Marruecos y Argelia no quieren otra guerra en el Sáhara Occidental
Los intereses de cada uno de los actores del contencioso del Sáhara Occidental se mantienen desde que se produjo la Marcha Verde hace 45 años y Marruecos ocupó territorio español en aquel entonces, pero a lo largo de este tiempo las circunstancias han cambiado notablemente. Sobre todo, en los últimos años donde la iniciativa del rey Mohamed VI de Marruecos de otorgar una amplia autonomía a la región bajo su soberanía ha ido ganando peso y respaldos internacionales, más o menos evidentes y con mayor o menor eco público.
Los acontecimientos acaecidos a lo largo de la historia son imprescindibles para entender el contexto de la situación. Desde la efímera, pero influyente Guerra de las Arenas en 1963 entre Argelia y Marruecos por el control del Sáhara Oriental y su capital Tinduf, donde se asentó uno de los mayores campamentos de los saharauis independentistas. La intención de Argelia, bajo influencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, de lograr una salida al océano Atlántico con el rechazo rotundo de Estados Unidos y Europa. La guerra que enfrentó desde 1975 al Ejército de Marruecos con el Frente Polisario que terminó con el alto el fuego de 1991, pero con las espadas en alto en el ámbito político diplomático en el seno de la ONU y su misión especial donde la celebración de un referéndum sigue siendo la reivindicación del Frente Polisario mientras Marruecos argumenta que el censo no es fiable. Durante muchos años, cerca de 200.000 saharauis han malvivido en los campamentos con la ayuda internacional, siendo rehenes de los diferentes intereses de los dirigentes del Frente Polisario, pocos viven o poco han vivido en los campamentos; de Argelia y sus grupos de presión donde militares de una y otra tendencia pugnaban por el control; y de Marruecos que defiende su soberanía sobre la región y ofrece una amplia autonomía como solución política, económica y social.
El Gobierno español sigue manteniendo su histórica postura de pretendida neutralidad sobre la situación en el Sáhara Occidental o las provincias del sur como le gusta denominar a la zona el Gobierno marroquí. Debe ser la actitud más adecuada desde el punto de vista diplomático y en consonancia con el criterio de las Naciones Unidas porque España tiene todavía, legalmente, cierta responsabilidad sobre un territorio ocupado por Marruecos con la Marcha Verde. En este momento, el cargo de representante especial de Naciones Unidas está vacante desde mayo de 2019, tras la dimisión del alemán Horst Kohler, por motivos de salud.
Hace cuatro semanas, se había producido de nuevo cierta tensión porque el cruce fronterizo de Guerguerat, en el suroeste del Sáhara Occidental, había sido cortado en la parte de Mauritania por una veintena de manifestantes bloqueando más de 200 camiones marroquíes y mauritanos que utilizan la carretera que sube por la costa mauritana y del África Occidental, a unos 38 kilómetros al norte de Nuakchot. Esta carretera, utilizada por Marruecos para su comercio con el África subsahariana, ya había sido objeto de controversia hace años. Ahora, unidades del Ejército marroquí penetraron el pasado viernes 13 de noviembre en esta franja desmilitarizada del sur del Sáhara para romper el bloqueo al tráfico impuesto por estos manifestantes del Frente Polisario. Sobre el terreno, asistimos a un enfrentamiento localizado que se ha saldado sin heridos ni daños graves por el momento, sólo intercambio de disparos, pero que ha provocado la enésima reiteración de la amenaza del Frente Polisario de reanudar la guerra.
