Más violencia contra el descontento del pueblo de Irán ante la teocracia islámica

La nueva oleada de sanciones por parte de Washington y la COVID-19 aumentan las manifestaciones antigubernamentales
Revueltas en Irán por el aumento del precio de la gasolina

PHOTO  -   Revueltas en Irán por el aumento del precio de la gasolina

Los síntomas de descontento social que deberían incomodar al régimen iraní son múltiples: el aumento de las manifestaciones populares en su contra por la subida del precio de la gasolina; o la mala gestión por parte del Gobierno de Teherán de la pandemia, siendo uno de los países con más muertes y contagios de la zona, que ha hecho que el pueblo iraní se manifieste día sí y día también.

La República Islámica atraviesa una profunda crisis económica, agravada por las sanciones impuestas por el Gobierno de Donald Trump. Hace apenas unas semanas, entraron en vigor las sanciones de Estados Unidos sobre más de dos docenas de personas y entidades involucradas en los programas nucleares, misiles y armas convencionales de Irán, según informó un alto funcionario estadounidense.

Esta decisión fue tomada de manera unilateral por la Administración Trump y entra en conflicto con el acuerdo nuclear firmado en 2015 por Naciones Unidas y del que Trump se retiró en 2018.

El Ministerio de Exteriores iraní aseguraba que Washington “no solo se está burlando de todos los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, sino que también está desafiando abiertamente a la comunidad internacional mediante la intimidación”.

El presidente iraní, Hasán Rohaní, advirtió de que “si Estados Unidos quiere continuar su acoso y dar un paso práctico -para restablecer las sanciones- se enfrentará con la respuesta firme de Irán”.

Desde inicios del año, el valor del rial iraní ha caído a mínimos históricos, lo que ha servido a los iraníes para salir a las calles de cara a protestar por la ineptitud del régimen.

A todo esto, se le une la repulsa hacia las ejecuciones y detenciones a activistas de los derechos humanos, abogados, periodistas y personas que participaron en las manifestaciones del 2018 contra las dificultades económicas.

Es el caso de la muerte y tortura del deportista Afkari. Afkari, de 27 años, fue detenido junto a sus dos hermanos en agosto de 2018 durante unas manifestaciones en la ciudad meridional de Shiraz. La familia protestaba, junto a miles de manifestantes, por la mala situación económica en Irán y la devaluación de la moneda nacional. Las autoridades iraníes confirmaron la ejecución del deportista a comienzos de septiembre.

Los países que siguen utilizando la pena de muerte dentro de sus tribunales son Estados Unidos, Rusia, Bahréin, Corea del Norte, Bielorrusia, los Estados del Caribe, Guinea Ecuatorial, Jordania, Kuwait, Malasia, Pakistán, China, India, Indonesia, Irán, Japón, Singapur, Egipto, Etiopía, Siria, Libia, Sudán, Irak, Somalia, Uganda, Vietnam, Yemen, Bangladés, Botsuana y Arabia Saudí. 

Muchos de estos Estados hace tiempo que no ejecutan una orden de pena de muerte. Según datos de Amnistía Internacional, en 2019, la mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto, por ese orden.

En total, más de 7.000 personas han sido detenidas desde las manifestaciones, que se repitieron en 2019. 30 manifestantes han recibido condenas de muerte, según escribieron los activistas iraníes por la democracia Shrien Ebadi, ganador del premio Nobel de La Paz en 2003, y Abbas Milani en el portal web norteamericano The Hill.

“Las autoridades reprimieron con dureza el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Las fuerzas de seguridad emplearon medios letales de manera ilegítima para sofocar las protestas, mataron a cientos de personas y detuvieron arbitrariamente a miles de manifestantes. Las autoridades detuvieron de forma arbitraria a más de 200 defensores y defensoras de los derechos humanos y en muchos casos les impusieron penas de cárcel y flagelación”, denuncia Amnistía Internacional en su informe anual sobre la situación en la República Islámica.

A la ejecución del deportista se le une la detención de la abogada por los derechos humanos, Nasrin Sotoudeh, condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por cargos de “alteración del orden público y colusión contra el sistema” por su trabajo de defensa de los derechos de la mujer. Amnistía ha calificado la sentencia de “injusticia indignante”. A principios de este año, Nasrin Sotoudeh inició una huelga de hambre para protestar por el maltrato a los presos políticos.

Grupos de derechos humanos, políticos y exiliados iraníes denuncian los abusos sistemáticos de los derechos humanos, la ejecución y las torturas por parte del Gobierno de Hasán Rohaní y del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, como parte de su estrategia política contra los disidentes: más violencia y ejecuciones.