Nicaragua: inquietud empresarial tras 21 meses de parálisis política

Casi 21 meses después del inicio de las protestas ciudadanas en Nicaragua y de la sangrienta represión por el Gobierno del presidente Ortega, la economía no levanta cabeza. El país, que había logrado aumentar el interés de los inversores extranjeros, en particular españoles, especialmente hacia los sectores de turismo y energía, se hundió en la recesión en 2018, tras crecer el 4,7% en 2017 y avanzar una media del 5,1% en 2010-17.
Una recesión de la que no salió en 2019 ni saldrá en 2020. El prolongado declive de la economía inquieta ya a las 60 empresas españolas instaladas en Nicaragua.

Según los entes internacionales, Nicaragua habrá cerrado 2019 con una caída del PIB del 5,3%, tras un declive del 3,8% de 2018. Y en 2020 sumará un tercer año de recesión, pero con retroceso más leve (-1,4%). Y ello en un contexto de incertidumbre política y parálisis, cuando no colapso, de la actividad que ha ahuyentado la inversión exterior, uno de los motores del desarrollo.

Las cifras oficiales indican que, en el primer semestre de 2019, la IED acusaba ya una caída del 25% sobre al año previo. Y según Cepal, la inversión en 2018 se contrajo un 53,7% sobre 2017 (a 359 millones de dólares, frente a 772 millones), cuando Managua esperaba lograr 1.500 millones. En estos tiempos de inseguridad, pocos apuestan por invertir: ni firmas locales ni extranjeras.

El sector más afectado por el retroceso de la actividad y la llegada de IED es el turismo donde, por otro lado, el 42% de las pymes locales ha echado el cierre. Pero la llegada de capital exterior ha bajado también en industria, energía y telecos y la actividad se ha hundido en construcción y comercio. Según Funides, sólo entre abril de 2018 y febrero de 2019 la actividad en hoteles y restaurantes cayó el 31,8%; en construcción, el 18,3% y en comercio, el 16,3%.

Los expertos creen que, sin una rápida salida a la crisis, en 2020 la financiación privada en construcción seguirá bajando y alertan del parón en la pública, sostenida por entes multilaterales (BID, BM): no se han firmado más convenios con Managua y las obras en ejecución acabarán en 2020 o inicios de 2021.

La crisis sacudió el país cuando las firmas españolas, pese a las dudas sobre la seguridad jurídica ofrecida por Managua y al reducido mercado, comenzaban a elevar su apuesta, tras la mejora de imagen de un país que exhibía el segundo mayor crecimiento regional, seguridad ciudadana y un modelo de consenso Gobierno-sector privado. Era, además, un momento en el que Managua impulsaba su campaña para atraer capital extranjero en renovables, infraestructura, agroindustria y turismo, tras haber logrado incrementar el peso de la IED al 7% del PIB en un país muy dependiente también de las remesas.

España es el quinto inversor en Nicaragua, con un stock de 1.100 millones desde 2000 y unas 60 empresas, que generan 17.000 empleos. Entre ellas Mapfre, Repsol, FCC, Barceló, Inditex, Nueva Pescanova, Iberia, Acciona, Isolux, Cobra, Naturgy, Adolfo Domínguez, TSK, Mango y Gamesa. Telefónica salió en 2019, como del resto de Centroamérica, al cerrar la venta de su filial.

La grave crisis política que registra Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, abierta con unas masivas manifestaciones contra la reforma de las pensiones que se convirtieron en bandera de los que exigen la renuncia de Ortega tras más de 12 años en el poder con acusaciones de abuso y corrupción, han causado ya la muerte de más de 350 personas, la mayor parte de ellas por represión del régimen sandinista, y una situación de profunda inestabilidad.

Nicaragua, que ha iniciado 2020 con un ‘gesto’ del presidente, al anunciar la libertad de 91 presos opositores que llevaban meses detenidos para “contribuir a la reconciliación nacional”, vivirá también este ejercicio un año preelectoral, salvo que el Gobierno decida adelantar los comicios de 2021. Por ahora, Ortega parece decidido a aguantar y cumplir plazos, a pesar de que siguen las manifestaciones; del fracaso de su modelo económico; de las denuncias de violaciones de derechos humanos y de las sanciones económicas a familiares, entre ellos a su esposa, Rosario Murillo.

El año ha comenzado también con un llamamiento de la Iglesia nicaragüense a un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución y la institucionalidad, algo “que exige elecciones libres e imparciales”, y la advertencia de EEUU de que continuará su presión al régimen. En cualquier caso, pocos en la oposición confían en que el presidente impulse elecciones libres, transparentes y con observadores. Ortega, además de presidir el Ejecutivo, tiene control absoluto sobre los poderes Electoral, Judicial y Legislativo y sobre Policía y Ejército. Para los analistas, 2020 será otro año perdido de inestabilidad e incertidumbre.