Naciones Unidas condena a España por haber impedido la solicitud de asilo a dos migrantes menores no acompañados

El Comité de los Derechos del Niño ha obligado a las autoridades españolas a regularizar la situación de los dos niños y corregir su tarjeta de asilo
Niños a bordo del Ocean Viking cuando éste llega al puerto de Messina, Italia, el martes 24 de septiembre de 2019

AP/RENATA BRITO  -   Niños a bordo del Ocean Viking cuando éste llega al puerto de Messina, Italia, el martes 24 de septiembre de 2019

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha condenado a España por haber violado los derechos de dos menores que llegaron solos a la provincia de Almería para solicitar asilo y que han sido declarados irregularmente como mayores de edad por la Fiscalía. En dos dictámenes emitidos este miércoles, la institución internacional ha obligado a las autoridades españolas a regularizar la situación de dos niños que llegaron en patera procedentes de Costa de Marfil y de Guinea, así como a corregir su fecha de nacimiento en las tarjetas de asilo siguiendo los datos de sus documentos oficiales. 

Según ha afirmado el Comité de Naciones Unidas, los dos niños fueron declarados como mayores de edad ante su negativa a realizarse las pruebas médicas para poder precisarla y  la Fiscalía no aceptó como válidos los documentos de identidad emitidos en sus países de origen que los niños poseían, como eran el pasaporte biométrico y la tarjeta de identidad consular. Además, los dos menores no tuvieron asistencia de un tutor ni representante legal, “ni siquiera los que los niños habían designado para defender sus intereses” lo que podría haber causado un daño “irreparable ante una inminente devolución a sus países de origen”. 

Un niño es llevado en brazos al desembarcar del Ocean Viking, atracado en el puerto siciliano de Messina, al sur de Italia, el martes 24 de septiembre de 2019
PHOTO/CARMELO IMBESI/ANASA via AP - Un niño es llevado en brazos al desembarcar del Ocean Viking, atracado en el puerto siciliano de Messina, al sur de Italia, el martes 24 de septiembre de 2019

Ante esto, los dos niños se quedaron en la calle y sin poder presentar su petición de asilo al Ministerio de Interior, según ha informado la Fundación Raíces. Fue en este momento cuando esta ONG recurrió ante el Defensor del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que intercedieran ante las autoridades españolas. Finalmente, los niños se vieron obligados a declararse como mayores de edad para poder iniciar el procedimiento de asilo, estos hechos fueron recogidos por ACNUR y también se presentaron en la denuncia ante el órgano de la ONU.  
Ahora este Comité de Naciones Unidas, que es el encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la que España forma parte, ha determinado que estos dos menores vieron vulneradas sus libertades fundamentales y que las autoridades españolas no han respetado varios de los artículos de la convención, como son la no interferencia en la identidad del menor o la obligación de proteger al niño y permitir formalizar su solicitud de asilo. 

El Comité ha recordado que los documentos presentados por los menores deben considerarse como auténticos salvo que se demuestro lo contrario, y que todo menor se estimará como documentado si tiene un pasaporte u otro documento de identidad similar consigo. Del mismo modo, la organización internacional ha obligado a España a proporcionar a estos niños “una reparación efectiva por las violaciones sufridas”, entre las que se incluyen la regularización de su situación administrativa y la asignación de “un representante legal cualificado, u otros representantes de forma gratuita, durante el procedimiento de determinación de la edad”. 

Niños migrantes en la cubierta del barco de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms, después de ser rescatados el 21 de diciembre en el Mediterráneo Central, antes de desembarcar en el puerto de Crinavis en Algeciras, el viernes 28 de diciembre de 2018
AP/OLMO CALVO - Niños migrantes en la cubierta del barco de rescate de la ONG española Proactiva Open Arms, después de ser rescatados el 21 de diciembre en el Mediterráneo Central a finales de diciembre del año pasado

Según ha afirmado la Fundación Raíces, esta no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones en la Oficina de Asilo y Refugio. “Estos Dictámenes de Naciones Unidas son mucho más que un tirón de orejas a España y nos asombra que la Fiscalía siga actuando así, sabiendo que provoca que muchos niños y niñas sean abandonados, desaparezcan o puedan ser captados por redes de explotación, trata, etc.”, ha afirmado Lourdes Reyzábal, presidenta de la ONG. 

Según datos de la Junta de Andalucía, en el primer semestre de 2019 han llegado a las costas andaluzas 4.369 niños y niñas no acompañados, lo que supone un crecimiento del 31% respecto al mismo periodo del año pasado. Del mismo modo, el número de niños y adolescentes en los Centros de Protección de Menores de esta comunidad autónoma ha aumentado un 47,15% respecto a los datos recogidos en junio de 2018. En cuanto a los países de origen, los niños marroquíes conforman el grupo más numeroso de menores que piden asilo en España, seguidos de niños de Guinea, Argelia y Mali. 

Es por esto por lo que varios Defensores del Pueblo de distintas comunidades autónomas han mantenido una reunión en Sevilla y Tarifa (Cádiz) para plantearse nuevas respuestas a los retos en detección rápida de la edad de los niños migrantes y dar apoyo a los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad. Además, han pedido al Gobierno un plan estratégico nacional para dar respuesta a estos procesos. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) recientemente ha publicado una serie de recomendaciones mediante su comité español para garantizar una “protección integral” de los niños y niñas migrantes no acompañados que llegan a las costas españolas. En este documento el organismo de la ONU ha afirmado el interés superior del niño debe de estar garantizado en el diseño de las políticas de asilo y en el proceso de evaluación y que las autoridades deben examinar explícitamente el impacto en el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo del menor mediante un sistema de garantías de recursos de apelación y una figura de defensoría legal y tutela pública.