Mali abre una investigación para esclarecer la matanza de 300 civiles en el país a manos del Ejército
La pequeña localidad maliense de Mora ha sido testigo de una masacre. Human Rights Watch (HRW) confirmó que el Ejército local ejecutó allí a más de 300 civiles entre los días 27 y 31 de marzo en colaboración con un grupo de soldados extranjeros, identificados después como mercenarios rusos, en el marco de una operación antiterrorista dirigida contra la región central del país, parcialmente controlada por milicias islamistas vinculadas a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
La investigación puesta en marcha por la organización recabó los testimonios de 27 personas conocedoras de lo sucedido. Desde líderes comunitarios hasta diplomáticos extranjeros, pasando por testigos sobre el terreno que presenciaron las ejecuciones. Los militares fusilaron en pequeños grupos a los centenares de personas reunidos en Mora, en lo que sería la mayor matanza cometida por el Ejército desde que dieran comienzo las operaciones antiterroristas en Mali.
El comunicado emitido por el Ministerio de Defensa maliense días después de la masacre recogió que las Fuerzas Armadas detuvieron a 51 “terroristas” y pulverizaron a otros 203 que preparaban una reunión de los diferentes batallones insurgentes, denominados ‘Katibat’. El Ejército alega que tuvo que hacer frente a una “feroz resistencia” en una operación a gran escala, y que los “neutralizados” integraban las filas de los grupos extremistas islámicos que operan en la región. Pero esta versión ha sido desmentida.
Mora, un pueblo de 10.000 habitantes ubicado en el corazón de Mali, ha sido objeto del último gran estallido de violencia en el país africano. Los últimos meses, especialmente desde finales de 2021 coincidiendo con la retirada cuasi completa de la operación Barkhane, han estado caracterizados por un repunte de la violencia materializada en forma de asesinatos y ejecuciones sumarias de civiles a manos de los grupos terroristas afiliados al Daesh y Al Qaeda. Pero las Fuerzas de Seguridad malienses también han estado involucradas en estas acciones a raíz de la presencia de mercenarios del Grupo Wagner.
El país está dirigido desde agosto de 2020 por Assimi Goïta, el coronel al frente de la junta militar que asestó un golpe de Estado, el cuarto desde su independencia en 1960, contra el entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita. Por lo que es el Ejército quien maneja los hilos y, con su política de cierre de filas, ha rechazado de plano las acusaciones sobre la matanza en Mora, calificándolas como “infundadas”.
“Los que dan voz a estas informaciones infundadas no tiene otro objetivo que dañar la imagen de las Fuerzas Armadas, dedicadas de forma decidida a luchar por la libertad, la seguridad y la protección de las poblaciones”, ha asegurado el Ejército en un comunicado en respuesta a la investigación de Human Rights Watch, que estudia de forma paralela otra supuesta matanza de civiles en marzo que habrían sido cometidas por Daesh en la región maliense de Menaka.
En la masacre cometida por las fuerzas malienses han sido ejecutados centenares de miembros de la comunicad fulani, un pueblo de mayoría musulmana que ha nutrido de integrantes a los grupos yihadistas de la región, quienes han sabido a su vez explotar la marginalidad a la que están sometidos por las autoridades.
La Justicia maliense ha abierto esta semana una investigación para esclarecer el caso ante las acusaciones de los distintos cuerpos diplomáticos. El alto representante de la Unión Europea en materia de política exterior, Josep Borrell, exigió a Bamako una concesión a la Misión de las Naciones Unidas en el país (MINUSMA) para poder tener acceso al lugar donde se produjeron las ejecuciones ya que, a pesar de que la misión cuenta con una base en Mopti, ubicada a unos 50 kilómetros de Mora, el acceso es limitado.
“La Gendarmería Nacional abrió un caso siguiendo instrucciones del Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos de llevar a cabo investigaciones a fondo para aclarar todas estas acusaciones”, declaró el fiscal del tribunal militar de Mopti. Una apertura que recibió la réplica del jefe de Estado Mayor, el general Omar Diarra, quien mandó un mensaje de tranquilidad a la población y aseguró que el Ejército respetaría, como hasta ahora, el cumplimiento del derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos”.
La presencia del Grupo Wagner se intensificó tras la decisión del Elíseo de retirar de forma parcial a sus efectivos de la operación Barkhane después de nueve años de operaciones antiterrorista conjuntas en el país africano. Un amago de repliegue exigido por la junta militar maliense para poner fin a lo que denuncian como una “ocupación”. El desencuentro entre París y Bamako ha sido aprovechado desde entonces por la entidad rusa, que opera en la sombra en otros países de la región como Libia o República Centroafricana.
Sus huellas están presentes en otras ejecuciones de civiles en Mali. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, al menos 71 personas han sido asesinadas a manos del Ejército maliense, según HRW, unos casos donde los testigos reconocieron “soldados blancos” que hablaban en un idioma desconocido.
