México acuerda con la DEA una mejora del intercambio de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico
La línea divisoria que separa Estados Unidos y México es uno de los focos candentes de la criminalidad a nivel mundial. Cada año atraviesan la frontera entre 250.000 y 280.000 armas de fuego destinadas a los cárteles mexicanos, según las estimaciones del Gobierno azteca. En dirección contraria viajan la droga y los migrantes, enviados a su vez por el crimen organizado.
La cruzada contra el tráfico ha sido el leitmotiv de las relaciones entre Washington y Ciudad de México. En este contexto, el Gobierno mexicano mantuvo el jueves una reunión con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para tejer una respuesta conjunta al tráfico de armas y drogas en la frontera.
El director general para América del Norte de la Secretaría de Asuntos Exteriores y el subsecretario de Seguridad Pública, Roberto Velasco y Ricardo Mejía Berdeja, estuvieron al frente de la delegación mexicana, en la que también intervinieron funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional.
Por su parte, la delegación estadounidense estuvo compuesta por el jefe de sección de la División de Operaciones Extranjeras de la DEA, Michael Cabral; la fiscal general asistente adjunta, Amanda Liskamm; y el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en México, John Creamer, entre otros.
El encuentro, celebrado en la sede diplomática de la capital mexicana, se saldó con un nuevo pacto en materia de seguridad. Las partes acordaron mejorar el intercambio de información por parte de los servicios inteligencia para combatir de forma conjunta a los cárteles del narcotráfico.
“Ambas delegaciones coincidieron en establecer como una prioridad bilateral mejorar los mecanismos para compartir inteligencia contra el crimen organizado”, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a través de un comunicado.
Las delegaciones abordaron, además, una serie de puntos en común para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. “Las autoridades estadounidenses compartieron datos e información sobre las tendencias actuales del consumo y producción de drogas, así como las distintas estrategias para la reducción del consumo de estas sustancias”, informó la misiva.
El subsecretario de Seguridad Pública del Ejecutivo mexicano subrayó que las actividades criminales en México y Estados Unidos “están profundamente interconectadas”. “Lo que sucede en un lado de la frontera afecta de manera directa al otro país”, remató el propio Ricardo Mejía Berdeja.
“Por lo tanto, trabajamos de manera coordinada y respetuosa con las autoridades de Estados Unidos para compartir mejores prácticas e inteligencia y, de este modo, disminuir los crímenes violentos que afectan nuestras sociedades”, añadió Mejía.
El máximo encargado para América del Norte de México, Roberto Velasco, destacó que el intercambio de información respetó en todo momento la soberanía mexicana, una cuestión de vital importancia para las autoridades.
La reunión supuso una continuación del encuentro celebrado el miércoles entre el Gobierno mexicano y varios integrantes del FBI. Las partes trataron diferentes estrategias de cooperación para la reducción de la violencia en México, que registra un aumento exponencial en los últimos meses.
En las últimas dos décadas, los Gobiernos de México y Estados Unidos han impulsado una serie de medidas con el objetivo de reducir las actividades transfronterizas del crimen organizado. La más destacada fue la Iniciativa Mérida, un plan de cooperación a gran escala en materia de seguridad, firmada en 2007 por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón.
El Congreso de EEUU asignó entonces un total de 1.500 millones de dólares para la compra de equipos y armamento destinados a las fuerzas de seguridad federales de México. Aunque el Departamento de Estado retuvo el 15% de los fondos hasta confirmar que su vecino cumplía la hoja de ruta definida por Washington.
Entre los objetivos de Estados Unidos se encontraba la protección de las instituciones aztecas y la plena seguridad fronteriza. La asistencia estadounidense facilitó la detención, y posterior extradición, de los cabecillas de las principales organizaciones. Sin embargo, la denominada “estrategia de capos” provocó que los cárteles redoblasen sus esfuerzos por reagruparse y reforzarse.
La Administración Obama orientó las reformas hacia el sistema de Justicia mexicano y al desarrollo de programas de prevención del delito a nivel comunitario. Por su parte, el presidente Trump volvió a virar 180º sobre la cuestión y priorizó de nuevo la seguridad fronteriza.
En esta línea, el republicano declaró en febrero de 2019 emergencia nacional y ordenó el despliegue de las tropas a lo largo de la frontera bajo el pretexto de la afluencia de drogas, delincuentes e inmigrantes indocumentados en la zona.
Más de una década después, los datos revelan el fracaso de las todas las medidas. Así lo constatan el estallido de la violencia en México y el aumento de un 35% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, con sustancias procedentes en su mayoría de su vecino sureño.
La detención en octubre de 2020 del exministro de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Zepeda, a manos de Estados Unidos irritó al presidente López Obrador. El general fue arrestado en Los Ángeles por los delitos de tráfico de drogas y blanqueamiento de capitales, sin embargo, fue puesto en libertad y repatriado en noviembre tras la retirada de los cargos.
La respuesta de México no se hizo esperar. El Gobierno restringió las actividades de los agentes extranjeros en el país y exoneró a Cienfuegos.
Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha rechazado los llamamientos a una guerra contra los cárteles y la “estrategia de capo” puesta en marcha por sus predecesores. Según el presidente, una cruzada agresiva impulsada desde el Gobierno aumentaría el número de víctimas civiles.
Sin embargo, el mandatario ha impulsado una serie de reformas constitucionales para permitir la participación de los militares en la seguridad pública. La Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal hace dos años tras la disolución de la policía federal por parte de López Obrador. El presidente alegó entonces que el cuerpo era corrupto y, a partir de ahí, amplió el papel de los militares en varios estamentos del Estado.
No obstante, la creciente participación de la Guardia Nacional ha suscitado una batería de quejas y denuncias procedentes de la oposición y de los grupos en defensa de los DDHH. Estos abogan por “limpiar” las fuerzas y cuerpos de seguridad ya existentes.
En cualquier caso, el Ejecutivo mexicano continúa su hoja de ruta. La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta misma semana la construcción de cuatro nuevos cuarteles para la Guardia Nacional ubicados en la capital para el próximo año.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
