Netanyahu ultima los detalles para designar al nuevo Gobierno de Israel

Cada vez más cerca de convertirse –por sexta vez– en el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y sus socios parlamentarios ultiman los detalles para acceder a la jefatura de Gobierno. Así lo ha evidenciado la aprobación –por parte del Parlamento israelí– de una enmienda combinada sobre la Ley Básica (el cuerpo de 13 leyes fundamentales que son lo más parecido a un texto constitucional para el país hebreo), para introducir las denominadas leyes Deri y Smotrich. 

Y es que estas dos normas permiten al jefe de Gobierno entrante mantener el apoyo parlamentario de su histórico socio, Shas, y de la alianza de extrema derecha de corte supremacista judío, Sionismo Religioso, de cara a la ceremonia oficial de nombramiento y juramento del cargo del nuevo equipo de Gobierno el próximo jueves 29 de diciembre. 

En el caso de la primera, la coalición ultraortodoxa Shas (‘Asociación Internacional de los Sefardíes Observantes de la Torá’), el respaldo político se encontraba abiertamente supeditado a la implementación de una reforma que permitiese a su líder Aryeh Deri volver a ocupar cargos públicos a nivel ministerial tras su condena e inhabilitación por fraude fiscal. Para ello, la enmienda a la Ley Básica aprobada por la Knéset en la madrugada de este martes permite la rehabilitación de su ejercicio a aquellos políticos que, pese a haber sido imputados, no han llegado a entrar en prisión. 

Según lo pactado en las negociaciones, Aryeh Deri ocuparía, a partir del jueves, el cargo de viceprimer ministro en este nuevo Gobierno –considerado por muchos como el más derechista y ortodoxo de la historia del país–, y se convertiría en el titular de Interior y Sanidad durante la primera mitad de la legislatura, y de Finanzas, en la segunda. 

En segundo lugar, la reforma al “texto constitucional” aprobada en el Parlamento israelí –por una mayoría de 63 votos contra 55– permitirá al líder supremacista de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, acaparar amplias funciones del Ministerio de Defensa, ya que tendría la última palabra sobre las políticas civiles y militares en los territorios ocupados de Cisjordania, y sobre las decisiones de construcción y expansión de los asentamientos en la misma región. 

Esta situación se torna posible gracias a que la enmienda permite la entrega de una cartera ministerial concreta a dos ministros diferentes, lo que ha sido calificado por el todavía jefe del Ministerio, Benjamin Gantz (también conocido como Benny Gantz), como un “desmantelamiento de la cadena de mando” de las Fuerzas Armadas del país. Algo que, según recoge sus declaraciones la agencia de noticias EFE, “perjudicará el funcionamiento del sistema de seguridad”. 

En este sentido, las preocupaciones por la amenaza que el nuevo Gobierno supone para la democracia y el equilibrio de poderes –que podría romperse en favor del Ejecutivo, y en detrimento de las minorías nacionales– ha trascendido de los círculos políticos y académicos, y ha llegado al propio Ejército israelí. En las últimas horas, una misiva dirigida a la Corte Suprema y firmada por casi 1.200 militares veteranos de las Fuerzas Aéreas ha advertido sobre el peligro que entraña el Ejecutivo de coalición del Likud (el partido del propio Netanyahu), Sionismo Religioso, Poder Judío y Noam, entre otros.  

“Venimos de todos los estratos de la sociedad y de todo el espectro político […] y lo que tenemos en común hoy es el temor de que el estado democrático de Israel esté en peligro”, recogía la carta. Los funcionarios legales “son la línea final de defensa” de la democracia hebrea, agregaba, y estos deben hacer todo lo posible para “detener el desastre” que amenaza al país. 

Entre los nombres que han respaldado la misiva se encuentran los de figuras tan relevantes como el teniente General de la Fuerza Aérea de Israel y comandante en jefe entre 2005 y 2007, Dan Jalutz; el ex comandante de la Fuerza Aérea, Avihu Ben-Nun; o el ex general de la Fuerza Aérea y jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Amos Yadlin. 

Paralelamente, un comunicado firmado por los líderes de los partidos en la oposición recogía su rechazo al nuevo Gobierno. “Trabajaremos juntos para luchar contra este Gobierno atrasado y antidemocrático que […] desmantelará Israel desde dentro”. “Cuando volvamos al poder, prometemos cancelar cualquier legislación extremista que dañe la democracia, la seguridad, la economía o la sociedad israelí”, concluía el texto donde también se podía observar la firma del todavía primer ministro en funciones, Yair Lapid. 

Y es que, mientras la Knéset aprueba las enmiendas a la Ley Básica, y mientras varios miembros del nuevo Gobierno expresan su intención de aprobar la “cláusula de anulación” (para permitir al Parlamento implantar leyes que contradigan la Ley Básica y eliminar la capacidad del Tribunal Supremo para anularlas), el presidente interino de la Cámara legislativa, Yariv Levin, renunciaba esta semana a su cargo en la Knéset ante las previsiones de que su buena relación con Netanyahu le garantice una cartera ministerial en el Ejecutivo entrante.