Nuevos cargos contra el magnate y activista hongkonés, Jimmy Lai
El magnate de los medios de comunicación y activista por la democracia de Hong Kong, Jimmy Lai, ha sido acusado de connivencia con fuerzas extranjeras y peligro para la seguridad nacional, en virtud de la polémica Ley de Seguridad Nacional. Se trata del acusado más importante tras la aprobación de la ley el pasado mes de junio.
"Después de una mayor investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de la policía, el hombre de 73 años es acusado de un cargo de "colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional", dijo la policía en un comunicado el viernes.
Han sido frecuentes las visitas de Lai en Washington, donde se ha reunido con funcionarios de alto nivel, incluido el Secretario de Estado Mike Pompeo y el ex consejero de Seguridad Nacional John Bolton, con el objetivo de reunir apoyos para su causa, lo que llevó a Pekín a acusarle de “traidor”.
A principios de este mes se le negó la libertad bajo fianza tras su arresto por otro caso separado, en el que se le investigaba por un fraude relacionado con el arrendamiento del edificio en el que se encuentra uno de sus medios, Apple Daily, diario referente de la oposición a China y sus aliados locales. Por lo que la noticia la ha recibido entre rejas.
Su arresto por esta causa y la redada de la policía en la sede del medio de comunicación desató una ola de protestas de gobiernos extranjeros, como el de Reino Unido, que acusó a China de reprimir la libertad de prensa en la ciudad. “Es una prueba más de que la ley de seguridad nacional se está utilizando como pretexto para silenciar a la oposición”, dijo James Slack, portavoz del primer ministro Boris Johnson.
La noticia sobre los nuevos cargos contra Lai tiene lugar en un contexto de aumento de la represión contra las fuerzas opositoras, que ha provocado la destitución de legisladores y la encarcelación de importantes activistas pro democracia como Joshua Wong.
La ley ha sido duramente criticada por los países occidentales y los grupos pro derechos humanos, al ser vista como una herramienta para callar voces disidentes, gracias a que está vagamente definida. Por su parte, las autoridades de Hong Kong aseguraron que era necesaria para garantizar la seguridad nacional, más aún tras las protestas que sacudieron la ciudad durante el último año. La severa normativa incluso plantea la cadena perpetua para los delitos recogidos en ella.
Lai se ha unido a la lista de los acusados por la nueva normativa. Entre ellos se encuentra Tong Ying Kit, un joven de 23 años acusado de terrorismo y secesión por conducir en motocicleta contra un grupo de policías mientras ondeaba una bandera en favor de la independencia el pasado mes de julio. En segundo lugar, otro joven, de 19 años, acusado de secesión por sus comentarios en redes sociales e investigado actualmente por profanar la bandera china. Ma Chun Man, de 30 años, completa la lista, acusado de incitar a la secesión.
El 30 de junio de este año, a pesar de las multitudinarias protestas, China aprobó esta ley, que supone un peligro para los derechos fundamentales de los ciudadanos de Hong Kong.
La ley fue consecuencia de las protestas desatadas contra la ley de extradición, que habría permitido juzgar en China a personas detenidas en Hong Kong, impulsada por la jefa del gobierno local, Carrie Lam, que finalmente desistió de aprobarla tras la ola de protestas. Aquella reforma buscaba terminar con la actual legislación, que impide a Hong Kong extraditar delincuentes a otros países, incluida China, aunque sean el mismo país. Algo que fue visto por muchos ciudadanos como una excusa para ceder poder a Pekín.
El acuerdo firmado entre China y Reino Unido en 1997, para la cesión de Hong Kong, recogía una serie de condiciones que garantizan un status especial a la ciudad. La Ley Fundamental estará vigente hasta 2047, año en el que Hong Kong perderá dicho status.
La Ley garantiza derechos como libertad de prensa, de reunión y de expresión. También permite a los ciudadanos elegir la mitad de la Asamblea Legislativa, y el poder judicial tiene cierta independencia. Por esta razón, los manifestantes pro democracia temen que la legislación aprobada recorte sus derechos.
