Nuevas demoliciones de viviendas en Jerusalén Este

Pablo Rubio

Pie de foto: Una excavadora militar israelí derriba un edificio cerca de una barrera militar en Sur Baher, una aldea palestina en el borde de Jerusalén Este, en un área que Israel capturó y ocupó en la guerra de Oriente Medio de 1967, el 22 de julio de 2019. REUTERS/AMMAR AWADAR

El Gobierno de Israel ha comenzado este lunes 22 por la mañana a demoler viviendas en el barrio de Wadi al-Hummus, en Jerusalén Este. Según informa Associated Press, las casas afectadas por las demoliciones se cuentan por docenas. El diario israelí Haaretz sitúa la cifra en setenta; Al Jazeera la eleva hasta cien. Los inmuebles afectados albergaban, calcula Naciones Unidas, a diecisiete residentes. En total, unos 350 pueden haber perdido las propiedades que habían adquirido. Activistas palestinos temen que el episodio ocurrido hoy sea el comienzo de una campaña más amplia que pueda llegar a repercutir negativamente sobre miles de palestinos de Jerusalén Este.

Los edificios contra los que han actuado los operativos israelíes estaban ubicados en la zona de Wadi al-Hummus, adyacente a la localidad de Sur Baher. Aunque esta pequeña ciudad, de unos 15.000 habitantes, forma parte de Israel, el suburbio de Wadi al-Hummus se encuentra justo al otro lado de la frontera. Los palestinos consideran que está bajo el área de influencia de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), pero los israelíes, desde la guerra de los Seis Días de 1967, vienen reclamando Jerusalén Este como un área de expansión propia. 

En este embarullado contexto, ha tenido lugar la demolición. Esta madrugada, a eso de las tres, unidades del Ejército han escoltado a los operarios encargados de realizar el trabajo. Las labores de demolición han comenzado alrededor de las siete y cuarto de la mañana, hora local, ha informado Al Jazeera. Excavadoras y bulldozers se han puesto en marcha una vez han finalizado los desahucios de los residentes que no habían abandonado aún sus viviendas. Miembros de diversas organizaciones contrarias a la ocupación han tenido que ser desalojados del lugar por los militares. Se trata de la mayor operación de demoliciones en Jerusalén Este desde 1967. Según el bufete Ir Amim, la política de derribos de Israel ha aumentado con respecto al año pasado. Durante la primera mitad de 2018, fueron demolidas 37 viviendas; en el primer semestre de 2019, el número aumentó hasta las 63.

Pie de foto: Fuerzas de seguridad israelíes demoliendo los edificios palestinos aún en construcción, en la zona de Wadi al-Hummus adyacente a la aldea palestina de Sur Baher, el 22 de julio de 2019. AFP/AHMAD GHARABLI

Proceso judicial prolongado

Los desalojos y las demoliciones del lunes 22 responden a una orden impulsada por el Ejército del país hebreo en 2012 para frenar las obras de construcción. El escrito alegaba que el emplazamiento de los edificios estaba demasiado cerca de la línea divisoria de Jerusalén Este. Por razones de seguridad, habían de ser demolidos: podían servir, argumentaban las Fuerzas Armadas, como refugio a terroristas suicidas que buscasen llegar al otro lado de la frontera. Los vecinos de la zona, no obstante, defendían que las viviendas habían recibido los permisos correspondientes que expide la ANP, y no había razón alguna para derribarlas. 

La batalla legal entre Israel y los residentes de Wadi al-Hummus se ha prolongado durante siete años. Finalmente, después de numerosos recursos y apelaciones de los vecinos, el proceso concluyó el pasado mes de junio en el Tribunal Supremo de Israel. El Alto Tribunal desestimó la última petición para frenar las demoliciones y, el día 18 de ese mes, concedió un margen de treinta días a los residentes para desalojar sus hogares. Expirado el plazo, se cumplió la orden.

Pie de foto: Las fuerzas israelíes se preparan para demoler las casas palestinas en la aldea de Sur Baher, que se encuentra a ambos lados de la barrera israelí en Jerusalén Oriental y en la Cisjordania ocupada por Israel, el 22 de julio de 2019. REUTERS/MUSSA QAWASMA

Consecuencias a corto y largo plazo

Antes de que el dictamen judicial se hiciese efectivo, la decisión de derribar los edificios ya había suscitado una profunda controversia. Las opiniones críticas no solo llegaron desde Jerusalén Este; voces oficiales de otras instituciones han querido mostrar su preocupación por las medidas tomadas y han manifestado su solidaridad con los vecinos desahuciados. El pasado viernes 19, Naciones Unidas emitió una declaración para pedir a Israel que no llevase a efecto el mandato judicial. El comunicado resaltaba las consecuencias de los desplazamientos internos de las familias desahuciadas, así como la obligación de desarrollar unas infraestructuras en el Jerusalén Este que satisfagan las condiciones de habitabilidad. 

Pie de foto: Periodistas y manifestantes palestinos huyen de los botes de gas lacrimógeno disparados por las fuerzas israelíes durante una protesta contra los planes israelíes de demoler viviendas palestinas, en la aldea palestina de Sur Baher, que se encuentra a ambos lados de la barrera en Jerusalén oriental y en la Cisjordania ocupada por Israel, el 20 de julio de 2019. REUTERS/MUSSA QAWASMA

Consumados los derribos, las críticas se han multiplicado. La Unión Europea ha declarado que este episodio no contribuirá al proceso de paz para una solución de dos países en la región. En declaraciones a medios locales recogidos por el Times of Israel, el cónsul general de Francia en Jerusalén, Pierre Cochard, ha considerado insuficientes las alegaciones de Israel sobre inseguridad para demoler los edificios. “Creo que es importante subrayar que no se les puede negar su derecho; están en territorio palestino”, ha apostillado el diplomático galo.

Pie de foto: Los palestinos acusan a Israel de utilizar la seguridad como pretexto para obligarles a salir de la zona, que debía estar bajo el control civil de la Autoridad Palestina en virtud de los acuerdos de Oslo, como parte de los esfuerzos a largo plazo para ampliar los asentamientos y las carreteras que los conectan. AFP/AHMAD GHARABLI

Más allá de los efectos inmediatos que tendrán las demoliciones de la mañana del lunes, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y otros colectivos con base en Gaza y Cisjordania han alertado de las consecuencias que se perfilan en el horizonte. Un comunicado emitido recientemente por la OLP advierte del precedente que establece la decisión del Tribunal Supremo que hoy se ha llevado a la práctica. Cientos de casas, prevé la organización, podrían verse afectadas por decisiones similares en los próximos meses. Se acusa al gobierno de Israel de querer liberar espacio al otro lado de la frontera para, más adelante, colonizarlo a través de nuevos asentamientos y carreteras. Ni las Fuerzas Armadas ni el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu han hecho pública, aún, su reacción a lo ocurrido en Sur Baher.