Manifestación en Jartum por la precaria situación económica
Una multitud de sudaneses salieron a las calles de la capital del país, Jartum, para protestar contra las dificultades económicas que atraviesa este país de 40 millones de habitantes asfixiado por el alto costo de la vida.
"No se puede encontrar una barra de pan en la escuela para el desayuno", se quejaba el estudiante de secundaria Hani Mohamed, que participaba en la protesta vistiendo su uniforme escolar, a un corresponsal de la AFP.
Desde el golpe de Estado que derrocó al dictador Omar al-Bashir en abril de 2019 tras meses de manifestaciones, la economía de Sudán se ha hundido en una grave crisis, heredada del antiguo régimen y que amenaza la paz social y el frágil proceso de transición democrática, pilotada por una junta cívico-militar.
Varios ejes principales del este de la capital y en Ummdurman, ciudad ubicada al este del Nilo, fueron bloqueados por los manifestantes utilizando para ello piedras, troncos de árboles, restos de coches viejos y neumáticos en llamas, según informó la AFP. La policía, por su parte, empleó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, señaló el corresponsal de la agencia de noticias.
La situación económica es dramática, la deuda ha escalado hasta los 49,3 mil millones de euros y la inflación alcanzó el 269% en diciembre del año pasado. La pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino empeorarlo todo.
La escasez es la norma, da igual que tipo de producto sea, y el racionamiento es la tónica diaria de los sudaneses, que tienen que hacer colas de varias horas frente a estaciones de servicio, panaderías y farmacias para cubrir sus necesidades básicas. Los cortes de energía son también frecuentes.
El gobierno de transición aprobó la semana pasada el primer presupuesto del país desde su salida de la lista negra de Estados Unidos de países que apoyan el terrorismo en la que figuraba desde 1993, y esperan suponga una mejora en la situación económica. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, firmó la rescisión el pasado 14 de diciembre. La inscripción en la lista negra impedía a los países extranjeros e instituciones internacionales comercial e invertir en Sudán, bajo pena de sanciones.
El régimen de Bashir fue acusado de prestar apoyo a figuras como el fundador de Al Qaeda, Osama bin Laden, que residió en Sudán durante cinco años. La justicia estadounidense ha considerado a Sudán desde hace años cómplice de los ataques de la organización terrorista contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania (1998), y del bombardeo del destructor USS Cole en aguas del Golfo de Adén en el año 2000.
Cuando la Administración Trump prometió a las nuevas autoridades de Jartum que sacarían al país de la lista negra, éstas se comprometieron a pagar 335 millones de dólares en compensación a las familias de víctimas del terrorismo.
A este anuncio le siguió el de la normalización de relaciones entre Sudán e Israel, algo por lo que Estados Unidos había presionado a Jartum desde hacía meses, y que estaba vinculado a la salida de la lista negra.
En cuanto al acceso a la financiación e inversión internacional, a principios de enero Jartum firmó con Washington un memorándum de entendimiento para pagar la deuda con el Banco Mundial, presidido actualmente por el estadounidense David Malpass.
