Más de medio centenar de manifestantes ha muerto a manos de la Policía desde el estallido de las marchas tras la intentona golpista del expresidente Pedro Castillo

Perú, en el alambre: las protestas ponen contra las cuerdas el orden constitucional

photo_camera REUTERS/ALESSANDRO CINQUE - Una bandera con un lazo negro y manchas rojas es fotografiada mientras manifestantes exigen la disolución del Congreso y elecciones democráticas, rechazando a Dina Boluarte como presidenta de Perú, tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, en Lima, Perú 12 de enero de 2023

Perú atraviesa un periodo de crisis política inédito desde el restablecimiento de la democracia. 

El temblor incontenible de los papeles que sostenía entre las manos reflejaba el estado de nerviosismo de Pedro Castillo. El presidente de Perú leía con voz trémula y el rostro visiblemente entumecido un discurso a la nación desde su despacho de la Casa de Pizarro. Apenas separaba la vista de los folios, como si no supiera lo que estaba a punto de pronunciar. Su imagen aparecía en directo en televisión nacional a última hora de la mañana del miércoles 7 de diciembre. Estaba a un paso de decretar la disolución del Congreso, el nombramiento de un Gobierno de emergencia, la implantación de un toque de queda a escala nacional y un adelanto electoral para poner en marcha un proceso constituyente. En realidad, lo que Pedro Castillo estaba anunciando era a todas luces un autogolpe de Estado, uno más en la historia reciente del país andino. 

Esa misma tarde, el Congreso tenía previsto someter a votación una tercera cuestión de confianza para destituirle que no tenía visos de prosperar. De hecho, las dos anteriores no habían fructificado, y no precisamente porque el presidente tuviera detrás una sólida mayoría parlamentaria, sino porque su cese traería consigo “la convocatoria de elecciones anticipadas y el riesgo para los diputados, que no pueden ser reelegidos, de perder sus escaños y, por tanto, los ingresos que hoy en día siguen recibiendo, junto con el acceso al presupuesto y las importantes prebendas vinculadas a sus cargos”, escriben los investigadores Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano en el Real Instituto Elcano. Castillo, cercado por los casos de corrupción y al frente de un Gobierno disfuncional, quería someter al Parlamento que tantos quebraderos de cabeza le había provocado en su año y medio en el cargo.

Congreso de la República de Perú

Pero nadie respondió a sus órdenes. Ni la judicatura ni las Fuerzas Armadas cerraron filas con Castillo. El presidente había optado por la vía golpista sin ni siquiera haberse granjeado el apoyo de ninguno de los poderes fácticos de Perú. Por eso, tan solo tres horas después de aparecer en directo en televisión nacional sosteniendo a duras penas los folios, el mandatario era conducido hasta las dependencias policiales por los miembros de su propio equipo. Ha pasado más de un mes, y el ya expresidente permanece desde entonces en prisión provisional por los cargos de rebelión, conspiración y abuso de poder. Está acusado, además, de liderar una organización criminal por presunto fraude al Estado en la adjudicación de obras públicas. Le esperan 17 meses en el penal de Barbadillo, una cárcel de Lima en la que cumple condena el último dictador vivo de Perú, Alberto Fujimori, quien, a diferencia de Castillo, no erró el tiro y ejecutó con éxito un autogolpe en 1992. 

El Congreso celebró finalmente la sesión, pero las palabras del presidente habían alterado irreversiblemente la realidad política del país. Los congresistas disiparon definitivamente la intentona golpista y aprobaron por mayoría la vacancia de Castillo por “incapacidad moral permanente”, una polémica cláusula constitucional que concede al legislativo la capacidad de destituir al jefe de Estado. “El artículo de la Constitución tiene más de un siglo, y en este siglo se ha usado recién ahora, tres veces”, explica Jorge Montoya, congresista del ultraderechista Renovación Nacional, en conversación con Atalayar. “La situación nos ha llevado a ese tipo de escenarios donde la única salida para deshacernos de una persona corrupta es esa. Aunque en el caso de este presidente no ha sido eso; ha sido el golpe de Estado que dio”. Montoya defiende la ley y cree que su permanencia en la Constitución está justificada, pero matiza que los delitos que comprende deberían concretarse. 

