Marruecos clama justicia frente a Argelia por el dolor ocasionado en la Marcha Negra
Las tensiones entre Argelia y Marruecos, que llegaron a su peor punto en agosto de 2021, se retoman al siglo pasado con los hechos sucedidos en la conocida como “Marcha Negra” en 1975. Tanto el dominio de la región, rica en petróleo, gas y minerales semiconductores, como la puerta a Europa y el océano Atlántico han sido los móviles principales de las tiranteces entre los Ejecutivos de Rabat y Argel. A esto le sumamos la intervención española, en su momento, con el abandono del Sáhara Occidental como 53ª provincia y la postura tomada actualmente por el Gobierno de Pedro Sánchez en torno al reconocimiento de la soberanía alauí sobre el Sáhara Occidental.
Como consecuencia de las relaciones entre ambos países, más de 45.000 familias marroquíes, es decir, alrededor de 400.000 personas fueron exiliadas de terreno argelino en los años 60 y 70. Desde la Asociación “Marroquíes Víctimas de la Expulsión Arbitraria de Argelia” (AMVEAA) se pide justicia y se reclama al Estado argelino la reparación de miles de familias afectadas por el desplazamiento forzado al que se vieron sometidos a manos de las autoridades argelinas. En concreto, la Asociación se remonta a diciembre de 1975, fechas que concuerdan con las celebraciones árabes del Eid al-Adha que conmemoran la historia coránica de la voluntad del profeta Ibrahim de sacrificar a Ismail como un acto de obediencia divina.
El 8 de diciembre de 1975 el régimen militar argelino, por orden del coronel Boumediane, procedió a la expulsión de las familias marroquíes residentes en Argelia, quienes vivían de forma legal, a quienes sacaron de sus casas sin previo aviso, trataron como animales y dejaron tirados en la frontera. Todo esto como respuesta de Argelia a la Marcha Verde marroquí que había tenido lugar un mes antes para recuperar el Sáhara marroquí entonces ocupado por España. El régimen de Argel violaba así los lazos de sangre y vecindad, el islam y el arabismo y olvidando los gestos marroquíes realizados en Oujda los cuales sirvieron de cara a la liberación argelina de Francia.
La deportación fue un gesto desmedido ante un acto marroquí (Marcha Verde) totalmente pacífico que solo trató de recuperar lo que consideraba de su pertenencia, lo que responde a un acto de obsesión argelina por controlar la región. Ante esta cuanto menos curiosa forma de Argelia de agradecer a Marruecos la ayuda ofrecida en su defensa ante Francia, Marruecos decidió no actuar de la misma manera. La deportación a la fuerza por parte de las patrullas de seguridad argelinas incluyó momentos de extrema violencia y prácticas inhumanas de deportación sin permitirles tomar ninguna de sus posesiones, ni siquiera sus bolsos.
La deportación se produjo en un contexto de tensiones en las relaciones entre Argelia y Marruecos por la cuestión sahariana en ese momento, que implicaba la ocupación del Sáhara por España en represalia por la marcha pacífica organizada por el difunto rey marroquí Hassan II bajo la denominación de la “Marcha Verde”. Que se saldó con la firma de un acuerdo tripartito entre Madrid, Rabat y Nuakchot después de que 350.000 marroquíes derribaran la frontera de los territorios entonces ocupados, lo que obligó a España a sentarse a la mesa de negociaciones. Los marroquíes expulsados todavía esperaban una indemnización décadas después del traumático suceso, y en ese sentido habían constituido la AMVEAA para luchar por la restitución de sus derechos perdidos.
La Asamblea tomó la decisión en 2015 de presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos) para la revisión de su caso contra el Estado argelino, pero aún, 8 años después, continúa pendiente de resolución. La Asamblea reafirma la necesidad de tomar medidas decisivas para hacer frente a la crisis migratoria y pide al Gobierno marroquí que dé a este tema la prioridad que merece. Para condenar al Estado argelino y a cualquiera que se haya presentado en su nombre, los delitos registrados se basaron en pruebas de documentos, cintas y fotografías. Sin embargo, la ley garantizaba que todos los afectados y los familiares de las víctimas serían llevados ante tribunales penales nacionales e internacionales para poder defender sus reclamaciones.
En una declaración de la AMVEAA, se afirmó que la expulsión forzosa y generalizada de 45.000 familias marroquíes, o hasta 400.000 ciudadanos que tenían residencia legal en territorio argelino y a quienes además se les privó de todos sus bienes, era un acto criminal en la categoría de crímenes internacionales porque había violado flagrantemente el derecho internacional humanitario, el derecho laboral, las leyes del país anfitrión, los acuerdos entre ambos países, e incluso suponía una incontestable violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Nada es casual y la AMVEAA aprovechó la orden de arresto sobre Vladimir Putin por la deportación de niños ucranianos, catalogado como crímenes de guerra, para pedir al Ejecutivo marroquí que adopte un expediente y defienda a los centenares de familiares que sufrieron las deportaciones y a quienes sufrieron los mismos crímenes en relación con los miles de niños marroquíes que fueron desplazados durante la “Marcha Negra”. En palabras de Ahmed Noureddine, experto en relaciones marroquíes-argelinas, a la revista Hespress: “El silencio marroquí ante la situación de miles de ciudadanos no era comprensible y apoyó a la Asociación para reclamar al Estado mayor defensa de los intereses de todos los afectados por las deportaciones”.
