Nigeria ilegaliza un grupo chií después de manifestaciones violentas en Abuja

Pablo Rubio

Pie de foto: Miembros del Movimiento Islámico de Nigeria (MIN) piden en Abuja la liberación de su líder Ibrahim Zakzaky, preso desde 2015. AFP/ SODIQ ADELAKUN

El Gobierno de Nigeria ha decidido prohibir las actividades del grupo chií Movimiento Islámico de Nigeria (MIN). Desde la administración, se acusa a la entidad de actividades terroristas. El Alto Tribunal Federal, con sede en Abuja, ha autorizado al Ejecutivo a poner en práctica esta medida, después de que, la semana pasada, tuvieran lugar en la capital choques entre miembros del MIN y fuerzas y cuerpos de seguridad nigerianos. Varias personas murieron en el curso de las manifestaciones, donde se pedía la liberación del líder del grupo Ibrahim Zakzaky. 

El MIN fue fundado a finales de los años 70. Inicialmente, su base estuvo en la ciudad de Zaria, en el norteño estado de Kaduna. Apareció como un movimiento estudiantil escindido de la corriente de pensamiento islámico dominante en la época, la de los Hermanos Musulmanes. Bajo el liderazgo de Zakzaky, el grupo mutó hacia el chiismo inspirado por la Revolución Iraní. Desde entonces, el MIN ha mantenido contacto con el régimen de los ayatolás, que ha financiado sus actividades. A menudo, la organización ha sido tratada con escepticismo e, incluso, una cierta hostilidad, especialmente, en el norte de Nigeria, predominantemente sunní. El propio Zakzaky lleva arrestado desde diciembre de 2015. Actualmente, espera permiso judicial para recibir atención médica en el extranjero. Sus seguidores piden su liberación.

Pie de foto: El Ejército de Nigeria responde en las calles de Abuja a los simpatizantes del MIN durante las protestas del 22 de julio de 2019. AFP/KOLA SULAIMON

Esta demanda ha sido la que los ha empujado a manifestarse en la capital del país casi a diario a lo largo de los últimos meses. En las últimas semanas, el balance de las protestas ha sido de ocho muertos: seis manifestantes, un periodista en prácticas y un oficial de policía. Después de que la corte federal le despejara el camino, el presidente Muhammadu Buhari ha tomado la decisión de denominar a la organización como grupo terrorista. “La proscripción del MIN no tiene nada que ver con prohibir que la mayoría de chiíes del país, pacíficos y respetuosos con las leyes, practiquen su religión; se trata de prevenir la violencia cruel, el asesinato y la destrucción deliberada de propiedad pública y privada”, ha manifestado Presidencia en un comunicado citado por Al Jazeera. Según el diario local Punch, el MIN quedará ilegalizado oficialmente cuando la decisión sea publicada en la gaceta estatal y en dos periódicos. Fuentes oficiales declaran a dicho periódico que el Gobierno prevé que la noticia se publique en prensa a lo largo de esta semana.

Pie de foto: Las tensiones han aumentado entre las autoridades y el MIN. Las manifestaciones por la liberación de Zakzaky han degenerado en violencia. AFP/SODIQ DELAKUN

Descontento con la decisión

El MIN ha hecho público su enfado por la medida. Un “enorme chiste” ha sido la manera en que la organización se ha referido a la decisión del Ejecutivo de Buhari. El breve comunicado emitido por el grupo está firmado por Ibrahim Musa, presidente del Foro de Medios del MIN. En el documento, se acusa al Gobierno de consumar una persecución hacia los chiíes que vendría produciéndose desde 2015, cuando, supuestamente, fuerzas de seguridad nigerianas asesinaron a 350 simpatizantes de la organización. Los miembros del MIN se retratan como las víctimas de la situación y como una asociación pacífica, al tiempo que condenan cualquier tipo de acto terrorista. El equipo jurídico del MIN ya está estudiando las posibles respuestas legales a la decisión del Ejecutivo. El Gobierno, por su parte, aunque no ha emitido una respuesta oficial a las voces críticas, ha acusado con frecuencia al MIN de intentar darle la vuelta a la narrativa para camuflar sus crímenes.

