Se retoman las negociaciones en Nicaragua

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Henar Hernández Álvarez

Pie de foto: Reunión entre el Gobierno y la oposición para solventar la crisis en Nicaragua. Maynor Valenzuela / AFP

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han acordado reanudar las negociaciones sobre la crisis política, social y humanitaria que asola al país desde que estallaran las protestas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de la seguridad y social, las cuales se extendieron posteriormente contra la totalidad del Gobierno del presidente Daniel Ortega. Las negociaciones se retoman – después de ocho sesiones sin llegar a un acuerdo – tras un encuentro entre las partes con la presencia de Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico nombrado por el Papa Francisco, y Luis Ángel Rosadilla, el enviado especial de la Organización de los Estados Americanos – OEA -. En la reunión, las partes han acordado reabrir las conversaciones a cambio de la excarcelación de un número significativo de personas detenidas por participar en las protestas contra Daniel Ortega, lo que está previsto que suceda a partir de este viernes.

Las manifestaciones comenzaron el 18 de abril de 2018, cuando fue publicado en “La Gazeta”, el boletín oficial del país, el decreto presidencial con la reforma del sistema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, cuyas modificaciones finalmente han comenzado a aplicarse en febrero de este año. El nuevo texto, que buscaba corregir un déficit del sistema de 75 millones de dólares, postula un aumento generalizado de las cotizaciones de los contribuyentes – por un lado, los trabajadores cotizan ahora un 7% en lugar del 6,25% de antes y, por otro lado, la cuota de la patronal ha pasado del 19 al 21 % - y una deducción de un 5% sobre la cuantía de las pensiones. Actualmente, en Nicaragua existen cerca de 750 mil trabajadores y 250 mil pensionistas, que se han visto afectados por la implementación de estas medidas. 

Las protestas pueden dividirse en tres etapas diferenciadas según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OHCHR, por sus siglas en inglés -: en primer lugar, de abril a junio de 2018, las manifestaciones se generalizaron por todo el país, a las que el Estado reaccionó de forma represiva. La segunda etapa abarca el periodo comprendido entre mediados de junio a mediados de julio y se caracterizó porque las autoridades estatales llevaron a cabo el levantamiento por la fuerza de las barricadas que habían instalado los manifestantes. Por último, en la tercera etapa, comenzó, según Naciones Unidas, la criminalización y persecución de los manifestantes. En esta línea, Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno de Daniel Ortega organizó la “Operación Limpieza” contra las personas que participaban en las protestas, llevando a cabo detenciones arbitrarias en las que se cometían torturas y abusos por parte de las autoridades policiales. Según diversas organizaciones de la sociedad civil, en Nicaragua se encuentran detenidas actualmente 777 personas, de las cuales 407 estarían siendo procesadas y 138 habrían sido condenadas. Sin embargo, desde la esfera estatal reconocen solo el caso de 372 manifestantes detenidos, como ha informado la OEA.

Un caso significativo es el de las decenas de estudiantes detenidos, como Amaya Coppens, una estudiante de medicina belgo-nicaragüense de 24 años que fue detenida el pasado mes de septiembre y cuyo juicio está previsto que se celebre el 1 de abril. Se le acusa de delitos de terrorismo, obstrucción de servicios públicos, daño agravado y robo agravado, por liderar el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, que organizó una serie de protestas en diferentes ciudades del país.

Pie de foto: Estudiantes nicaragüenses, se manifiestan en la Universidad Politécnica de Nicaragua. AP Photo/Alfredo Zuniga

Asimismo, en Nicaragua también están teniendo lugar casos de represión contra periodistas y medios independientes, como el canal 100% Noticias, crítico con Daniel Ortega. Su dueño, Miguel Mora, y la jefa de prensa, Lucía Pineda, están detenidos desde el pasado diciembre por “fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. También se han emitido órdenes de detención contra otros periodistas como Jaime Arellano, Luis Galeano y Jackson Orozco. En este sentido, la ONG nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos – CPDH – ya ha alertado en reiteradas ocasiones sobre que "ejercer el trabajo de informar a la ciudadanía se ha vuelto en Nicaragua una situación peligrosa […] además de criminalizarlo, se ha convertido en un delito".

Pie de foto: Miembros del Centro Nicaragüense de derechos humanos (CENIDH) durante una protesta ante un tribunal para exigir la liberación de manifestantes detenidos durante las manifestaciones. REUTERS/Oswaldo Rivas

Desde que comenzaran las protestas en abril de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH – ha registrado 325 muertes. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega solo ha confirmado 199.