Pedro Castillo

La convulsa salida de Castillo colocó en la rampa de sucesión a su vicepresidenta y antigua aliada del partido marxista-leninista Perú Libre, Dina Boluarte. La que fuera ministra de Desarrollo e Inclusión Social, una de las 80 personas que desfilaron por el gabinete de Pedro Castillo desde julio de 2021, se convirtió en la sexta presidenta de Perú en seis años y en la primera mujer en ocupar el cargo. No lo iba a tener fácil. Ni siquiera tuvo tiempo de colgarse la banda presidencial cuando estallaron en el sur del país unas movilizaciones que pedían la liberación inmediata de Castillo y la celebración de elecciones generales. Boluarte, sin embargo, tenía en mente agotar la legislatura y llegar con vida hasta 2026. No cambiaría de criterio hasta que las protestas fueron ganando fuerza, llegando a proponer un adelanto electoral en 2024 que solo contentó al Congreso. 

Las protestas irrumpen en Lima 

“La presidenta no tiene por qué renunciar. La presidenta ha sido la sucesión constitucional que corresponde. Dicho sea de paso, yo he sido el mayor crítico de ella. Antes, yo decía que ella tenía que irse del Gobierno para que nunca llegara a ser presidenta. Pero llegó. Y yo respeto a la Constitución. Y respeto ahora a la presidenta. Estamos dándole el soporte político necesario para que se mantenga en el puesto”, insiste Montoya, que dice no reconocer como legítimas “ninguna” de las demandas de los manifestantes. El congresista responde a las preguntas de Atalayar desde su despacho en la sede del legislativo. El retrato de Miguel Grau, histórico comandante general de la Marina peruana, cuelga a su espalda. Grau, uno de los héroes nacionales, pone hoy nombre a una de las avenidas más concurridas de Lima que recorren estos días decenas de miles de manifestantes. No están lejos del Congreso, no están lejos de Montoya. Solo les separan unos metros y un contingente policial de 7.000 agentes. 

Protestas en Perú

Las protestas comenzaron en diciembre con imágenes de carreteras bloqueadas en las provincias sureñas de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque o Puno, regiones rurales empobrecidas y de mayoría quechua y aymara, los principales grupos indígenas del altiplano andino, que dicen sentirse marginados por las que califican como élites extractivas de Lima. Castillo, un profesor de escuela natural de Cajamarca, se hizo fuerte precisamente en estas regiones. Sus seguidores denuncian que el golpe de Estado no lo ha ejecutado él, sino un Congreso corrupto. Son reivindicaciones que están ganando fuerza. En las últimas semanas, las marchas no han dejado de crecer en tamaño, variedad y alcance a pesar del estado de emergencia decretado por el Gobierno de Boluarte. Tanto es así que los manifestantes consiguieron paralizar sectores económicos enteros, y una parte de ellos se propuso –y consiguió– ocupar los aeropuertos de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, Puno y Cuzco, su centro cultural. Los más violentos incendiaron edificios públicos, secuestraron e hirieron mortalmente a policías. Un agente fue quemado vivo en Puno. 

Las fuerzas de seguridad no se han quedado atrás y han respondido de forma desproporcionada, disparando con munición real contra manifestantes pacíficos, según han recogido varios grupos en defensa de los derechos humanos y numerosos testigos oculares. Los enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes han provocado más de medio centenar de muertos, la mayoría civiles, con heridas de bala repartidas por el cuerpo. Algunos de los ministros de Boluarte llegaron incluso a presentar su dimisión por la deriva represiva de la Policía. Uno de ellos fue el titular de Trabajo, Eduardo García Birimisa. La Fiscalía investiga a la actual presidenta y a su primer ministro, Alberto Otárola, por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Estas graves acusaciones no han forzado la dimisión de Boluarte, que reafirma casi a diario su decisión de mantenerse en el poder. 