La prohibición también ha suscitado el rechazo de otras entidades. La organización nigeriana pro derechos humanos Access to Justice ha calificado la decisión de Buhari como “inconstitucional y profundamente desafortunada”. Su director, Joseph Otteh, ha criticado que la decisión del tribunal de Abuja no permite al MIN ofrecer su versión de los hechos en el marco de un proceso judicial ordinario. Coincide en el dictamen Mike Ozhekome, un reputado abogado especializado en derechos humanos, que alega que es inconstitucional prohibir un grupo religioso. 

El norte de Nigeria es una región que cuenta con una gran diversidad étnica, lo que provoca que sea inestable socialmente. El descontento de la minoría chií por la ilegalización del MIN representaría un factor más de inestabilidad. Miembros destacados de la esfera política y la Iglesia anglicana también han alertado de este problema. El arzobispo de la provincia de Enugu, reverendo Emmanuel Chukwuma, ha pedido a Buhari, en declaraciones recogidas por Punch, que no conduzca al país a una guerra civil. El religioso ha llegado, incluso, a acusar al Gobierno de una cierta complicidad con el terrorismo yihadista. 

Pie de foto: Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria. Su decisión de ilegalizar el MIN ha recibido críticas. AFP/KHALIL MAZRAAWI

Una década de actividad terrorista

A pesar de la actividad chií, la mayor amenaza a la paz en la región ha sido y es el grupo yihadista Boko Haram. Este mes de julio, se cumplen diez años desde que fue capturado y asesinado el fundador de la organización Mohammed Yusuf. Fue en este momento, después de una primera fase de adoctrinamiento y ataques específicos a los cuerpos de seguridad, cuando Boko Haram comenzó a desplegar su actividad terrorista más indiscriminada. Actualmente, la organización liderada por Abubakar Shekau se encuentra bajo el paraguas de Daesh. Según datos del Council of Foreign Relations (CFR), las luchas entre el grupo y los Ejércitos de los países del Sahel han provocado más de 63.000 muertos solo en Nigeria. Más de dos millones de personas han tenido que deplazarse, además, a regiones más seguras de Nigeria.

El último episodio de violencia terrorista se ha producido este fin de semana en un pueblo cercano a Maiduguri, la capital del estado de Borno. Varios hombres armados han atacado y perseguido a docenas de civiles que se encontraban en un entierro. Inicialmente, se ha comunicado que la cifra de fallecidos se situaba en torno a las veinte personas. Sin embargo, Mohammed Bulama, el jefe de Gobierno local de Nganzai, donde se produjo el tiroteo, ha rectificado ese recuento y elevado el número de muertos a 65. Además, otras diez personas están heridas. Bulama ha declarado que es probable que se trate de un acto de represalia; la semana pasada, comandos de autodefensa abatieron a once miembros de Boko Haram en el pueblo.

Pie de foto: Maiduguri, capital del Estado de Borno, ha sido azotada repetidamente por Boko Haram. Su último ataque ha causado 65 muertos. AFP/AFP 

El radio de acción de la organización terrorista no se limita solamente al nordeste de Nigeria, sino que abarca también las zonas de la cuenca del lago Chad, uno de los puntos más sensibles de toda la región del Sahel. Desde 2015, una fuerza conjunta de 10.000 soldados de Nigeria, Níger, Benín, Chad y Camerún trabaja para frenar los avances del grupo. Francia y Estados Unidos han proporcionado financiación al proyecto, así como ayuda logística y de mantenimiento sobre el terreno. El éxito de la campaña ha sido, por el momento, modesto. Además, el Ejército de Nigeria ha sido acusado repetidamente de perpetrar violaciones de derechos humanos en el curso de sus operaciones.