Revive el estallido social en Chile

Chile está enfadado y, por ahora, no piensa calmarse. Este mes se cumple un año del estallido social del 18 de octubre de 2019, una fecha que marcó la historia reciente del país. El pasado viernes, un joven de 16 años que se manifestaba en Santiago, la capital del país suramericano, terminó herido después de caerse desde lo alto de un puente de siete metros al río Mapocho, el principal de la ciudad, por acción de un carabinero (Policía militarizada).

El agente fue acusado de “homicidio frustrado” por la Fiscalía y ya está detenido, pero las protestas siguen y amenazan con extenderse por todo el continente.

La crisis se desató en Chile cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (1,05 euros aproximadamente). 

El sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (320 euros) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (430 euros) al mes. Con este salario, los manifestantes alegaban que un alza en el pasaje del metro era inconcebible. Desde entonces, millones de chilenos han tomado las calles para protestar contra el Gobierno de Piñera.

Ahora, el suceso ha conmocionado a Chile y ha desatado una nueva ola de críticas contra Carabineros por la represión durante las manifestaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución independiente que ha monitoreado el estallido social desde que comenzó en octubre de 2019, aseguró que el joven se encuentra estable y solicitó a los Carabineros que "se aclare la situación".

El INDH también hizo un llamado al Gobierno a cumplir con las políticas de reparación que anunció para las víctimas, como el plan de ayuda a los heridos oculares, y llamó a las autoridades policiales a no reprimir futuras manifestaciones. "Este es un mes donde los chilenos se van a expresar, y nosotras queremos que esas expresiones sean pacíficas y que Carabineros de Chile aprendan la lección", señaló Sergio Micco, el director de la institución, tras una reunión con el ministro del Interior. Según el último reporte del Ministerio Público, desde octubre de 2019 hay 8.575 víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales.

Ahora, las imágenes registradas por un canal de televisión que muestran cómo el joven cae al canal de un río sin apenas caudal de agua tras ser arrojado por la baranda de un puente a manos, presuntamente, de un agente, golpean en todo el país.

Este episodio ha reavivado las críticas contra las autoridades policiales, que desde el inicio del estallido social en Chile, en octubre de 2019, han sido fuertemente cuestionadas por sus actuaciones a la hora de reprimir las protestas. "Quien se quiera manifestar que lo haga, pero en términos pacíficos, la violencia genera dificultades y esperamos que quien salga a las calles respete los derechos de los demás", sentenció al respecto el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Por su parte, el presidente de Gobierno, Sebastián Piñera, afirmó en rueda de prensa que se habían reunido para analizar y coordinar las acciones que se iban a tomar en estos tiempos de adversidad y ratificó su compromiso con la paz. Allí ha pedido, además, que el país reafirme su compromiso con la institucionalidad para que no se repitan las fuertes protestas de finales de 2019. En este sentido, ha solicitado que todas las fuerzas políticas y los distintos sectores de la ciudadanía condenen la violencia "venga de donde venga". 

Mientras, la oposición política pide la renuncia del director general de Carabineros, Mario Rozas, y en el Parlamento se inició una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, que persigue su destitución.

Cuando en marzo explotó la crisis sanitaria, el movimiento social chileno mostraba su fuerza en las calles. La COVID-19, sin embargo, puso un frenazo a las manifestaciones en la vía pública. Pero a medida que las restricciones de movilidad por la pandemia han comenzado a levantarse y casi todo Santiago ha quedado ya sin cuarentena, han resurgido las concentraciones en la Plaza Italia, aunque las medidas sanitarias prohíben la reunión de más de 50 individuos. 

Human Rights Watch (HRW) denunció que, en las revueltas sociales de hace un año, Carabineros tuvo prácticas con un uso excesivo de la fuerza, abusos y “graves violaciones a los derechos humanos”. De acuerdo con un informe de la Fiscalía con datos actualizados hasta marzo, de las 493 personas denunciadas por diversos delitos cometidos por agentes del Estado, 444 pertenecen a Carabineros, 30 a la Policía de Investigaciones, 13 al Ejército, cuatro a la Armada y dos a otras instituciones.

Ello, en un contexto que mantiene al país más pendiente de la política que nunca. Chile se enfrenta el próximo 25 de octubre a un plebiscito histórico en el que tendrá que decidir si reemplazar o no la Carta Fundamental de 1980, redactada en la dictadura de Pinochet. Lo ocurrido pone a las autoridades del Gobierno de Piñera entre la espada y la pared. Por una parte, el Ejecutivo debe garantizar el orden público y, por otra, no puede permitirse nuevos abusos policiales que podrían desencadenar una nueva ola de protestas.