María José Fariñas: “Necesitamos nuevos mecanismos de control, nuevos límites al poder y al abuso de este”

La filósofa y jurista analiza para Atalayar elementos propios de la sociología jurídica y la actualidad política y social del momento
María José Fariñas

 -   María José Fariñas

María José Fariñas, filósofa y jurista española, es una de las máximas exponentes de la sociología jurídica y política contemporánea y es también catedrática de Teoría y Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Es referencia científica en el área de la sociología jurídica, los derechos humanos y la filosofía en Iberoamérica. Ha compartido espacios y trabajos académicos con Boaventura de Sousa Santos y André-Jean Arnaud. Sus trabajos para destacar son: ‘Sistemas jurídicos: elementos para un análisis sociológico’ y ‘El problema de la validez jurídica’, estos presentan la crítica que hace comprender las realidades y tendencias del derecho en su relación con la política, el Estado y la economía”. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Milán (Italia), en la Universidad de Múnich (Alemania), en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), en la Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil), en la UniBrasil, en la Universidad Libre de Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la UPTC de Colombia, en la ULACYT de San José́ de Costa Rica y en el ITAM de Ciudad de México. En esta entrevista dirigida por Luis Miguel Hoyos Rojas, filósofo y abogado constitucionalista colombiano, la filósofa del derecho nos comparte sus opiniones respecto a la crisis mundial y los principales retos de las democracias globales. 

¿Consideras que el momento actual ocasionado por la COVID-19, en el que rebrotan extremismos y nacionalismos, el neofascismo es uno de ellos?

Sí, lo es. Se ha acentuado y evidenciado más con la pandemia global, pero ya estaba ahí anteriormente. Llevamos décadas de derechización de la población, de repliegues identitarios y nacionalistas, de incentivación del odio entre diferentes, y de un individualismo destructivo del tejido social integrativo.

Durante los últimos cuarenta años del triunfo del neoliberalismo global, junto con los cambios acaecidos tras la revolución de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, se han ido introduciendo cambios fundacionales en nuestras estructuras sociales, que no siempre se han explicado bien o no se ha querido entender. Esto ha ocasionado que muchas personas no hayan sido capaces de avanzar en paralelo a esos cambios, ni de comprenderlos, sino todo lo contrario. Se han replegado hacia identidades nacionalistas y hacia espiritualidades cercanas o lejanas en búsqueda de una seguridad que creen perdida. Este es el caldo de cultivo idóneo para que germinen los mensajes neofascistas y supremacistas, que aprovechan la falta de recursos frente al miedo o la inseguridad, así como la falta de coraje para afrontar la realidad y sus desventajas. Además, en ausencia de proyectos políticos de justicia social, los individuos pueden buscar seguridad en estructuras religiosas fundamentalistas o en regresiones ultranacionalistas, cuyos mensajes de prosperidad, trabajo y salud les proporcionan una aparente tranquilidad frente a las incertidumbres cotidianas.

Si repensamos desde el derecho la relación entre democracia y distribución de la riqueza: ¿es posible evitar el colapso sistémico ocasionado por el neofascismo?

El colapso sistémico es bastante evidente ya. Las estrategias regulativas de los sistemas jurídicos democráticos son imprescindibles, pero también es necesaria una regulación global, porque los problemas son globales. Aquellas ahora son insuficientes.

Necesitamos nuevos mecanismos de control, nuevos límites al poder y al abuso de este. Sin duda, la desigualdad es uno de los retos políticos más acuciantes en este comienzo de la tercera década del Siglo XXI. Además, yo entiendo que la democracia debe ser un sistema de integración de todos. Si siguen existiendo márgenes de exclusión, de marginación y de inferiorización, la estructuración democrática de nuestras sociedades seguirá fallando. Y la única manera de que todos participen, se integren, es mediante sistemas públicos solidarios de reparto universal y de redistribución de la riqueza. 

La mistificación del mercado ha conducido a normalizar las desigualdades socioeconómicas como algo natural e inevitable, incluso trasladando la culpa de estas a los individuos: “(…) si usted es pobre es culpa suya” (Ken Loach). Pero tras esto se oculta la realidad de que, durante las últimas cuatro décadas, los ciudadanos hemos ido perdiendo derechos sociales, se han privatizado muchos servicios públicos esenciales y otros se han pauperizado, se han precarizado las condiciones laborales, se han disminuido exponencialmente las rentas del trabajo en favor de las del capital y la desigualdad se ha incrementado exponencialmente. Los Estados de derecho y sus democracias liberales han hecho dejación de cualquier tipo de función de emancipación social y han ido abandonando a los ciudadanos a su suerte, incrementando su vulnerabilidad social.

