Rusia prohíbe las organizaciones de Navalny por “extremistas”

Un Tribunal moscovita disuelve la Fundación Anticorrupción (FBK) y su plataforma política y expone a sus miembros ante la Justicia
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PHOTO/AFP  -   El líder opositor ruso Alexei Navalny

El Tribunal Municipal de Moscú declaró este miércoles como “extremistas” a la Fundación Anticorrupción (FBK) y al movimiento político vinculado al disidente Alexei Navalny. El fallo prohíbe las actividades de ambas organizaciones en suelo ruso e inhabilita a sus líderes para optar a cargos públicos de cara a los próximos 5 años.

La Fiscalía sostiene que ambas plataformas se dedican a “crear condiciones para desestabilizar social y políticamente” al país, y que no solo difunden deliberadamente “información que incita al odio y hostilidad contra los representantes públicos”, sino que, además, cometen delitos y faltas extremistas a través de una “la apariencia de lemas liberales”.

El juez no aceptó ninguna de las objeciones de la defensa y dictó sentencia tras un juicio de más de 12 horas de duración a puerta cerrada. Las autoridades no permitieron la asistencia de periodistas por la existencia de documentos clasificados en el sumario. Por su parte, los abogados de la Fundación Anticorrupción, a los que se les negó comida y agua durante la vista oral, tienen un plazo de 10 días para apelar la sentencia del Tribunal.

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AFP/DIMITAR DILKOFF - Vista general del Tribunal de la ciudad de Moscú

“La decisión debe cumplirse inmediatamente en lo que respecta a la suspensión de las actividades de estas organizaciones mencionadas”, publicó la agencia rusa de noticias Sputnik. La orden ha entrado en vigor, por lo que los integrantes del FBK podrán ser procesados penalmente en virtud del artículo 282.2 del Código Penal de Rusia, que contiene los delitos de creación y participación de una organización extremista.

Los acusados por mantener vínculos con alguna de las plataformas de Navalny podrían enfrentarse a penas de 6 años de cárcel. Por su parte, la Justicia rusa persigue con condenas de 8 años a todo aquel que las respalde económicamente por vulnerar el artículo 282.3 del Código Penal, que recoge las penas de financiación de actividades extremistas.

Entre las prohibiciones se incluye la exhibición de símbolos de ambas plataformas, incluidos los productos que contengan la imagen del logotipo del FBK. En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Municipal de Moscú no puede tener carácter retroactivo, por lo que en principio no debería haber consecuencias para quienes han estado vinculados al FBK con anterioridad. 

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AFP/DIMITAR DILKOFF - Empleados de la Fundación Anticorrupción de Navalny (FBK) 

La Justicia rusa reconoció a esta organización como un agente extranjero en 2019, mientras que el pasado 16 de abril, la Fiscalía solicitó el reconocimiento del FBK y de la plataforma política de Navalny como “organizaciones extremistas”. Por este motivo, la formación decidió disolver sus 40 sedes regionales a finales de abril para evitar cualquier futura persecución judicial contra sus trabajadores. 

Entre los grupos que conforman la lista de “organizaciones extremistas” en Rusia se encuentran Daesh, Al Qaeda, los talibanes y diversos grupúsculos neonazis. “Putin ha reescrito la Constitución para sí mismo, todos los artículos sobre derechos civiles han empezado a interpretarse como una broma y, sin embargo, nosotros somos los extremistas", declaró Georgy Alburov, investigador del FBK.

La inclusión de ambas plataformas rompe la dinámica de la lista. “No somos un nombre, ni un papel ni una oficina. Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, por tribunales justos e igualdad de todos ante la ley”, declaró Navalny tras conocer el fallo del Tribunal.
 
La organización política ha tratado de unificar a la laminada oposición rusa mediante la convocatoria de protestas masivas y la exposición de casos de corrupción vinculados al Gobierno ruso y directamente a Vladimir Putin. Detrás de la organización “hay millones” de personas, aseguró Navalny, y mientras estén “no iremos a ninguna parte”.

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AP/DENIS KAMINEV - Manifestación de la oposición en apoyo del líder opositor encarcelado Alexei Navalny en el centro histórico de Moscú hacia la Plaza Roja, Rusia, el miércoles 21 de abril de 2021

Alexei Navalny cumple una pena de 2 años y ocho meses de prisión en la ciudad de Pokrov, ubicada en la región de Vladimir, cerca de la capital. Las autoridades le detuvieron el pasado 17 de enero en el aeropuerto de Sheremetievo tras desviar el avión en el que viajaba desde Berlín hasta el aeropuerto de Vnukovo, donde le esperaban sus seguidores.

El disidente venía de recibir un tratamiento médico de 6 meses en la capital alemana tras ser envenenado en Siberia con un agente nervioso denominado Novichok a petición expresa de Putin, según el propio Navalny, aunque el Kremlin negó su implicación. El ataque le dejó en coma y al borde de la muerte, sin embargo, decidió volver a Rusia a pesar de las amenazas veladas contra su vida. 

Una vez en Moscú, la Justicia le acusó por vulnerar los términos de libertad condicional relacionados con un caso previo, motivo por el que fue finalmente encarcelado en febrero. La última aparición pública de Navalny se produjo este martes, cuando compareció por vía telemática en una vista judicial tras ser devuelto a prisión después de una huelga de hambre de 24 días, que ha agravado su precario estado de salud.

Extenuación ante las elecciones parlamentarias

El opositor comenzó su carrera política como bloguero en LiveJournal hace más de una década y, a partir de ahí, construyó una unidad de investigación contra las actividades del Kremlin, una red de sedes regionales e, incluso, un centro de estrategia de campaña que trató de canalizar los votos hacia las formaciones políticas que pudieran plantar cara al partido de Putin, Rusia Unida.

Por su parte, el Gobierno ruso ha tratado de presentar a Navalny como una herramienta de las agencias de inteligencia occidentales que atentan contra la estabilidad política, y le acusa de vulnerar el orden constitucional mediante la búsqueda de una “revolución de colores”, es decir, un cambio de sistema por medios ilegales.

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PHOTOS/AFP - Combinación de imágenes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el  presidente de Estados Unidos, Joe Biden

El golpe definitivo contra la disidencia se produjo el pasado martes, cuando el presidente ruso Vladimir Putin estampó su rúbrica sobre una nueva ley que impedía a los fundadores, líderes o inversores de grupos extremistas postularse a cargos políticos durante 5 años, en caso de ocupar puestos de responsabilidad dentro de la organización, y 3 años, en caso de ser militante raso.

Esta acción impide la participación de la oposición democrática no sistémica de Rusia en las próximas elecciones parlamentarias, previstas para este mes de septiembre. Algunos de los integrantes de la plataforma política de Navalny aspiraban a presentar una candidatura independiente para los comicios, como es el caso del número dos de la organización, Lybov Sobol. 

Los últimos sondeos arrojan una pérdida de apoyo del partido en el Gobierno, Rusia Unida, unos datos que explican la acuciante represión de las autoridades. Tras el fallo del Tribunal moscovita, el presidente ruso se enfrenta a las duras críticas de la comunidad internacional a escasos días de reunirse en Génova con su homólogo estadounidense, Joe Biden.