Tanto los trabajadores como la patronal se oponen a la nueva norma, aprobada el pasado martes en el Congreso

Se aprueba nueva ley agraria peruana tras un mes de tensiones

photo_camera PHOTO/ALEX ROSEMBERG - Protestas en Perú

A pocos días de terminar el año, el Congreso peruano aprobó la nueva ley agraria que regulará las condiciones de los trabajadores agrarios y la tributación estatal de las compañías, entre otros aspectos. El 29 de diciembre, se dio luz verde a este proyecto que se le esperaba desde principios de mes.

Exactamente un mes antes de su aprobación, el 29 de noviembre, los trabajadores del sector agrario peruano salieron a la calle a demandar una mejora de los salarios y las condiciones laborales, sobre todo los pertenecientes al sector agroindustrial. Clamaban por una nueva legislación que blindara un salario mínimo diario de 70 soles (15 euros) –actualmente se encuentra en 39 soles– junto con beneficios sociales y otras prestaciones.

El Congreso logró aprobar el último día de sesión –disminuye su actividad hasta el próximo 1 de febrero– una serie de medidas que no convence a los trabajadores, pero tampoco a la patronal. A unos por escasas y a otros, por excesivas. 

Así, en tema salarial, se ha blindado una bonificación del 30% del salario mínimo. Este se encuentra en los 930 (209 euros) soles mensuales, que con la bonificación, llegaría a los 1.209 soles (272 euros). Sin embargo, esta no tiene carácter retributivo, no computa para beneficios laborales ni contributivos a los sistemas de pensiones, sean públicos o privados. En definitiva, el aumento diario llegaría a los 50 soles, alejado de los 70 reclamados por los trabajadores.

También se avanza en la participación de los trabajadores en el beneficio de la compañía. Será un proceso gradual. Hasta el año 2023 el 5% de ellos irán destinados a los trabajadores, para aumentar hasta el 7,5% en los siguientes tres años. Del 2027 en adelante se llegará a la meta del reparto del 10% de los beneficios totales de la empresa entre los trabajadores. 

Por otro lado, se establece que la ley será aplicable a las extensiones agrícolas mayores a 5 hectáreas, así como la jornada laboral no será superior a las 8 horas diarias y 48 semanales. 

En relación a la tributación, tanto las grandes compañías como otras más pequeñas se espera que acaben pagando una tasa del 29% de impuesto sobre la renta. Las más grandes tributarán a esta tasa a partir de 2028 y las más pequeñas, a partir de 2031.

Largo camino

Sin embargo, llegar a la aprobación de la nueva ley no ha sido un camino fácil. Como ya se explicitó anteriormente, a finales del mes de noviembre de este año se iniciaron las primeras protestas en pos de una mejoría de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y un mayor reparto de ingresos.

Es entonces cuando el Congreso decide derogar la ley agraria vigente hasta entonces y darse un plazo de 15 días para aprobar un nuevo marco regulatorio. Eso ocurrió la madrugada del 4 de diciembre. Y no fue hasta el 29 del mismo mes que salió adelante. Entremedias, duros enfrentamientos entre trabajadores y policías que han causado la muerte a varios manifestantes, además de decenas de heridos. 

La ley anterior por la que se regían los trabajadores del sector era la conocida como Ley Chlimper, promulgada en el año 2000 por el ministro de Agricultura, José Chlimper, del Gobierno de Alberto Fujimori. Ese mismo año, Chlimper, según informa el diario La República, comenzaba también su andadura en la exportación agrícola como presidente de la empresa agroexportadora Sociedad Agrícola Drokasa S.A (Agrokasa).

El Congreso, por su parte, rechazó el primer borrador de ley que se presentó el 21 de diciembre a los parlamentarios. La Comisión de Economía del Congreso la tuvo que reformular. El 24 de diciembre era la fecha escogida para ello, pero por falta de quórum se retrasó al sábado 26, aumentando así el malestar social. El lunes 28 se rechaza de nuevo el proyecto de ley generado por la Comisión de Economía el sábado y se le devuelve para abordarlas el martes 29 de diciembre.

Cabe destacar que el día 29 era el último que tenían los parlamentarios para aprobar un marco regulatorio para las actividades agrícolas. Teóricamente, el parón parlamentario se iniciaba el 18 de diciembre pero la ley agraria, entre otros, necesitaba de una aprobación inmediata y se decidió prorrogar el año parlamentario al 20 de diciembre, que dadas las circunstancias se tuvo que alargar, nuevamente, al 29 de diciembre.

Manifestaciones en Perú
La agroexportación, en el punto de mira

Las provincias de Ica, La Libertad y Lambayeque han sido las más activas en las protestas y demandas de los trabajadores agrícolas. Precisamente, trabajadores de las empresas agroexportadoras de dichas zonas no respaldan la nueva normativa aprobada.

Y es que los trabajadores de las grandes empresas agrícolas son los que más han impulsado las protestas. Y es que la exportación agrícola ha aumentado su importancia en Perú en las últimas décadas. En el año 2000 se exportaban productos agrícolas por valor de 390 millones de dólares. 20 años después, las exportaciones agrícolas suponen un total de 6.600 millones de dólares. Aumentando también su participación en las exportaciones totales nacionales, de un 5% a un 13%.

La producción agrícola ha aumentado anualmente un 6,4 % de media, entre el período comprendido entre 2008 y 2018. Una cifra muy superior a la del resto del sector agrícola (2,2%) y de la economía en su totalidad (4,9%), según datos del Banco Central de Reserva del Perú. La misma institución alude a un incremento del 160% entre 2010 y 2018, pasando de 147.000 a 382.000 trabajadores.

En cualquier caso, un sector relevante para la actual economía peruana, con altas tasas de crecimiento y con mayor participación laboral. Ello ha derivado en la demanda de mejoras que reclaman los trabajadores y que el Congreso ha dado un paso en ello. Sin embargo, todo dependerá de las acciones que tanto empresarios como trabajadores lleven a cabo en las próximas semanas, dado el descontento de ambos polos. La pelota ahora queda en manos del poder Ejecutivo –en funciones– que cuenta con 15 días para aprobarla o devolverla al Congreso.

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