Pulso institucional en Perú entre el presidente Vizcarra y el Congreso

Perú vive un auténtico duelo político protagonizado por Martín Vizcarra, presidente de la República de Perú, y el Congreso. Mientras el jefe de Estado anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, el Congreso, de mayoría opositora ‘fujimorista’ desde las elecciones de 2016, sacó adelante una moción de incapacidad temporal del presidente. Esta crisis institucional responde a una situación enquistada desde hace tres años, cuando se produjo la elección del anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski y su cuestionado mandato. 

La relación entre la Jefatura del Estado y el Parlamento del país andino está rota; con un órgano parlamentario centrado en entorpecer la labor del Gobierno y un Ejecutivo dedicado a promover la convocatoria electoral para renovar la bancada parlamentaria y plantear un referéndum para reforzar en el poder a Vizcarra. Una disolución parlamentaria y anuncio electoral que la Cámara no quería permitir. 

Vizcarra sustituyó en 2018 a Kuczynski, cuando este renunció por el escándalo de los videos que mostraban un supuesto intento de compra de votos en el Congreso para evitar la destitución presidencial, con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht de fondo. Desde entonces, todo este panorama ha ido larvando una situación que ha desembocado en la actual pugna institucional entre Congreso y Jefatura del Estado y Gobierno. 

El presidente de la República Vizcarra invocó el artículo 134 de la Constitución para decretar la disolución del Parlamento, en el caso de que este hubiese censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Una disolución que lleva aparejada la convocatoria de elecciones para conformar un nuevo Congreso. Esta invocación del artículo 134 respondía a la negación parlamentaria de un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Exactamente, el artículo constitucional 134 reza lo siguiente: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto”.

La oposición, liderada por Fuerza Popular, la formación de la opositora Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori y actualmente en prisión preventiva acusada de supuesto lavado de dinero), y el Partido Aprista, llevaba ya tiempo tratando de hacerse con el control de la Corte Constitucional.

El Congreso eligió este lunes a un magistrado del Constitucional, uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su mandato, en una votación accidentada en la que se descartó debatir primero una moción de confianza (vinculada a una iniciativa legislativa) anunciada el viernes pasado por el Gobierno para modificar el sistema de designación de los jueces del alto tribunal. 

Dado que el legislativo prefirió nombrar al magistrado sin tan siquiera considerar la propuesta del Gobierno, Vizcarra anunció la disolución del Parlamento y la consecuente convocatoria de elecciones para el próximo 26 de enero. "Desde el Congreso no se dio la prioridad que la cuestión de confianza [proyecto de ley] merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una dudosa votación”, explicó el mandatario peruano. 

El presidente había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba la confianza para poder reformar el sistema por el que se designa a los magistrados del Constitucional: estos son nombrados mediante resolución legislativa, con el voto de dos tercios de los diputados de la Cámara. Con ese cambio en la ley, Vizcarra buscaba impedir que ese alto tribunal fuera acaparado por jueces designados por la oposición fujimorista, que tiene mayoría en el Congreso.

Vizcarra anunció que en el caso de que el Congreso no debatiera la cuestión de confianza que había sido anunciada por su Gobierno, tomaría esta como negada. Ya la primera moción de confianza la fue negada al gabinete encabezado por Fernando Zavala, cuando el presidente era Kuczynski. 

En el programa ‘Cuarto Poder’ de América TV, el mandatario precisó que, si el Parlamento no debatía la cuestión de confianza antes de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, lo tomaría como una negación de esta. Como así ocurrió.

Martín Vizcarra dijo que “se pretende elegir a miembros del Tribunal Constitucional de una manera muy apresurada, poco transparente” y que habían “planteado una cuestión de confianza para que se corrija la forma de elección”. 

Todo esto no es una cuestión menor, porque el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en Perú. La situación no está clara, ya que Vizcarra intentó someterse a una cuestión de confianza, pero la mayoría parlamentaria en su contra reaccionó eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato concluyó hace nueve meses. El jefe de Estado entendió que se le había retirado la confianza y por eso tomó la determinación de disolver el parlamento y convocar elecciones el 26 de enero. 

Esa interpretación es la clave del choque entre el poder legislativo y el ejecutivo que se ha producido en Perú. Es decir, si el presidente se ha alejado de la Constitución al disolver antes de tiempo, ya que el pleno no había llegado a votar la confianza que él reclamaba. 

Lo que está claro es que la medida de Vizcarra de disolver el Parlamento, prevista en la ley, busca frenar la maniobra opositora para hacerse con una mayor cuota de jueces afines en el Tribunal Constitucional. 

Hay otros ‘actores o factores’ externos a tener en cuenta en este choque acaecido en la política peruana. Por un lado, están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que respaldan a Vizcarra, al que consideran la persona a la que obedecer por ser el jefe del Estado.

Y, por otro, está la Organización de Estados Americanos (OEA), principal foro supranacional del continente americano, que muestra una cierta prudencia y que apuesta por el Tribunal Constitucional como elemento que solucione el enfrentamiento legal y político entre el poder ejecutivo y el legislativo. Aunque se ha acercado más a la postura del presidente Vizcarra al apoyar la convocatoria de elecciones con el objetivo de que “la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.