Pero conviene recordar que la precariedad es también una construcción social (incluso, a veces, una prescripción ideológica), que se ha ido naturalizando, normalizando y generalizando hasta tal punto que la precariedad sin alternativa se ha convertido en la manera permanente en la que los sectores más débiles, degradados y vulnerables tienen para insertarse mínimamente en la sociedad. Asistimos, de esta manera, a una normalización de la excepción en los diferentes escenarios globales como nuevo paradigma político. Según el último Informe de la OTI sobre Tendencias Sociales y Perspectivas del Empleo 2020, “la insuficiencia de empleos remunerados afecta a casi 500 millones de persona en el mundo”.

¿Crees que existe sincronicidad política entre neofascismo, supremacismo y capitalismo desregulado?

Sí, existe un proyecto ideológico, político y empresarial, orquestado por las doctrinas ultraconservadoras del neoliberalismo global, que han triunfado sobre el liberalismo clásico. Tras dicho proyecto están los “neo hegelianos” defensores de la filosofía del fin de las ideologías, el “fin de la historia” o el fin de la lucha de clases sociales. Ellos intentan, ahora, enmascarar sus propias opciones políticas e intereses privados bajo la reificación de unas pretendidas necesidades económicas, presentadas como lógicas, inexorables y derivadas de un supuesto determinismo tecnológico -sin alternativas- surgido de la revolución de las nuevas tecnologías. Sus prescripciones ideológicas han pivotado, básicamente, sobre las privatizaciones de los servicios públicos, la deconstrucción de los derechos sociales, la despolitización del derecho fundamental al trabajo, la desregulación del mercado financiero y del laboral y el acceso comercial ilimitado a los recursos naturales y bienes públicos de la humanidad: agua, gas, petróleo, minerales, biodiversidad alimenticia, etc. 

En tus palabras: “Nada es fortuito, sino que responde a un cambio estructural llevado a cabo por la contrarrevolución neoconservadora que aprovecha las consecuencias de los cambios tecnológicos y, sobre todo, la incomprensión que genera en muchas personas. Incomprensión, que lleva a una falta de seguridad y certezas, una vulnerabilidad fácilmente manipulable” … ¿Cuál sería el rol de los derechos humanos, el constitucionalismo y el feminismo para contener el “shock” contrarrevolucionario?

Creo que estamos en un proceso de transformaciones profundas, que la pandemia de la COVID-19 ha acelerado. Ahora ya no se trata simplemente de recuperar la tan ansiada “normalidad” o de recuperar la situación anterior, ni de regresar a un pasado escindido que se supone mejor, pero que nunca volverá. En mi opinión, estamos en un momento de transformar y de reconfigurar el mundo en el que queremos vivir tras las catástrofes acaecidas en las últimas décadas y el “trágico” abatimiento colectivo que ellas han provocado en una ciudadanía ahora temerosa y ninguneada. 

Las tradiciones políticas de los Derechos Humanos, el Constitucionalismo y el Feminismo han de revisar sus bases epistémicas para que puedan seguir siendo vectores decisivos de la transformación social. No pueden reducirse a ser meras referencias instrumentales, ni abstracciones vaciadas de contenido. La epistemología relacional, la interdependencia y el ecofeminismo han de ser ahora referencias imprescindibles para buscar opciones utópicas de cambio social y alternativas a las situaciones reales de injusticia o de catástrofe.

María José Fariñas

¿Consideras que el constitucionalismo español y latinoamericano están preparados para contener la involución neofascista y desreguladora?

Creo que no. 

En primer lugar, porque este tipo de constitucionalismo tiene desde su origen una base liberal y conservadora. No ha sido capaz de dar respuesta a uno de los problemas sistémicos más acuciantes, que es la generación compulsiva de desigualdades de todo tipo. 

En segundo lugar, porque la irrupción del neoliberalismo global en las últimas décadas ha abierto un proceso de deconstrucción de derechos y libertades, un proceso de-constituyente, casi anómico. Se están produciendo preocupantes brechas entre lo que se dice en los textos constitucionales y la realidad socioeconómica que se pretende imponer. 

