Se agrava el conflicto en Bolivia

La Paz registró nuevos enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente Evo Morales tras el polémico resultado de las elecciones
Manifestantes levantaron una barricada durante los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente de Bolivia, Evo Morales, en La Paz, Bolivia, el 7 de noviembre de 2019

REUTERS/KAI PFAFFENBACH  -   Manifestantes levantaron una barricada durante los enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente de Bolivia, Evo Morales, en La Paz, Bolivia, el 7 de noviembre de 2019

Bolivia sigue sufriendo graves episodios de conflictividad en las calles derivados de los choques entre opositores y seguidores del presidente Evo Morales y de las intervenciones policiales para sofocarlos. El líder cocalero fue reelegido tras las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre por un escaso margen después de que el recuento hubiese suscitado una gran polémica al ser suspendido la misma noche electoral y prolongado durante cuatro días. 

Ahora Rusia ha entrado en escena criticando a algunos sectores de la oposición a Evo Morales por supuestas presiones a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de la auditoría establecida para supervisar la limpieza de los comicios. La OEA y la Administración Morales pactaron llevar a cabo esta supervisión de los resultados electorales, incluida la condición de que su evaluación debería ser vinculante, sea cual sea. 

Los incidentes violentos se han venido reproduciendo en las últimas horas en el importante enclave de La Paz, ciudad que alberga la sede del Gobierno y Parlamento bolivianos. Precisamente, las últimas algaradas se han llevado a cabo en las proximidades de la sede del Ejecutivo, con duros enfrentamientos entre manifestantes, en su mayoría jóvenes, y la Policía. 

Muchos estudiantes universitarios, contrarios al régimen de Evo Morales, se han venido lanzando a las calles, tanto en La Paz como en otras urbes importantes como El Alto (la segunda más poblada del país), para protagonizar pugnas con partidarios del actual máximo dirigente del país, entre ellos los mineros y afiliados políticos del partido Movimiento al Socialismo (MAS). 

Los manifestantes montaron barricadas y hogueras durante la última jornada de protestas en el entorno de la céntrica plaza Murillo, que desde hace días está protegida por un cordón policial que rodea la sede gubernamental y la parlamentaria. 

Un manifestante corre para cubrirse mientras la Policía lanza gas lacrimógeno durante una protesta contra la reelección del presidente Evo Morales, en La Paz, Bolivia, el jueves 7 de noviembre de 2019
AP/JUAN KARITA - Un manifestante corre para cubrirse mientras la Policía lanza gas lacrimógeno durante una protesta contra la reelección del presidente Evo Morales, en La Paz, Bolivia, el jueves 7 de noviembre de 2019

La Policía continúa respondiendo con gases lacrimógenos al lanzamiento de diversos objetos por parte de grupos de jóvenes que se protegían con escudos elaborados con materiales caseros y con máscaras antigás. 

Los jóvenes, en su mayoría universitarios, cuentan esta vez con apoyo de productores de hoja de coca llegados de otras partes del país, según han publicado diversos medios de comunicación bolivianos.

Después de 18 días de protestas, el número de heridos por los disturbios continúa creciendo, a tenor de las imágenes de los altercados que se pueden ver en diferentes coberturas televisivas; aunque, de momento, el número de víctimas mortales sigue estando en tres, después del fallecimiento hace un día del joven Limbert Guzmán en Cochabamba, que sucedió a las otras dos personas que perdieron la vida en la ciudad oriental de Montero.

Persisten de esta forma los enfrentamientos entre los detractores de Evo Morales, que exigen la renuncia del dirigente cocalero y la celebración de nuevas elecciones, y sus seguidores, que siguen defendiendo la victoria electoral del presidente boliviano. 

