Privatización en el Golfo: ¿la clave tanto para la recuperación como para la diversificación?
Con Arabia Saudí anunciando planes para recaudar 55.000 millones de dólares a través de su programa de privatización, los países del Golfo están intensificando sus esfuerzos para estimular la inversión privada en activos y proyectos públicos, con miras a fortalecer las finanzas estatales, estimular la diversificación e impulsar sus respectivas recuperaciones ante la COVID-19.
En marzo, el Consejo de Ministros de Arabia Saudí aprobó la tan esperada Ley de Participación del Sector Privado, que tiene como objetivo aumentar tanto la privatización de activos del sector público como la participación del sector privado en proyectos de infraestructura.
La ley entrará en vigor en julio. Dirigido a 16 sectores, promoverá uno de los objetivos centrales del plan de desarrollo económico Visión 2030 del Reino, a saber, un aumento en la contribución del sector privado al PIB, del 40% al 65%.
La nueva ley aborda diversas áreas que tradicionalmente han generado cierto grado de inquietud entre los inversionistas potenciales, particularmente las entidades extranjeras.
Entre los principios que consagra está la igualdad de condiciones entre los inversores nacionales y extranjeros; la libertad de las entidades del sector privado para recaudar ingresos; y un proceso más simplificado para obtener permisos y aprobaciones. La ley también exime a los proyectos de privatización de cumplir con las cuotas de ‘saudización’.
Esta voluntad de comprometerse con las preocupaciones de los inversores extranjeros puede leerse como un reflejo del panorama posterior a la COVID-19, en el que los países del Golfo se encuentran en una posición más restringida fiscalmente y, por lo tanto, es probable que sean más conciliadores de lo que podrían haber estado en el pasado.
Al mismo tiempo que se aprobó la ley, el Centro Nacional de Privatización de Arabia Saudí, fundado en 2017, anunció el lanzamiento de un Registro de Proyectos de Privatización, una base de datos central de información relacionada con proyectos destinados a la privatización.
Hay muchas esperanzas de que la nueva ley proporcione un impulso significativo a la privatización.
A fines de mayo, Mohammed al-Jadaan, el ministro de Finanzas, le dijo al Financial Times que Arabia Saudí esperaba recaudar 38.000 millones de dólares a través de la venta de activos y otros 16.500 millones a través de asociaciones público-privadas para 2025.
El Gobierno saudí se encuentra entre varios de la región que están ampliando sus respectivas estrategias de privatización.
Como OBG ha explorado en profundidad, la crisis de COVID-19 llevó a muchas naciones del Golfo a acelerar sus continuos intentos de diversificación, con una mayor participación del sector privado como elemento clave de muchos de estos proyectos.
En Omán, por ejemplo, los medios locales informaron recientemente que el Gobierno estaba considerando vender su participación del 54% en Oman Cement Company.
El país tiene un historial previo al coronavirus de defender la privatización. Su primera venta importante fue de una participación del 49% en Oman Electricity Transmission a State Grid Corporation of China, a fines de 2019.
En una nota relacionada, se informó recientemente que Abu Dabi está considerando la venta de una participación del 10% y 4.000 millones de dólares en la Compañía Nacional de Energía de Abu Dabi, conocida como Taqa, que es la empresa de servicios públicos más grande del emirato.
Se cree que el cambio continuo de Taqa hacia las energías renovables (planea aumentar la contribución de la energía solar y eólica al 30% de la producción durante la próxima década) podría aumentar su atractivo para los inversores internacionales.
El año pasado, la empresa anunció que, a los inversores extranjeros, que anteriormente habían sido prohibidos, se les permitiría comprar acciones en futuras ventas.
Cualquier venta potencial de los activos de la compañía representaría el último paso en una campaña de privatización en curso por parte del emirato, que en los últimos años ha atraído más de 20.000 millones de dólares en inversión extranjera en las operaciones de la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company.
Mientras tanto, en marzo, Bahréin celebró la consulta del mercado de Metro de Bahréin, una iniciativa diseñada para encontrar empresas privadas que formen una asociación público-privada para desarrollar su sistema de metro. Se espera el lanzamiento de una licitación internacional para el proyecto a finales de este año.
Se estima que el proyecto costará más de 1.000 millones de dólares y potencialmente hasta 2.000 millones de dólares.
Bahréin ha sido durante mucho tiempo un líder regional en la búsqueda de inversiones del sector privado: dentro de la región MENA, Bahréin ocupó el segundo lugar después de los Emiratos Árabes Unidos en el índice de negocios más reciente del Banco Mundial, y el 43 en general.
A medida que los Gobiernos del Golfo buscan reforzar la resiliencia de sus economías y finanzas públicas tras la pandemia, existen razones concretas para anticipar que la privatización jugará un papel importante tanto en sus estrategias inmediatas de recuperación ante la COVID-19 como en sus esfuerzos de diversificación a más largo plazo.