Nadie cree posible que esa opción de guerra se materialice por la enorme desigualdad en armamento entre marroquíes y polisarios y porque Argelia no parece dispuesta en este momento a enviar tropas y entablar un conflicto bélico de consecuencias impredecibles, pero con la casi total seguridad de que todos saldrían perdedores. En Argel, los últimos acontecimientos políticos abren algunas puertas a un posible cambio de actitud frente al problema, a pesar de que un buen número de antiguos jefes militares pretendan mantener abierta la confrontación en su lucha por el control político-militar y por los beneficios económicos. La nueva Constitución, aprobada en referéndum el pasado 1 de noviembre, pendiente de la firma del presidente, Abdelmadjid Tebboune, ingresado en un hospital de Alemania contagiado por la COVID-19, permite pensar en el comienzo de una nueva etapa política en Argelia propiciada por la gran presión ejercida, semana tras semana, por la Hirak, por el movimiento pacífico de protesta que cada viernes congregaba en las calles de las ciudades argelinas a miles de ciudadanos que exigían el final del régimen instalado durante 25 años en torno a Abdelaziz Bouteflika. Los nuevos aires de renovación argelina han deparado la detención y encarcelamiento de destacadas personalidades del mundo de la empresa, de la Gendarmería y de la política. La clave estriba en la renovación de la cúpula militar heredera de la guerra de independencia de Francia, apoyada en el Frente de Liberación Nacional, y en la intención del presidente Tebboune de asumir las competencias del tema del Sahara, hasta ahora en manos de los militares.
En cuanto a la situación actual, la pandemia por el coronavirus está golpeando duro tanto a Argelia como a Marruecos, con un elevado índice de contagios y bastantes fallecimientos y causando una gravísima crisis económica que en el caso argelino ha venido a empeorar una situación bastante precaria antes de la aparición del virus. Desde hace años, los empresarios de ambos países han utilizado diversas plataformas para reivindicar un acuerdo que ponga fin a las disputas bilaterales, permita reabrir la frontera entre los dos países con el consiguiente beneficio para miles de ciudadanos vecinos y plantear una posición conjunta en el ámbito internacional que le supondría una notable mejora de sus relaciones con la Unión Europea, por ejemplo. Entidades económicas y sociales han cuantificado los beneficios que supondría el fin del enfrentamiento entre los dos grandes países del Magreb y más en este momento tan delicado que precisa de toda la colaboración posible para superar los daños causados por el coronavirus, y los que pueda seguir ocasionando.
Por supuesto que los miles de saharauis que llevan años viviendo en condiciones muy precarias en los campamentos tienen mucho que decir, pero la realidad de los últimos tiempos depara un descorazonado hastío en la gran mayoría de estas personas, con graves problemas en el día a día sufriendo unas condiciones de vida infrahumanas, unas penurias que llevan a la desesperación de numerosos jóvenes que siguen la estela del actual líder de Daesh en el Sahel, en el Gran Sáhara, Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, un saharaui procedente del campamento de Tinduf, que se ha convertido en un terreno fértil para que el yihadismo islamista capte a jóvenes para sus filas.
La hegemonía política que ejercía en los campamentos el Frente Polisario se ha roto con la creación de un movimiento político, Saharauis por la Paz, fruto del descontento y la frustración de los saharauis de los campamentos.
En definitiva, la acción de bloquear el paso de Guerguerat por parte de un grupo del Frente Polisario encabezado por su secretario general Brahim Ghali para provocar la intervención militar marroquí para desbloquear el libre comercio en esa zona y denunciar a continuación la violación del alto el fuego por la entrada militar marroquí en zona desmilitarizada y la declaración de guerra formaría parte de una estrategia para intentar crear una situación de enfrentamiento bélico que pudiera abortar cualquier atisbo de acuerdo que se pudiera estar negociando con la intermediación de grandes potencias. La resolución de Naciones Unidas del pasado mes de octubre que renueva por otro año el mandato de la MINURSO recoge de nuevo el llamamiento claro a las partes para que logren un acuerdo pacífico negociado.
La nueva situación política en Argelia, el azote de la pandemia del coronavirus, el hartazgo de los propios saharauis, la opción de una generosa autonomía con recursos por parte marroquí, la presión de los grandes países implicados y la nueva resolución de Naciones Unidas apuntan a una posible solución, que algunos pretenden boicotear para no perder sus privilegios, aunque miles de saharauis sigan sufriendo.