Un manifestante contra el presidente boliviano Evo Morales dispara una bengala durante los enfrentamientos con partidarios del Gobierno en La Paz, Bolivia, el 7 de noviembre de 2019
REUTERS/KAI PFAFFENBACH - Un manifestante contra el presidente boliviano Evo Morales dispara una bengala durante los enfrentamientos con partidarios del Gobierno en La Paz, Bolivia, el 7 de noviembre de 2019

La oposición y varios países (entre los que se encuentran Estados Unidos, Colombia o Brasil) rechazaron la reelección de Morales y denunciaron el supuesto fraude electoral cometido en unos comicios que dejaron como resultado la victoria de Evo Morales tras lograr el 47,08% de los votos emitidos, con una diferencia del 10,57% favorable ante su principal rival, el expresidente Carlos Mesa. Esto significaba un exiguo 0,57% de margen que le valía a Morales para superar el 10% mínimo requerido para evitar una segunda vuelta electoral en la que podría haber perdido la Presidencia de la nación. 

Es la menor diferencia que ha cosechado a su favor el líder del MAS tras haber vencido sucesivamente en todas las elecciones desde 2005 (cuando desalojó a Mesa del poder) hasta con un 64% de los sufragios. La ley electoral boliviana exige el 50% de los votos más uno o el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el siguiente para ganar en primera vuelta. “Ganamos con más del 10%, es constitucional”, expresó Morales poco después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmase los resultados que permiten al presidente renovar su cargo por cinco años más, con lo que completaría 18 años al frente de la Presidencia del país andino. 

La gran polémica arrancó la misma noche electoral cuando el recuento quedó suspendido durante un tiempo, en el momento en el que parecía todo abocado a una segunda vuelta, para reanudarse después y prolongarse hasta en los cuatro días posteriores; periodo tras el cual llegó la victoria por la mínima diferencia indispensable para evitarse la segunda vuelta y otorgar el triunfo a Evo Morales. Como agravante, se produjo el hecho de la dimisión por el camino de Antonio Costas, vicepresidente del TSE, por la “desatinada decisión de suspender la publicación de los resultados” en la misma fecha del domingo. 

El presidente boliviano Evo Morales durante un mitin en La Paz, Bolivia, el 5 de noviembre de 2019
REUTERS/MANUEL CLAURE - El presidente boliviano Evo Morales durante un mitin en La Paz, Bolivia, el 5 de noviembre de 2019

Dentro de esta dinámica de enfrentamientos, Carlos Mesa está perdiendo algo de peso político en toda esta situación de enfrentamiento y el protagonismo está recayendo más sobre los movimientos populares y estudiantiles de oposición y sobre una figura que está tomando relevancia como cabeza visible del movimiento contrario a Morales, que es Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien se personó directamente en La Paz para intentar entregarle a Evo Morales una carta en la que solicitaba su dimisión y la celebración de nuevas elecciones. 

Rusia y la auditoría de la OEA

En parte de la comunidad internacional y en el seno de la OEA se instó a realizar una auditoría de los resultados electorales, que finalmente tuvo el beneplácito de Evo Morales, con el requisito incluido de que esta fuese vinculante. 

Pero desde los sectores cívicos opositores se exige directamente la celebración de nuevos comicios y no se confía en esta supervisión del organismo internacional americano, que podría llegar a legitimar el triunfo del dirigente izquierdista en el caso de que llegase un dictamen favorable a sus intereses. 

En esta tesitura ha aparecido en escena Rusia para criticar las presiones que supuestamente están llevando a cabo parte de la oposición boliviana sobre la OEA. "Consideramos inaceptables los intentos de determinadas fuerzas políticas de incrementar las tensiones en torno al trabajo de los expertos internacionales, presionarlos de algún modo que pueda dificultar un dictamen objetivo", señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova.

Según la portavoz diplomática rusa, las injerencias llevadas a cabo "por algunos representantes de la oposición boliviana" encaminadas a rechazar los resultados de la auditoría y al llamamiento a derribar al Gobierno "no propician la normalización de la situación en el país y son contrarios a los intereses del pueblo boliviano". "Es necesario garantizar que la misión de la OEA tenga las condiciones necesarias para cumplir en paz e imparcialmente su cometido", remarcó Zajarova.