistía. “Este proyecto de ley ha arruinado la conciencia pública sobre la justicia. Aquellos que tenían cuchillos y armas en sus manos serán liberados. Sin embargo, los periodistas cuya arma es un bolígrafo permanecerán en las cárceles. Ninguna moral y conciencia aprobaría esto”, insistió.
Este proyecto de ley permitiría que, hasta 90.000 personas encarceladas por asesinato, violación u otros cargos salieran de la cárcel antes de tiempo cumpliendo el resto de su condena bajo arresto domiciliario o en libertad condicional. Mientras tanto, los periodistas, activistas y políticos encarcelados por cargos de terrorismo permanecerían tras las rejas, junto con las personas condenadas por crimen organizado, asesinato premeditado y ciertos delitos sexuales, según informó Ahval News el pasado mes de marzo, mientras se debatía en el Parlamento este proyecto de ley. En cambio, el AKP y el MHP respondieron a la oposición asegurando que esta ley no proporciona ningún tipo de amnistía para los presos, sino que reduce o cambia la ejecución de sus sentencias.
El CHP y otros partidos de la oposición ven difícil alcanzar el objetivo de revisar este proyecto ley, por la implicación personal de Erdogan en la misma y por los miembros que constituyen el Tribunal Constitucional, de acuerdo con Ahval News. El Tribunal Constitucional está compuesto por 15 jueces, incluyendo 12 nombrados por Erdogan y los dos presidentes anteriores, Abdullah Gül y Ahmet Necdet Sezer y tres elegidos por el Parlamento.
Mientras tanto, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha insistido en la necesidad de que los periodistas encarcelados “no queden excluidos del plan del Gobierno turco de liberar a miles de presos” como parte de su plan de respuesta, ante la pandemia de la COVID-19. Así lo manifestaron en un comunicado oficial en el que, además, han advirtieron de que, si bien “la independencia y el coraje de estos periodistas ya les ha costado su libertad, ahora puede costarles la vida”, según Oliver Money-Kyrle, jefe de programas y defensa de Europa del IPI. “El encarcelamiento continuado reduciría casi con toda seguridad el acceso a la atención médica urgente. Exigimos que todos los periodistas sean liberados inmediatamente”, instó en un comunicado publicado a finales del mes de marzo.
En este mismo documento advertían de que las cárceles de Turquía están un 121% por encima de su capacidad, lo que supone una grave amenaza para la salud de los presos. Esta misma organización ha asegurado que de los 92 periodistas que están encarcelados en estos momentos, más del 50 por ciento han sido acusados por cargos de terrorismo. Durante los últimos días, varias organizaciones de derechos humanos han iniciado una campaña en las redes sociales con el hashtag #GazetecilerDeEvdeKalsın (Los periodistas también deben poder volver a casa) en la que se pide la liberación de los periodistas encarcelados como parte de la campaña mundial #StayHome de autoaislamiento, de acuerdo con este documento.
Por su parte, el presidente del Comité Nacional del IPI de Turquía y miembro de la Junta Ejecutiva, Kadri Gürsel, lamentó que el proyecto de ley de Erdogan considere que “las vidas de los periodistas son prescindibles”. “Los periodistas, al igual que todo el mundo, corren un gran riesgo de enfermar de coronavirus”, añadió Gürsel.
Además, el principal partido de la oposición ha presentado una moción parlamentaria solicitando una investigación sobre el origen de las donaciones realizadas a la Fundación Türken, una organización con sede en Estados Unidos, vinculada con el partido liderado por Erdogan, según ha informado el digital Duval English. En 2019, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, informó de que la fundación había recibido donaciones por un valor de 56,5 millones de dólares desde su creación.
El líder del CHP ha pedido a la fundación -durante una entrevista en el canal T24- que devuelva el dinero que recibió de las instituciones políticas turcas. “Se transfirió un total de 56,5 millones de dólares a la Fundación Türken entre 2014 y 2018. Es necesario investigar cómo se hicieron estas transferencias y quién las hizo. Solo en 2018, unos 22,5 millones de dólares fueron transferidos desde Turquía a esta fundación”, explicó el diputado de CHP Tekin Bingöl durante un discurso en el parlamento el pasado 14 de abril, según recoge Duval News. “De estos 22,5 millones de dólares, solo 70.000 son donaciones; entonces, ¿qué es el resto de dinero? Son fondos públicos transferidos desde Turquía. No es posible demostrar o defender lo contrario”, añadió.