Dina Boluarte

La actual presidenta está en deuda con el Congreso. Solo el poder legislativo sostiene un mandato que se cae a pedazos. Los sectores más críticos de Boluarte subrayan su falta de legitimidad y denuncian que actúa bajo el dictado de una Cámara cuya popularidad es menor incluso de la que registraba Pedro Castillo, que se situaba por debajo del 20%. Montoya, cuya formación se sitúa en las antípodas ideológicas de Boluarte, explica a Atalayar que “tal y como están las cosas, lo mejor que se puede hacer es mantener la estabilidad del gabinete y de la presidenta actual. Para solucionar esta crisis se necesita simplemente firmeza, enjuiciar a todos los violentistas que han cometido delitos, hay actos de terrorismo, y tranquilizar el país”. Boluarte cuenta también con el apoyo de la derecha. 

La actuación mortal de las fuerzas de seguridad en Perú ha provocado una cascada de reacciones a nivel regional. A las críticas de los Gobiernos de México, Colombia, Bolivia o Argentina se ha sumado recientemente la de Chile. El presidente Gabriel Boric dijo en el pleno de la cumbre de la CELAC en Buenos Aires que “no podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quienes debieran defenderlas”. La respuesta del nuevo Ejecutivo ha sido tensar al máximo las relaciones diplomáticas con sus vecinos, a quienes acusa de desestabilizar el país. Por de pronto, ha decidido retirar a su embajador en Honduras. El Gobierno de Xiomara Castro no reconoce al de Boluarte. 

Protestas en Perú
Historia de una fractura constitucional 

Tres de cada cuatro peruanos suspendían la labor de gobierno de Castillo. Durante su periodo en la Casa de Pizarro, el expresidente fue incapaz de sacar adelante reformas. Es más, ni siquiera se adivinaba una agenda definida, una hoja de ruta coherente. El Gobierno de Castillo era el caos. Cesaba a un ministro cada seis días por los sucesivos escándalos en los que estaban envueltos, entre ellos cinco primeros ministros. A esto se fueron sumando los incontables casos de corrupción por los que estaba siendo investigado. Un extenso expediente delictivo sobre el que deberá responder en los tribunales en los próximos meses, ya despojado de la inmunidad ante la ley que concede la presidencia. Sin embargo, la gestión de Castillo no es el origen de la crisis constitucional de Perú, más bien un traumático desenlace. 

Los analistas reconocen el inicio de la actual crisis política con la llegada al poder de Pedro Pablo Kuczynski tras los comicios de 2016, que abrieron un periodo de honda hostilidad entre la Presidencia y el Congreso. El legislativo controlado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la hija del exdictador Alberto Fujimori, obstruyó el Gobierno de un débil Kuczynski que acabaría dimitiendo en 2018 en plena investigación judicial por su implicación en el sonado caso Odebrecht. El vicepresidente Martín Vizcarra tomó las riendas y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo contra el Congreso del que saldría airoso. En 2019, Vizcarra invocó el controvertido artículo 134 de la Constitución para justificar la suspensión del Parlamento, un movimiento similar al de Castillo, pero con métodos alternativos. La ambigüedad constitucional concede un margen de maniobra a los presidentes en ejercicio para disolver el Congreso en caso de que este haya censurado o negado su confianza, como mínimo, a dos Consejos de Ministros. Vizcarra se ciñó a esos términos y, a diferencia del líder izquierdista, consiguió ganarse el respaldo del Tribunal Constitucional. El Congreso, eso sí, le acabaría devolviendo el golpe un año después aprobando su destitución. 

