México ya no interesa a las renovables
México es uno de los grandes destinos de la inversión española en América Latina, pero su atractivo para el sector energético, notablemente el renovable, cae en picado, víctima de la ‘política AMLO’. Las disposiciones del Ejecutivo, dirigidas a centralizar el control de la energía en firmas estatales y limitar la participación privada, han hecho que pase de ser el país emergente más atrayente para invertir a crear desconfianza y alarma. A la espera de que se aclare el marco regulatorio, Iberdrola descarta más inversiones por las trabas a la generación privada.
En mayo pasado, México limitó el acceso a proyectos de renovables a las firmas privadas para favorecer y fortalecer a una Pemex en crisis y a una Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha visto caer cuota de mercado. México suspendió indefinidamente las subastas de ‘energía limpia’ e introdujo cortapisas a la producción privada en plena pandemia, en una estrategia que se realiza sin cambiar la ley y choca con el marco legal, los contratos y la oposición empresarial azteca. Y que ha generado demandas judiciales. Las empresas sostienen que los cambios administrativos van en contra de la Constitución, cuyo texto cambió en 2013 para acomodar la reforma energética.
En 2020, además, el Gobierno elevó su campaña para culpar al sector privado de renovables de los problemas de la red y a apuntalar a CFE. Para el director del Instituto México del Wilson Center, Duncan Wood, citado por Europa Press, “la política energética está matando la inversión privada en el sector”. Las nuevas reglas han hecho que los inversores pierdan confianza ante el temor de que no se respeten contratos y se fije un marco descompensado. Y Wood se mostró pesimista sobre el futuro: “la política actual irá a más en la legislatura AMLO”. De hecho, se barrunta un mayor endurecimiento regulador y legislativo en la propuesta para una nueva reforma energética, este 2021, que eliminaría los cambios de la reforma Peña Nieto, que supuso un ‘boom’ de inversiones.
En octubre, Iberdrola, principal generadora eléctrica privada del país, y atacada antes del verano por el presidente, anunció que descarta nuevas inversiones hasta que se aclare el marco regulatorio. AMLO acusó a la firma de lograr contratos “jugosos”, de crear un monopolio bajo administraciones anteriores y de “saqueo”. Tras los ataques y las trabas de CFE, Iberdrola canceló una inversión de 1.000 millones en la central de ciclo combinado de Tuxpan. Y recientes citas bilaterales no parecen haber despejado el panorama. Iberdrola, en México desde 1999, dispone allí de 10.340 MW de capacidad instalada, a través de ciclo combinado, cogeneración y parques eólicos y fotovoltaicos.
El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, ha tratado de minimizar el impacto de la tensión en México, indicando que el mercado es el 8% de los ingresos del grupo, “muy poca cosa en el balance”. Iberdrola prevé completar su actual plan inversor, pero no iniciará nada hasta que se clarifique la situación. En los inicios del mandato AMLO (primavera del 2019), y en visita a México, Sánchez Galán anunció, tras reunirse con altos cargos del Gobierno, inversiones por 5.000 millones y su compromiso con el desarrollo energético de México. Hasta ahora, y visto el panorama, del total anunciado, solo se han ejecutado 550 millones.
El malestar de la firma por el giro de AMLO, como el de otras españolas (Acciona, Naturgy –para la que México es quinto mercado-, Abengoa o X-Elio -ex Gestamp Solar- e internacionales como Engie o Enel es evidente. De hecho, en verano, las grandes con renovables en México comenzaron a tocar hilos judiciales y públicos para defender su inversión de la ‘contrarreforma’ energética de AMLO. Varias recurrieron ante los tribunales las disposiciones y sopesan acudir al arbitraje internacional, además de ejercer presión desde el paraguas de varias confederaciones empresariales mexicanas y de la UE.
En junio, México impuso restricciones a 44 planes eólicos y fotovoltaicos privados y suspendió pruebas en otros, lo que motivó que 19 embajadores de la UE remitieran una carta al Gobierno pidiendo aclaraciones por disposiciones que afectaban a inversiones por 6.400 millones. En el caso de las firmas españolas, además, la política AMLO choca con el Tratado de Protección de Inversiones, que auxilia frente a expropiaciones directas o indirectas.
Pero, aunque muchos de los intentos de deshacer partes de la reforma energética han sido paralizados en los tribunales por las demandas; aunque la CFCE ha presentado con éxito recurso de inconstitucionalidad por vulneración del principio de competencia; pese a que la generación privada es ya el 46% del total, lo que hace difícil volver al monopolio público, y aunque superar el escollo judicial modificando la Constitución es vía complicada, AMLO se ha reafirmado en su plan. Una estrategia que crea incertidumbre cuando México soporta la peor crisis en décadas y la confianza empresarial está en mínimos.
Según el reciente informe ‘Climatescope 2020’, México ha bajado en dos años del puesto 8 al 51 en el ranking de países en desarrollo más activos en transición a renovables (y a la posición 77 si se incluyen países ricos). El informe, que incluye a 108 países emergentes y a 29 desarrollados, dice que “antes de AMLO México era destino líder para invertir en energía limpia por las grandes oportunidades generadas por la reforma energética” de Peña Nieto.
“Aunque el esfuerzo para fortalecer el control estatal a costa del sector privado comienza a disuadir la inversión, México mantiene actividad en ese campo”. No en vano es el segundo mayor mercado energético de Latam, con capacidad instalada renovable que es el 15% de su total de 88GW. Y se espera que esa participación crezca con las inversiones en curso, pese a la cancelación de subastas. Aunque 200 planes se esfumaron en 2020, se prevé que en 2021 entren en servicio Mesa de Morenos (liderada por BAS); el solar Xoxocotla (X-Elio); el eólico Coromuel (con implicación de Elecnor); Calera y Tampico Solar.
