Nuevos vientos de protesta en Sudán

Actualizado: 05/08/19 | 21:40

Henar Hernández

Pie de foto: El jefe sudanés de la comisión de investigación, Fatah al-Rahman Saeed, da una conferencia de prensa sobre el asesinato de manifestantes, en Jartum el 27 de julio de 2019. AFP/SHRAF SHAZLY

Según AFP, que cita al Comité Central de Médicos, 5 manifestantes, includos 4 estudiantes, habrían muerto tras recibir disparos mientras participaban en una protesta en el centro de Sudán

Nuevo revés para el Consejo Militar de Transición en Sudán. La Fiscalía del país africano ha anunciado los resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión de Investigación para esclarecer los hechos del pasado 3 de junio: 87 muertos y 168 heridos. Del total de víctimas mortales, 17 se encontraban en la plaza localizada frente al cuartel general de la capital sudanesa, Jartum, un escenario que se convirtió en el símbolo de las protestas que abogaban primero por la caída de Omar al-Bashir y después por una transición liderada por formaciones civiles. Además, la investigación revela que 48 de los heridos fueron alcanzados por balas, así como que también se emitió una orden para azotar a los manifestantes.

Cabe recordar que la Comisión de Investigación fue instaurada por la Fiscalía con el acuerdo firmado entre el Consejo Militar y las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés) el pasado 17 de julio, por el que además se estableció un periodo de transición de 39 meses liderado por un Consejo Soberano mixto, compuesto tanto por efectivos militares como por civiles. El método de trabajo llevado a cabo se ha basado en 59 testimonios de fiscales, médicos, civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, las cifras que ha presentado la Fiscalía no se corresponden, por un lado, con las proporcionadas por el Gobierno del país, en concreto, por el Ministerio de Salud, que solo reconoce 61 fallecidos; ni, por otro lado, con las publicadas por el Comité Central de Médicos, una de las organizaciones a la cabeza de las protestas, que asegura que el balance se eleva hasta los 127 muertos y más de 400 heridos.

Pie de foto: El fiscal Fathel al-Rahman Saeed anunció que ocho oficiales de las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares habían excedido sus órdenes cuando llevaron a las tropas de RSF a despejar una sentada pro-democracia el 3 de junio en la capital, Jartum. AP PHOTO

Los resultados del estudio de los acontecimientos han sido anunciados por el jefe de la Comisión de Investigación, Fath al-Rahman Saeed, quien ha explicado que se tomarán medidas legales contra nueve oficiales de alto rango por crímenes de lesa humanidad, un delito castigado con la pena de muerte o la cadena perpetua de acuerdo con la ley militar. Durante la comparecencia, Said reveló las iniciales de los efectivos implicados, aunque no especificó su cargo ni si pertenecían o no a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un brazo paramilitar de las Fuerzas Armadas de Sudán acusado desde el principio por la oposición de ser el responsable del desalojo violento de la manifestación.

Específicamente, la Fiscalía ha apuntado al capitán de las RSF, identificado como H.B.A y al general de brigada de iniciales A.A.M., quien movilizó a una fuerza antidisturbios de las RSF bajo la orden de dos oficiales de alto rango (uno de ellos de iniciales A.S.A), que, a su vez, contravenía un mandato de los principales líderes del Consejo Militar. La orden fue “azotar a los manifestantes”. Además, según recoge EFE, este general también habría mandado “abrir fuego” contra las personas que se congregaban de forma pacífica. De acuerdo con la información recabada por Al Jazeera, otros tres oficiales violaron las órdenes del Ministerio de Defensa al trasladar fuerzas al área de la sentada. Otro de los resultados de la investigación revela que “personas enmascaradas” también dispararon contra los manifestantes, pero que por dicha condición no han podido ser identificados.

Sin embargo, Al-Rahman Saeed ha desmentido que se produjeran violaciones sexuales en el transcurso del desalojo, como así lo denunció la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten. Esta alta funcionaria de la ONU solicitó que se verificasen con urgencia los informes sobre “violaciones graves de derechos humanos cometidos por activos de las Fuerzas de Apoyo Rápido y las milicias. Estas incluyen las violaciones en grupo de las manifestantes, de defensoras de los derechos humanos de las mujeres y del personal médico femenino en los hospitales cerca de la sentada”.

El jefe de la Comisión también ha negado que los 40 cadáveres que fueron encontrados en el río Nilo en los días posteriores al 3 de junio fuesen víctimas del desalojo violento de la manifestación. Del mismo modo, cabe destacar que el jefe de la Comisión habría tratado de justificar el estallido violento: “Se convirtió en una amenaza para la seguridad, obligando a las autoridades a hacer los arreglos necesarios para despejar el área”.

Pie de foto: Manifestantes levantan una barricada durante una manifestación contra un informe del Fiscal General sobre la disolución de la sentada de protesta en Jartum, Sudán, el 27 de julio de 2019. REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

En este punto, cabe recordar que el Consejo Militar reconocía por primera vez a mediados de junio que dio la orden de desalojar la manifestación pacífica en frente del cuartel, a través de su portavoz, Shams al-Din Kabashi, quien declaró lo siguiente: “Ordenamos a los comandantes que elaborasen un plan para dispersar esta sentada. Hicieron un plan y lo implementaron […] pero lamentamos que hayan ocurrido algunos errores”.

Por ello, los resultados de la investigación han sido rechazados frontalmente por la oposición y por las organizaciones que han liderado la movilización civil. Así, el representante opositor Ismail al-Taj ha denunciado que la Comisión de Investigación “se formó no para establecer la verdad, sino para ocultarla”, pues “la realidad dice que hay cerca de 130 mártires”, y no 87 como arroja el trabajo de la Fiscalía. Por esta razón, al-Taj ha anunciado que han solicitado “una investigación independiente”, ya que rechazan “los hallazgos de esta investigación”, en unas declaraciones recogidas por RFI. Por su parte, la Asociación de Profesionales de Sudán (SPA, por sus siglas en inglés) sigue responsabilizando directamente al Consejo Militar: “Fue encargado por el Consejo Militar [el desalojo de la sentada], y esto cuestiona su integridad, ya que está acusado en este caso”. Además, ha pedido que se hagan públicos los nombres de los oficiales implicados, ya que de momento solo se han revelado las iniciales.

Tras la comparecencia de Al-Rahman Saeed, cientos de sudaneses han salido a las calles durante este fin de semana para exigir una investigación independiente. Las declaraciones de los manifestantes – recogidas por Al Jazeera– se orientan en este sentido: “Esta investigación no tiene sentido porque sabemos quiénes atacaron a los manifestantes”, expone Amam al-Tahir. “No tenemos otra solución que no sea volver a la calle”, asegura Waleed Samy.

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