Protestas en Perú

Ahora, una parte de los manifestantes que inundan las calles de Lima y otros puntos del país exige una asamblea constituyente para sacar adelante un nuevo marco constitucional. Lo hacen, en parte, para impugnar su origen antidemocrático, pero, sobre todo, porque la actual Constitución fomenta la fractura institucional. La Carta Magna, redactada por el autócrata Alberto Fujimori en 1993, permite al legislativo destituir a los presidentes por mayoría de dos tercios sin definir una causa concreta. La Constitución hace coincidir, además, las elecciones legislativas con la primera vuelta de las presidenciales, y no con la segunda, como suele ser habitual. Por lo tanto, los presidentes nunca asumen el poder con una mayoría parlamentaria. Esto propicia un choque de poderes, como ha venido ocurriendo de un tiempo a esta parte, especialmente bajo la presidencia de Castillo. Nadie sabe quién detenta el poder realmente, si el Congreso o el presidente. 

Preguntado por la viabilidad del proceso constituyente que reclaman muchos peruanos, Montoya insiste en que la actual Constitución tiene elementos en sí misma que le permiten reformarse. “Tiene más de 50 reformas desde que fue redactada. Tenemos como más de 60 proyectos de ley para ser discutidos y tratados en el transcurso del Gobierno”. El congresista ultraconservador denuncia que la verdadera intención de los organizadores de las marchas es cambiar el régimen económico y convertir a Perú en un régimen colectivista. “Ese es el punto que no tiene discusión y que no debe ser sometido a referéndum, porque la gente no sabe, no conoce, y puede acabar siendo una votación equivocada”, argumenta. 

Jorge Montoya

El Congreso está lejos de ser una institución funcional. El antiguo sistema de partidos ha quedado pulverizado tras la desaparición de las formaciones tradicionales. En su lugar, una docena de fuerzas políticas diversas se reparte los 130 escaños sin ni siquiera acercarse a la mayoría. De hecho, el partido que catapultó a la presidencia a Pedro Castillo, Perú Libre, solo consiguió 15 asientos en la Cámara en los últimos comicios. El expresidente trató de gobernar sin base legislativa. A un Congreso atomizado se suma la presencia de miembros que actúan única y exclusivamente en función de sus intereses particulares. Muchos de ellos están siendo investigados por corrupción. Por eso se aferran al cargo, porque en caso de ser desalojados pierden la inmunidad judicial. Y solo pueden ejercer como congresistas un mandato. 

“No ha sido el sistema el que ha causado esta crisis”, asegura Montoya, que sembró dudas sobre el proceso electoral que llevó a Pedro Castillo a la Casa de Pizarro a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficial Nacional de Proceso Electorales no encontraron irregularidades. “De todas formas, se va a reformar ese sistema para evitar que se produzca ese enfrentamiento [entre el Congreso y el presidente]. Estamos quitando la cuestión de confianza al gabinete para evitar que se generen estos problemas de inicio. Se están haciendo esas reformas, en realidad innecesarias, pero que le suena bien a la población que se hagan”

Protestas en Perú
Sin soluciones a la vista 

En diciembre, cuando comenzaron las marchas en el sur del país, los manifestantes exigían la excarcelación de Castillo. Algunos iban más allá y pedían su reposición. Pero un mes y medio después no parece que vayan a contentarse con eso. Una parte inestimable de la sociedad peruana considera que la vuelta a la democracia no ha conseguido achicar la enorme brecha de desigualdad que fractura Perú, sino todo lo contrario. Todavía subyacen las diferencias socioeconómicas entre la pequeña élite que maneja los hilos en Lima y las extensas zonas rurales del país. Además, las heridas provocadas en las décadas de los ochenta y noventa por los atentados terroristas de Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta a la que algunos acusan de estar detrás de las protestas, y la feroz campaña de contrainsurgencia dirigida por el Estado siguen abiertas. 

Dina Boluarte aceptó, en connivencia con el Congreso, adelantar las elecciones generales para abril de 2024, dos años antes de lo previsto. Pero es complicado que el Gobierno consiga mantenerse mucho más tiempo en una situación insostenible que muchos reconocen como ilegítima. Si el caos generalizado continúa en las próximas semanas, es probable que el Congreso defina un nuevo calendario electoral. Aunque son muchas las voces autorizadas que no confían en que unos comicios resuelvan la crisis que asola Perú. “¿Qué quedará del país para entonces?”, se preguntan.

Coordinador América: José Antonio Sierra

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