Y, en tercer lugar, porque una acción pública para poder reconstruir el orden moral requiere de ciudadanos, no de personas cuyo individualismo implica un rechazo de la política como tarea colectiva. El problema está no sólo en la quiebra de la autoridad legal y judicial, sino en que sin el compromiso con un orden moral que sustente a la regulación jurídica pública, los individuos no pueden comportarse como ciudadanos, sino como seres aislados cuyo individualismo sistémico implica un rechazo a la regulación como tarea colectiva y recíproca, a la vez que una cierta apatía política y democrática.

Se necesitaría ahora renovar y ampliar los pactos sociales y, además, aspirar a un nuevo constitucionalismo global. 

En primer lugar, es preciso renovar los pactos de no agresión, de respeto, de reconocimiento y de integración entre diferentes, que ponga freno al espurio juego del enfrentamiento de emociones al que estamos asistiendo en las últimas décadas. Los mensajes supremacistas de odio han ido cobrando protagonismo hasta sumergirnos en un lenguaje frentista de eliminación y/o de abatimiento del diferente. Los debates racionales (tiempo) se han sustituido por mensajes emocionales (ruido) que juegan con los sentimientos de una ciudadanía desprotegida, ninguneada y resentida económicamente como consecuencia de las sucesivas crisis económico-financieras y los cambios globales.

En segundo lugar, un pacto de solidaridad y de redistribución socioeconómica entre desiguales, rompiendo con el acceso jerarquizado a los bienes materiales e inmateriales que el sistema capitalista naturalizó, y con las relaciones de poder frecuentemente ocultadas y olvidadas. La desigualdad socioeconómica sigue siendo un problema acuciante, que tras la pandemia se está incrementando. El Banco Mundial ha señalado que la pobreza extrema se ha incrementado por primera vez en 20 años.

En tercer lugar, un pacto de defensa y protección de los bienes comunes, que permita iniciar una “revolución de los bienes comunes”, como alternativa al neoliberalismo. El debate sobre los “bienes comunes” no es un tema nuevo (y tiene un amplio recorrido reivindicativo en el denominado Sur Global), pero ahora cobra una importancia central porque, en mi opinión, es imposible recuperar las políticas sociales y (des)mercantilizar los derechos sociales y económicos sin incorporar su dimensión comunitaria y relacional, como base de la construcción de lo común, del interés general e, incluso, de una democracia de lo común como alternativa a la democracia liberal capitalista. Esta revolución de “los bienes comunes” no se debería ubicar ya simplemente en los criterios redistributivos propios del Estado de Bienestar, sino que ha de ir más allá en el sentido de acceder al reparto y la gestión del poder con vistas especialmente a garantizar la subsistencia de las generaciones futuras en un entorno ecológicamente sostenible. 

Y, en cuarto lugar, un pacto por la Memoria Democrática. La memoria y el recuerdo han de ser instrumentos de construcción de democracia, ciudadanía, de justicia y paz. Se trata de salvaguardar el recuerdo de hechos pasados (ámbito individual), para la construcción de principios políticos de convivencia (ámbito público). La continuidad que establecemos con el pasado no es una continuidad estática, ni lineal, sino tendencial y compleja, que nos permitirá ir avanzando hacia sociedades más justas y equitativas. La relación entre memoria e historia no es solo retrospectiva, sino también prospectiva. En otras palabras, el pasado recordado y el presente tienen una continuidad temporal que se da a través de la memoria democrática. Por ello, un pacto por la memoria histórica (democrática) permite crear y recrear las condiciones materiales, culturales e ideológicas de la existencia, fortaleciendo el deber de luchar frente a las injusticias y desigualdades del pasado, del presente y las posibles futuras, y rechazando los dogmatismos de un pasado escindido y determinista en base al cual se pretenda controlar el presente.  La memoria no es neutra, pero tampoco única, ni pura, ni objetiva. Por ello, es preciso saber de qué lado estamos e implementar un derecho a la memoria democrática que se vincule a la polifonía de las diferentes voces implicadas, asumiendo los errores pasados. Sin una reconstrucción de la memoria inclusiva, bifronte y polifónica no habrá paz sostenible y duradera. La amnesia colectiva y la impunidad no funcionan generalmente, y mucho menos cuando se han producido graves y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos. 

Entrevista realizada por Luis Miguel Hoyos Rojas, exsubdirector del Instituto Nacional para Sordos (Colombia), profesor de Derecho Constitucional, Feminismo, Filosofía Política y Moral, filósofo por la Universidad de Houston (USA), abogado por la Universidad del Norte (Colombia), Máster en Derecho por la Universidad de Harvard (USA) y Máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España). Doctorando en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.